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Tener un empleo en España no garantiza llegar a fin de mes ni poder hacer frente a todos los gastos imprescindibles. Tampoco permite necesariamente acceder a una vivienda digna, ahorrar o construir un proyecto de vida independiente. En España, cientos de miles de personas acuden cada día a trabajar, cobran una nómina y, sin embargo, después de pagar el alquiler apenas disponen de dinero suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Es una de las grandes paradojas de la economía actual: tener trabajo no siempre significa escapar de una situación económicamente ahogada.
La crisis de la vivienda ha dejado de ser exclusivamente un problema de emancipación juvenil o de familias con escasos recursos para pasar a convertirse en un factor de empobrecimiento que atraviesa a buena parte de la clase trabajadora y que amenaza con profundizar la fractura social. Quienes viven de alquiler se enfrentan a una situación especialmente complicada: los salarios no crecen al mismo ritmo que los precios de la vivienda y una parte cada vez mayor de sus ingresos se destina a pagar un techo. La vivienda, el poder adquisitivo y la precariedad económica llevan ya varios CIS siendo el problema más acuciante para los españoles, y detrás de las estadísticas hay una realidad que puede condicionar el voto: personas que cumplen con sus obligaciones laborales, pero sienten que el sistema económico no les permite vivir con dignidad. El problema ha adquirido una dimensión política que difícilmente quedará al margen de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
Trabajar y seguir ahogado
Uno de los datos más reveladores procede del último informe de Oxfam Intermón, publicado en octubre de 2026. Según el estudio, uno de cada tres trabajadores que vive de alquiler en España se encuentra en situación de pobreza después de pagar la mensualidad de su vivienda. En términos absolutos, son alrededor de 770.000 personas. La investigación, elaborada a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), refleja hasta qué punto el coste de la vivienda es determinante para definir la situación económica de cualquier hogar. La tasa de pobreza laboral entre los trabajadores que viven de alquiler pasa del 19,35% antes de abonar la renta al 34,08% después de pagarla. Es decir, el alquiler eleva casi 15 puntos porcentuales la proporción de trabajadores que quedan por debajo del umbral de pobreza.
La comparación con quienes tienen una vivienda en propiedad resulta especialmente significativa. Entre los trabajadores que pagan una hipoteca, la pobreza después de afrontar ese gasto se sitúa en el 10,22%, mientras que entre quienes tienen su casa completamente pagada desciende al 7,95%. La diferencia evidencia que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales elementos de desigualdad económica, y que dos personas con empleos e ingresos similares pueden tener condiciones de vida radicalmente distintas dependiendo de si son propietarias, viven de alquiler o han podido acceder a una vivienda heredada. La situación también tiene consecuencias para el conjunto de la economía. Cuando una parte importante del salario se destina a pagar el alquiler, disminuye la capacidad de consumo, desaparece el margen de ahorro y aumenta la vulnerabilidad ante cualquier imprevisto. Una avería, una enfermedad o una subida de precios en los bienes de primera necesidad o en los suministros básicos pueden convertirse en un problema difícil de afrontar.
El alquiler se come los salarios
El fenómeno no afecta únicamente a quienes se encuentran en una situación de desempleo o cobran el salario mínimo. También golpea a trabajadores con empleos estables, contratos indefinidos y jornadas completas. La cuestión es que el precio de la vivienda ha alcanzado niveles que absorben una parte desproporcionada de los ingresos. El Banco de España, en su Informe Anual de 2025, señala que el 32,5% de los hogares que viven de alquiler destinan más del 30% de su renta neta al pago de la vivienda.
La situación es todavía más preocupante en algunas grandes ciudades: el porcentaje alcanza el 46,8% en Sevilla, el 46,7% en Málaga, el 43,5% en Barcelona y el 41,3% en Madrid. La recomendación habitual de los expertos es que el gasto destinado a vivienda no supere aproximadamente un tercio de los ingresos familiares. Cuando se rebasa ese límite, la capacidad económica del hogar comienza a resentirse y se reduce el dinero disponible para alimentación, transporte, suministros, educación y ocio. El problema, a su vez, se agrava por el desequilibrio entre oferta y demanda. La concentración de oportunidades laborales en determinadas ciudades, el crecimiento de la población, la escasez de vivienda disponible y la presión turística contribuyen a mantener los precios elevados. El resultado es un mercado en el que encontrar una vivienda asequible se ha convertido en una carrera de obstáculos, incluso para quienes cuentan con ingresos regulares.
En toda esta situación, los jóvenes representan una de las caras más visibles de esta emergencia habitacional. La imposibilidad de acceder a una vivienda está retrasando la emancipación, la formación de nuevas familias y decisiones personales que tradicionalmente marcaban el paso a la vida adulta. La Encuesta de Condiciones de Vida del INE correspondiente a 2025 revela que el 44,3% de las personas de entre 26 y 34 años seguía viviendo con sus padres. Entre quienes permanecían en el hogar familiar, el 47,3% señalaba que no podía permitirse comprar o alquilar una vivienda como principal motivo. Además, el 34,6% identificaba específicamente la imposibilidad económica de pagar un alquiler.
La vivienda y la campaña electoral
Con este escenario, el problema habitacional se convierte en una cuestión decisiva para el debate político del 29-N, y todos los partidos ya han dado sus propias recetas durante la precampaña para afrontar la problemática. Todos ellos deberán responder una pregunta recurrente entre los ciudadanos: ¿de qué sirve tener trabajo si no puedo permitirme vivir en la ciudad donde trabajo?
Es precisamente en campaña donde se plantea debate sobre el modelo de vivienda. Mientras una parte de las propuestas políticas apuesta por facilitar la construcción, agilizar licencias y ofrecer incentivos fiscales a propietarios y promotores, otras defienden una mayor intervención pública, el control de los precios en zonas tensionadas y la ampliación del parque de alquiler social. No obstante, huelga decir que ninguna solución aislada resolverá una crisis que es estructural y que tiene múltiples causas.
Construir más vivienda asequible, movilizar inmuebles vacíos, reforzar el parque público, intervenir el mercado contra los fondos buitre y mejorar las condiciones laborales son algunos de los compromisos a tomar para arrancar de raíz el problema. Cuando una persona trabaja ocho horas al día y, aun así, no puede permitirse una vivienda sin renunciar a otras necesidades básicas, algo está fracasando en el sistema político, económico y social. Ese malestar puede tener consecuencias electorales: los trabajadores que sienten que sus salarios no les permiten progresar, los jóvenes que no pueden emanciparse y las familias que destinan buena parte de sus ingresos al alquiler constituyen un sector social cada vez más amplio. Sus preocupaciones difícilmente encontrarán respuesta en promesas genéricas.
El 29-N llega, por tanto, con una cuestión que atraviesa generaciones y clases sociales: el derecho a vivir dignamente sin que trabajar se convierta en una carrera permanente para pagar la vivienda.
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