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El Frente Amplio presenta su batería de propuestas de cara a las elecciones del 29 de noviembre. Este lunes, el ministro y jefe de campaña de la coalición, Pablo Bustinduy, ha sido el encargado de desgranar “un programa como una casa”, con medidas como el límite de las herencias a los 10 millones de euros, la prestación universal por crianza, o una batería de medidas de vivienda, el caballo de batalla de la izquierda para las generales.
“Van a ser un referéndum sobre el derecho a la vivienda y sobre la desigualdad en España”, reivindica. Bustinduy ha incidido en estos como los dos ejes centrales del programa, y ha destacado también medidas sociales muy al hilo de estas semanas de campaña, como la de equiparar las pensiones mínimas al salario mínimo interprofesional (SMI), o construir 1,5 millones de viviendas públicas y expropiarlas a grandes propietarios.
El ministro ha dado la vuelta al discurso neoliberal sobre los impuestos, y ha acusado a los “ultrarricos” de la “confiscación de las rentas de las clases trabajadoras” a través del negocio de la vivienda. Además, ha asegurado que el objetivo el 29N no es solo “que no gobierne la ultraderecha”, sino implementar además todas las medidas progresistas que han quedado pendientes de implementar.
Entre ellas, la gratuidad de los comedores escolares que, dice, “debía haber sido una realidad hace mucho tiempo”, y asegura que se sigue peleando para que vaya en alguno de los tres consejos de ministros que quedan hasta las elecciones. “Nos hemos puesto ya”, ha dicho.
Las propuestas para el "referéndum por la vivienda"
El programa se centra sobre todo en la vivienda, el tema central de la campaña tras la movilización social que desató el desahucio de Maricarmen y culminó en la huelga general de la pasada semana. Entre las medidas más relevantes del programa está la de construir 1,5 millones de viviendas públicas en 12 años, para lo que el Frente Amplio propone destinar el 1% del PIB anual a ampliar el parque público. También que "nadie pueda tener más de cuatro viviendas sin ponerlas en un alquiler asequible", para lo que apuestan por crear "una figura impositiva" específica.
A esto se suman los alquileres públicos de hasta 600 euros mensuales para viviendas tipo de 80 m² y límites vinculados a los ingresos de los hogares; o la expropiación progresiva de viviendas a grandes propietarios corporativos. En este punto, especifican tres fases: que el Estado adquiera primero el stock de entidades que posean más de 1.000 viviendas, como fondos de inversión o bancos, segundo las de los tenedores de más de 700 y tercero a empresas con más de 50 inmuebles; además de la adquisición de todas las propiedades de la SAREB a la inmobiliaria pública, Casa 47.
La formación propone también la extinción obligatoria de las licencias de pisos turísticos en edificios residenciales de zonas tensionadas. Para esto y para la propia declaración de zona tensionada, incluyen que el Ministerio de Vivienda actúe de oficio en caso que la comunidad autónoma se niegue, como ocurre en el caso de las que gobierna el PP.
El programa contiene también algunas de las medidas de los decretos de vivienda surgidos a raíz de la movilización social, como la conversión de los contratos de alquiler indefinidos en el régimen habitual o la prohibición de los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional.
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