"No hay ideología política alguna", esta ha sido una de las afirmaciones con las que la Fiscalía ha comunicado que seguirá investigando el caso Montoro, argumento con el que ha respondido a las defensas de algunos de los investigados y ante las que también sentencia que los hechos que se analizan son "actuaciones graves de corrupción". De esta manera, la fiscal Carmen García ha remitido un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, al juez de Tarragona que investiga la causa y en el que le comunica su oposición a los recursos de varias defensas que reclaman declarar la nulidad de la causa o que se instruya en los juzgados de Madrid.
"Es necesario dejar claro y sentado, desde este momento, que determinados correos electrónicos intervenidos en las diligencias que se tramitaban en Tarragona contra empresas gasistas que tenían en este municipio su sede, lo que revelaban no eran hechos de marcado cariz político, sino actuaciones graves de corrupción realizadas desde Tarragona, que no entienden de ideología política alguna", subraya en el escrito.
A lo expuesto, la Fiscalía añade que los informes preparados por los Mossos d'Esquadra y la Agencia Tributaria constatan la "indiciaria existencia" de una organización, los pagos de las gasísticas a Equipo Económico "previos a cada actuación administrativa a favor" y la elaboración "a la carta de aquellas mercantiles" de impuestos. En esta causa, el juez investiga precisamente presuntos favores fiscales a empresas gasísticas desde el Ministerio de Hacienda que dirigía Cristóbal Montoro con la intermediación de Equipo Económico.
Cristóbal Montoro y los favores a las empresas gasísticas desde su Ministerio a través de las leyes
El pasado julio de 2025, saltó a la luz una investigación que presiona en gran medida al exministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, y a su entorno. La noticia resultaba especialmente llamativa, pues según el auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Montoro, junto a su antiguo equipo, era imputado por presunta participación en una organización que tramó reformas legales a medida para beneficiar a determinadas empresas, a cambio de contraprestaciones económicas. Es decir, una presunta modificación de las leyes aprovechando la posición del ministro que habría permitido que algunas vieran reducida en buena medida la cantidad de dinero que debían abonar en impuestos. En total, la causa señala a 28 personas físicas y 6 entidades jurídicas, entre las que figuran ex altos cargos del Ministerio de Hacienda.
Según la investigación, el despacho fundado por Montoro, Equipo Económico (EE), habría actuado como intermediario entre empresas, especialmente del sector gasista y energético, y las instancias del Gobierno. A cambio de asesorías “técnicas”, estas empresas habrían obtenido reformas legales que rebajaban su carga fiscal, decisiones normativas que favorecían sus intereses, y por las que realizaban posteriores pagos a Equipo Económico de los que, según se analiza, se habría beneficiado, presuntamente, el que fuera político del PP.
Debido a la complejidad del caso y la necesidad de tomar declaración a todos los imputados, incluido Montoro, el juez ha decidido prorrogar la instrucción hasta enero de 2026. Además, se espera un informe técnico de la Agencia Tributaria que podría aportar nueva luz sobre los supuestos beneficios fiscales concedidos.