En ocasiones, el silencio es mejor que una respuesta. El Partido Popular ha tardado en pronunciarse tras la imputación de uno de los hombres fuertes del Gobierno de Mariano Rajoy; el ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Las primeras señales que salían de Génova eran de cierto desconcierto, hasta que el vicesecretario de Hacienda la formación desfilaba ante las cámaras de Espejo Público. Interrogado por el impacto que pudiera generar en las siglas conservadoras, Juan Bravo ha justificado al ex responsable del ramo al asegurar, tras un “análisis limpio”, que en este caso “no se habla ni de mordidas, ni de prostitutas ni de colocación de amigas”.
Una herida antigua se ha reabierto en Génova. La imputación de Cristóbal Montoro tira por tierra toda la estrategia de un Partido Popular echado al monte contra la corrupción que le atribuyen al Gobierno, y en especial al Partido Socialista. El caso Cerdán infló los pectorales de sus señorías conservadoras, con el líder de la principal fuerza de oposición, Alberto Núñez Feijóo, recurriendo al bulo de los “prostíbulos” – saunas – del suegro del jefe del Ejecutivo. De hecho, en la sala de máquinas popular tratan de capear como buenamente pueden el temporal que se le avecina y la primera reacción se encorseta entre los márgenes del y tú más.
“Si hacemos un amplio análisis…”. Así comenzaba su reflexión el portavoz económico del PP y vicesecretario de Hacienda – casualmente -, Juan Bravo, dejando un ligero reguero de migas de pan que conducía hacia el reproche a la corrupción de los de la acera de enfrente. “Yo creo que ustedes aquí no están oyendo hablar de mordidas, de prostitutas, de colocación de amigas, de cátedras que no existen…”, continuaba el ex consejero del ramo de la Junta de Andalucía, en una alusión meridianamente velada a los audios que componen el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el caso Koldo.
En cualquier caso, Bravo recurrió a la clásica coletilla de “respeto máximo a la Justicia y a los fiscales”, combinándolo con el no menos funcionarial “hay que dejarles trabajar”. Pretexto que le ha servido para desviar el tiro hacia las siglas socialistas, acusándoles de injerencias en las investigaciones judiciales. Con todo ello, el vicesecretario de Hacienda de Feijóo, quien fichó a un grueso de colaboradores habituales de Montoro cuando aterrizó en la planta 7 de Génova, precisaba que la causa contra el exministro de Rajoy “ya fue archivada anteriormente”.
Cortina de humo
El rosario de eslóganes de Bravo condujo a una retahíla de ataques contra el Gobierno por no haber cambiado las leyes modificadas por Montoro para beneficiar a empresas de gases industriales. “¿Son conscientes de que muchas de esas normas a día de hoy siguen vigentes? Entonces, si eran tan malas, ¿por qué hoy siguen vigentes?”, justifica el dirigente conservador, que percutió su ofensiva contra los socialistas. Y es que considera que, “a diferencia de lo que pasa hoy” con la Administración de Sánchez, que saca adelante “leyes con reales decretos” y se “salta todos los controles”, lo del exministro de Rajoy fue “una ley de presupuestos”. “Por lo que hemos conocido”, agregó para curarse en salud, antes de insistir en que pasó “todos los controles internos dentro de la Administración”.
"Con lo cual, respetando, repito, el trabajo que hacen los jueces y fiscales, buscando que haya la máxima transparencia y claridad, exigiendo o pidiendo que se dote de los máximos recursos para que se pueda investigar cualquier cuestión que pueda generar la más mínima duda", ha concluido el vicesecretario 'popular'.