La reforma de la financiación autonómica impulsada por el Gobierno encara ahora su recorrido parlamentario tras haber superado el primer trámite en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), aunque lo hace rodeada de oposición en la mayoría de comunidades y con un futuro incierto en el Congreso. El acuerdo aprobado este viernes salió adelante únicamente con los votos favorables de Cataluña y Canarias, mientras el resto de territorios se posicionaron en contra. El siguiente paso será el Consejo de Ministros, al que Hacienda prevé llevar la propuesta en las “próximas semanas”, según avanzaba el viernes el ministro Arcadi España.
La verdadera prueba para el Ejecutivo llegará, sin embargo, cuando el texto entre en las Cortes. El PP mantiene su rechazo y Junts, cuyo respaldo resulta determinante para que la reforma pueda convertirse en ley, continúa reclamando para Cataluña un modelo de financiación singular, similar al concierto económico vasco. La formación independentista ya ha advertido de que cualquier propuesta que mantenga a Cataluña dentro del sistema común contará con su oposición en el Congreso, lo que ataría al Ejecutivo a hacer esta concesión o a buscar otro modelo. El diputado de Junts per Catalunya Josep Maria Cruset ya expresó este viernes que su grupo presentará una enmienda a la totalidad, ya que la formación pretende aprovechar lo que considera una “oportunidad histórica” abierta con la negociación del nuevo modelo para insistir en sus reivindicaciones propias. “Queremos que el dinero de los catalanes se quede en Cataluña, de la misma manera que el dinero de los vascos se queda en el País Vasco”, señaló Cruset. El dirigente independentista lanzó, además, un llamamiento directo a los diputados catalanes de Esquerra, los Comuns y el PSOE para que respalden esta posición.
Esta mezcla, con el rechazo general de la oposición y las presiones de los independentistas, dejan al Gobierno ante un trámite parlamentario especialmente complicado. A esa dificultad se añade el calendario político: 2027 será un año marcado por un auténtico superciclo electoral, con elecciones generales, autonómicas y municipales, al igual que lo fue 2023, y tanto el Ejecutivo como la oposición comienzan ya a orientar sus estrategias hacia esa cita. Pese a las dificultades, el Gobierno mantiene su intención de sacar adelante la reforma y asegura también que presentará unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2027, aunque a día de hoy tampoco dispone de una mayoría suficiente para aprobarlos. En Hacienda confían, no obstante, en que el contenido económico de la propuesta pueda servir para abrir una vía de negociación con algunos grupos. El nuevo sistema plantea aumentar en 21.000 millones de euros los recursos que la Administración central aporta cada año al fondo común con el que las comunidades financian servicios públicos de su competencia, entre ellos la sanidad, la educación o la dependencia, incorporando en su diseño un fondo adicional de 3.300 millones de euros, al margen del sistema ordinario, destinado a las comunidades que reciben menos recursos por habitante ajustado que la media.
Hacienda confía en sacar adelante los planes del Gobierno
El departamento dirigido por Arcadi España considera que la aparente unidad de las autonomías populares presenta fisuras cuando se examinan con detalle sus posiciones. En Hacienda ponen como ejemplo a la Comunidad Valenciana. Aunque su Gobierno rechazó participar en una negociación bilateral, sí remitió un documento de alegaciones que, según fuentes del ministerio, contiene elementos significativos. Entre ellos estaría la consideración de que la propuesta del Gobierno supone un “gran avance”.
“Eso no lo dicen públicamente”, lamentan desde Hacienda. El Ministerio tampoco comprende algunas de las demandas planteadas por la Generalitat valenciana, como la eliminación del fondo climático, pese a que la comunidad se encuentra especialmente expuesta a fenómenos meteorológicos extremos como las danas. También cuestiona que reclame una condonación de deuda mientras el PP se opone en el Congreso a esa misma medida.
Andalucía ofrece otro ejemplo de las diferencias que pueden existir entre las necesidades de unas comunidades y otras. Durante la reunión del CPFF, el ministro explicó que una propuesta planteada por la Junta andaluza sobre la denominada población ajustada —el criterio técnico utilizado para incorporar las particularidades demográficas de cada territorio al reparto de recursos— tendría un efecto especialmente negativo sobre Castilla y León. Hacienda utiliza estos casos para defender que el rechazo de determinadas comunidades del PP resulta difícil de explicar desde una perspectiva estrictamente territorial, especialmente en aquellas autonomías que parten de una situación desfavorable con el modelo vigente.
La interpretación del ministerio es que las posiciones de algunos gobiernos autonómicos responden más a una estrategia política coordinada desde la dirección nacional del PP que a los propios intereses financieros de las regiones a las que representan. El titular de Hacienda ha defendido que resulta “palmario” que la decisión sobre votar a favor o en contra se toma fuera de los territorios, porque en determinados casos contradice sus propios intereses. El Ejecutivo extiende este mismo razonamiento al Congreso y, en particular, a la posición de Junts: sostienen que Cataluña se encontraría, junto con Andalucía, entre las comunidades que más se beneficiarían económicamente de la reforma si esta saliera adelante. Es el argumento que Hacienda pretende utilizar para intentar mover la posición de la formación independentista, que por ahora mantiene sus exigencias de máximos y condiciona cualquier apoyo a que Cataluña quede fuera del sistema común.
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