La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo que anule la condena que inhabilita durante dos años a García Ortiz, el exfiscal general del Estado acusado de divulgar información sobre Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso, según ha adelantado ‘El Español’.

La teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha puesto de manifiesto a través de un escrito con fecha en el pasado 18 de diciembre que los jueces que condenaron a García Ortiz pasaron por alto “sin explicación alguna” las pruebas que lo exculpaban y corroboraban la defensa de su inocencia, condenándolo así por una “filtración inexistente”

Por ello, la número dos de la Fiscalía General defiende que la resolución de la condena a García Ortiz, firmada por los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela vulnera su presunción de inocencia, el derecho de defensa, la legalidad penal y el derecho a una tutela judicial efectiva.  

Es por eso por lo que Sánchez Conde ha afirmado que los magistrados que condenaron a García Ortiz realizaron una “incompleta selección de los hechos”, al omitir los testimonios clave de varios periodistas que afirmaban tener el correo electrónico donde se relataba la confesión de fraude fiscal antes de que lo obtuviera el propio fiscal general.

“Cuando el correo llegó al fiscal general del Estado ya había sido divulgado y ello está acreditado, aunque la sentencia lo omite”, defiende Sánchez Conde en su escrito, donde se argumenta con que la sentencia que condenó al exfiscal general demuestra que la información era ya pública cuando le llegó a García Ortiz.

El delito del que se acusa a García Ortiz “no contempla la conducta del funcionario que revela datos que ya son públicos”, dado que estos también habían sido difundidos “por una pluralidad de medios de comunicación”, sostiene la jueza que ha solicitado la anulación de la condena al exfiscal general del Estado. Por ello, Sánchez Conde tacha como algo “difícilmente entendible” la indemnización de 10.000 euros impuesta a García Ortiz tras el caso.

Las acusaciones van más allá, ya que Sánchez Conde también pone de manifiesto que se considera un “hecho novedoso que trastoca de modo radical el objeto del proceso”, haciendo referencia a la consideración delictiva de la Fiscalía, algo que durante la instrucción ni se debatió.

La sentencia presciende sin explicación alguna del análisis del testimonio de muchos testigos de descargo” argumenta la fiscal en alusión a los periodistas los cuales han declarado en calidad de testigo, añadiendo también que “’La Sexta’ publicó (…) horas antes a que lo hiciera ‘Cadena Ser’ una noticia donde daba cuenta de la información que se contenía en el correo de 2 de febrero”.

Por todo esto, la sentencia de la fiscal pide la anulación de la condena al fiscal general la cual encuentra su sentido en que fue García Ortiz “o una persona de su entorno” quienes filtraron el email donde se confesaba el fraude fiscal llevado a cabo por la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

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