El Congreso de los Diputados se prepara para recuperar su actividad ordinaria el próximo 1 de septiembre después del parón estival. La vuelta a las sesiones plenarias dará comienzo al último curso político de la legislatura, un periodo en el que el Gobierno central tendrá que acelerar la tramitación de varias iniciativas que llevan meses bloqueadas y tratar de alcanzar acuerdos con sus socios parlamentarios para completar una parte importante de su agenda legislativa.
Entre las principales normas pendientes figuran la Ley de Familias, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley de Información Clasificada, la Ley del Cine y la protección de los menores en entornos digitales. A ellas se suman otras iniciativas relacionadas con la sanidad pública, el consumo de alcohol entre menores y la libertad de expresión.
El escenario parlamentario, marcado por la fragmentación y por la necesidad de negociar prácticamente cada iniciativa, explica buena parte de los retrasos. Algunas de estas leyes se encuentran paralizadas en la fase de enmiendas, mientras que otras ya han superado varios trámites y se encuentran más cerca de su aprobación definitiva.
Uno de los casos más significativos es la Ley de Familias, que permanece en fase de enmiendas desde marzo de 2024. El proyecto pretende reconocer y proteger los distintos modelos familiares, incluidas las familias monoparentales y las familias LGTBIQ+, además de ampliar medidas de apoyo y conciliación.
Aunque la tramitación parlamentaria permanece pendiente de desbloqueo, el Gobierno ha ido aplicando algunas de sus principales medidas mediante reales decretos ley. Entre ellas destaca la ampliación del permiso por nacimiento y cuidado de menores hasta las 19 semanas, una de las medidas de conciliación que formaban parte de la hoja de ruta del Ejecutivo.
Una reforma de la ley mordaza pendiente de acuerdos
También sigue pendiente la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como ley mordaza, que debería sustituir a la norma aprobada por el PP en 2015 y que continúa vigente 11 años después, pese al rechazo unánime de la izquierda. Se trata de una de las iniciativas cuya tramitación se encuentra más avanzada, aunque lleva más de un año varada en el Congreso.
El Gobierno pactó con EH Bildu y ERC reactivar la reforma a finales de 2024 y, en un primer momento, el texto fue superando distintas etapas parlamentarias a buen ritmo. Sin embargo, el impulso inicial se frenó. El pasado verano, el PSOE mantuvo una reunión informal con varios de sus aliados —Sumar, EH Bildu, PNV y ERC— para intentar desbloquear la negociación, pero el encuentro no permitió alcanzar avances. Desde entonces, apenas se han producido intercambios de documentos que tampoco han servido para resolver las discrepancias.
El estancamiento es tal que la ponencia, el órgano reducido del Congreso en el que están representados todos los grupos y donde se da forma al texto final antes de su votación, ni siquiera se ha reunido en 2026. La parálisis responde a varios motivos. Podemos reclama que la ley establezca un plazo concreto para prohibir el uso de pelotas de goma como material antidisturbios y que prohíba el rechazo en frontera de las personas migrantes que entren irregularmente en España.
Por su parte, el PNV y EH Bildu mantienen diferencias sobre cuestiones como el principio de autoridad de las fuerzas policiales. En este punto, los de Aitor Esteban defienden una posición mucho más firme que la formación abertzale. A estas discrepancias se suma el pulso cada vez más intenso dentro del nacionalismo vasco, con ambas formaciones tratando de evitar que la otra pueda atribuirse el mérito de haber tumbado una reforma vinculada a una ley tan impopular como la ley mordaza.
Otro de los proyectos pendientes es la Ley de Información Clasificada, que pretende sustituir la normativa sobre secretos oficiales vigente desde 1968. El texto contempla establecer plazos para la desclasificación automática de documentos y acabar con la posibilidad de que determinada información permanezca protegida indefinidamente.
La reforma constituye una de las iniciativas reclamadas desde hace años por distintos grupos parlamentarios. Sin embargo, el propio Ejecutivo ha dejado languidecer su proyecto: PSOE y Sumar han aprobado ya 31 ampliaciones del plazo de enmiendas, lo que mantiene congelada su tramitación. El reto para el Gobierno será ahora reactivar el texto y conseguir los apoyos necesarios para actualizar una legislación considerada obsoleta.
Sanidad universal, otra reforma pendiente
En una situación similar se encuentra el proyecto de ley de universalidad del Sistema Nacional de Salud, una iniciativa con la que el Gobierno pretende reforzar el carácter universal de la sanidad pública.
El texto plantea recuperar una cartera común de servicios única, impedir la creación de nuevos copagos, ampliar el número de personas con derecho a la asistencia sanitaria pública y prohibir expresamente cualquier forma de pago a cambio de un trasplante de órganos.
El Consejo de Ministros aprobó el proyecto durante la primera mitad de 2024 y la iniciativa llegó al Congreso en mayo de ese año. Desde entonces, sin embargo, permanece bloqueada en la fase de enmiendas. La Mesa de la Cámara ha prorrogado en 71 ocasiones el plazo para presentar modificaciones al texto.
Pese al bloqueo parlamentario, el Ejecutivo ha continuado avanzando en esta materia por otras vías. El pasado marzo aprobó un real decreto destinado a reforzar el acceso a la sanidad pública de las personas extranjeras que residen en España en situación irregular, una medida con la que el Gobierno ha tratado de garantizar el acceso a la atención sanitaria mientras la reforma legislativa sigue pendiente.
Libertad de expresión y control de las exportaciones de armas
Más allá de los proyectos impulsados directamente por el Gobierno, el Congreso tiene también sobre la mesa varias iniciativas promovidas por Sumar que podrían avanzar durante el último curso político.
Una de ellas plantea una reforma del Código Penal para eliminar determinados delitos relacionados con la libertad de expresión, entre ellos las injurias a la Corona y las ofensas contra los sentimientos religiosos. Se trata de una propuesta que ya ha aparecido en anteriores legislaturas y que hasta ahora no ha conseguido culminar su recorrido parlamentario.
El objetivo de la reforma es revisar determinados tipos penales que distintos sectores consideran incompatibles con una concepción más amplia de la libertad de expresión, adaptando el Código Penal al debate existente sobre los límites de la crítica política, religiosa e institucional.
La otra iniciativa afecta al comercio exterior de material de defensa. Sumar plantea modificar la legislación para que se establezcan automáticamente embargos de armas a aquellos Estados que hayan sido demandados ante un tribunal internacional por delitos como genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. La propuesta pretende limitar el margen discrecional del Gobierno en estas operaciones y establecer un mecanismo automático ante determinados procedimientos internacionales.
El cine y la protección de los menores, entre las prioridades
Más avanzado se encuentra el proyecto de Ley del Cine, que recuperó su tramitación después de permanecer durante un largo periodo sin avances. En junio superó su primer examen parlamentario tras rechazarse las enmiendas a la totalidad.
El Gobierno confía en alcanzar acuerdos sobre cuestiones especialmente sensibles, como la definición de productor independiente, las cuotas de pantalla para el cine europeo y las condiciones de exhibición. Además, el Ejecutivo ha pactado con Junts medidas relacionadas con la presencia de las lenguas cooficiales en el sector audiovisual.
También continuará su recorrido la norma destinada a reforzar la protección de los menores en los entornos digitales. El proyecto pretende establecer mayores controles sobre el acceso de niños y adolescentes a determinados contenidos y plataformas, además de reforzar el control parental y abordar fenómenos como las llamadas loot boxes de los videojuegos. A estas iniciativas se suman la regulación del consumo de alcohol entre menores y otras medidas vinculadas a la protección de la infancia.
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