Con motivo de la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid este jueves, que ha determinado que abrirá juicio oral con jurado popular a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por dos delitos –de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos-, desde Ferraz la reacción ha seguido la misma línea que desde que trascendió la apertura de la causa: señalando la inocencia de la acusada y denunciando una “cacería política” para derribar el mandato de Pedro Sánchez.

Fuentes de Ferraz han precisado tras conocer la decisión judicial que el relato en torno a este caso “se sigue desmoronando” porque el proceso comenzó con una acusación enmarcada en cinco delitos y que, ahora, tras la decisión de la Audiencia madrileña, “solo quedan dos”, debido a que ha quedado archivada la presunta apropiación indebida y corrupción en los negocios, además de que previamente cayó la acusación por intrusismo profesional.

“Begoña Gómez es inocente. Esta es una causa política y se inició tras una denuncia falsa de una organización ultraderechista, para acosar y perseguir a la mujer del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno”, han señalado desde el PSOE, reiterando que la Fiscalía “sigue solicitando la absolución”.

Por estos motivos, resumen desde Ferraz que la causa judicial se enmarca en “mucho ruido y ninguna prueba”, reiterando al tiempo que durante todo este tiempo la investigada “ha dado la cara” acudiendo a todas las citas judiciales, confirmando su colaboración con la Justicia en todo momento “y nunca ha existido el menor riesgo de fuga” pese a las insistencias del juez Juan Carlos Peinado, más aún con la retirada de su pasaporte, sobre la cual los socialistas han reiterado que fue “una medida desproporcionada que hoy ha quedado sin efecto”.

“Resulta llamativo que se pretenda sentar ahora a Begoña Gómez ante un jurado precisamente el mismo día en que la actualidad viene marcada por el aval de la Justicia europea a la ley de amnistía. Cada uno sacará sus conclusiones”, han dejado en claro.

En estos términos, desde el PSOE continúan confiando “en que la verdad terminará imponiéndose”: “Estamos convencidos de que la Justicia demostrará que estas acusaciones carecen de fundamento y pondrá fin a una persecución que nunca debió comenzar”, han agregado.

Sumado a esta valoración, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha hecho hincapié en la reducción de las acusaciones de la causa a través de un mensaje en redes sociales: “Ni cinco ni dos ni ninguno, Begoña Gómez es inocente y lo repetiremos las veces que haga falta”, ha enfatizado, agregando al tiempo que este escenario se trata de “una cacería política obscena” contra la esposa de Sánchez.

 

Desde Moncloa

Bajo la misma premisa, otras voces del Gobierno central también se han pronunciado en la misma dirección en las últimas horas, como bien ha sido el caso del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

“¿Lo veis niños? Son todo casualidades. La Audiencia Provincial casualmente decide hoy enviar a Begoña Gómez a juicio con jurado. No sea que os centréis en la sentencia del TJUE y os desviéis de lo importante”, ha difundido, en clara alusión a su vez a la decisión del tribunal europeo de dar luz verde a la Ley de Amnistía en Cataluña y por la cual se rige dentro del Derecho Europeo.

Desde el conjunto de la Moncloa, han vuelto a reiterar este jueves la inocencia de Gómez, situando que la causa judicial está enfrascada en “política”. Estas fuentes gubernamentales han precisado que quien conozca la instrucción del juez Peinado “sabe que se trata de una causa política” cuyo origen está “en una denuncia falsa, basada en noticias falsas” y aupada por organizaciones de extrema derecha. Han señalado así que “es el acoso y la persecución” a Gómez la principal motivación de la investigación.

El Gobierno afronta en la misma semana dos decisiones judiciales sobre el entorno familiar de Sánchez, después de que este mismo martes la Audiencia de Badajoz condenase a su hermano, David Sánchez, a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación por el puesto público que ostentó, dependiente de la Diputación provincial. Sobre ella, Moncloa precisó que respetaban la decisión judicial, pero no la compartían al confiar también en la inocencia de Sánchez, esperando a que instancias superiores se pronuncien al respecto próximamente.

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