Génova y sus satélites mediáticos se coordinan para hablar de “caja B del PSOE” en plena investigación de Gürtel

El Partido Popular (PP) y la derecha mediática agita el fantasma de una especie de “caja B” del PSOE en plena investigación de Gürtel en el que se presupone como el último juicio de la macrocausa de corrupción que agitó la política española durante dos décadas y que afectó al partido de Génova,13.

Los populares y sus satélites se sirven ahora de la última citación del Tribunal Supremo, que ha llamado a un exgerente y a la persona encargada de gestionar la caja del PSOE. El Alto Tribunal emplaza a estas personas a dar explicaciones después de que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, se amparara en su derecho a no declarar, sobre los pagos que el partido le abonó a él y a quien fuera su asesor Koldo García durante cinco años.

El magistrado Leopoldo López les ha citado el próximo 29 de octubre a Mariano Mariano y Celia Rodríguez a tenor del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acerca del patrimonio del ex responsable del departamento que ahora dirige Óscar Puente. El texto reflejaba un desajuste de miles de euros en los pagos al diputado.

Como parte de la investigación, el juez solicitó al PSOE que informara de todas las cantidades que había abonado o transferido a Ábalos y a Koldo. El partido contó que había pagado 19.638 euros al responsable de Transportes y 12.744 a su asesor por liquidaciones de gastos entre 2017 y 2021, y que el dinero se hacía mediante transferencia o con dinero en efectivo que se entregaba “mediante sobres” en la sede de Ferraz, un pago que, más allá de lo llamativo de la imagen, se sigue empleando para ministerios o en el Senado.

Los investigadores concluyeron que en informaciones y mensajes intervenidos a Koldo se hablaba de supuestas entregas de dinero por parte del partido que no tenían “correspondencia” con las cifras que había comunicado al Supremo, sino que solamente aparecían en el material incautado.

En el conjunto de los mensajes, aparecen algunos intercambiados entre el asesor de Ábalos y su mujer, Patricia Uriz, a su vez secretaria de Ábalos en el Ministerio; así como de la trabajadora del PSOE Celia Rodríguez, quien ha sido ahora citada por el juez. En ellos se mencionan cifras que rondan los 20.000 euros, aunque no hay constancia de que esas cantidades fueran finalmente abonadas ni el concepto de las mismas.

De hecho, los investigadores no han ofrecido una cantidad total de los pagos ni el “respaldo documental” pertinente. Esto es porque la UCO solo dispone de mensajes en los que Uriz informa a su marido de que hay que ir a “recoger” o “buscar” dinero a Ferraz -sede socialistas-, mientras aluden a un “Eduardo” que los investigadores han sido incapaces de identificar. Rodríguez, por su parte, se refiere a viajes en avión, gastos de hotel o facturas de restaurantes, entre otros gastos.

Gastos justificados

Entre los pagos que más han dado que hablar, sobre todo agitados por la derecha, se encuentra un sobre dirigido a Ábalos y que sería recogido en la sede socialista pro la mujer de Koldo en junio de 2019. Según la información del partido, debía contener 321,29 euros procedentes de la caja, pero en el sobre aparece la cifra de 826,73 euros.

Según las conversaciones interceptadas, en una de ellas Koldo García “parecía reconocer que, por el cargo que desempeñaba, recibía mensualmente uno o dos billetes de 500 euros, denominados en lenguaje convenido como chistorra”. El PSOE defendió que el sobre contenía “321 euros declarados como pagos” al exministro de Transportes “por sus gastos”, además de “505 euros de gastos en manutención del equipo de organización del PSOE que acompañaba a Ábalos en sus desplazamientos o actividades de partido. Los gastos están “anotados y justificados en la contabilidad auditada del PSOE”, proyectan desde Ferraz.

Juicio de la Gürtel

En paralelo, la Audiencia Nacional empezaba a principios de esta semana el último juicio de la denominada como trama Gürtel; una vista oral que llega 17 años después de las primeras detenciones, que empezaron en 2008-2009 con la denuncia del exconcejal de Madrid José Luis Peñas, con quien ha podido hablar ahora ElPlural.com.

Peñas recuerda cómo vivió la que ha sido seguramente la denuncia más importante de la democracia en materia de corrupción y los años posteriores, un escenario que ha dejado a más de cien personas investigadas (94 condenadas) y más de 750 años de cárcel acumulados.