Feijóo mete en el "lío" de la prioridad nacional a toda España

La idea que desde Génova se hacían de lo que podían ser los comicios electorales autonómicos, los cuales se vienen sucediendo desde el pasado mes de diciembre, planteaba un escenario muy distinto a la realidad que enfrentan ahora. El Partido Popular, comandado por Alberto Núñez Feijóo, pareció observar una ventana de oportunidad, un camino por el cual, salvo en Andalucía, podían llegar a la mayoría absoluta en distintas regiones españolas si se aventuraban a adelantar la apertura de urnas. Los populares se veían fuertes, capacitados para doblegar al PSOE e independizarse de Vox. Lo primero sí se cumplió; no obstante, lo segundo ha quedado lejos de suceder y, ahora, se ven más condicionados que nunca por los de Abascal.

Feijó y su equipo atisbaron un escenario futuro por el cual el Partido Popular saldría mucho más reforzado. Sin embargo, los votos de los ciudadanos de las distintas comunidades autónomas han dejado a un PP que, aunque victorioso, sale tocado de estas elecciones regionales. La única noticia positiva que queda para los populares de esta serie de comicios es haberse distanciado tan notablemente del PSOE y haber marcado tanta diferencia a nivel de escaños, un golpe duro que, sin duda, ha causado daño a los socialistas. Ahora bien, a pesar de sus triunfos en las urnas, en Génova el ambiente que queda no parece ser tan entusiasta como se esperaba y, ahora, puede ser que queden más dolores de cabeza que sonrisas. 

Extremadura, Aragón, Castilla y León, Andalucía... Los populares han visto cómo la mayoría absoluta se disipaba ante ellos

En Andalucía se optó, finalmente, por esperar ante la solidez de la que disponía Moreno Bonilla, uno de los perfiles políticos cuyo apoyo electoral se ha mantenido más firme en los últimos años. No obstante, en Extremadura y Aragón sí optaron por adelantarse al calendario, cosa que también habría ocurrido, presumiblemente, en Castilla y León si no hubiera sido por lo cercano que quedaban en el tiempo los comicios ordinarios en esta comunidad autónoma.

María Guardiola, Jorge Azcón, Alfonso Fernández Mañueco y, ahora, Juan Manuel Moreno Bonilla. Estos cuatro líderes autonómicos del Partido Popular han visto cómo el horizonte que tienen por delante es muy diferente a cómo parecía presentarse. No solo por no haber alcanzado la cifra que les diera la mayoría absoluta y que, para casi todos ellos, se presentaba casi segura, sino también por verse obligados ahora a viajar de la mano con un socio de gobierno que no termina de resultarles el compañero más cómodo.

Los andaluces se pronunciaron este domingo y sus votos dejan un camino empedrado a Moreno Bonilla. Su perfil era el más solido de los cuatro líderes del PP mencionados anteriormente y, por ello, pocos esperaban que perdiera cinco escaños en estas elecciones, viéndose obligado a telefonear a Vox para conformar un pacto de gobierno si quiere volver a la presidencia de la Junta de Andalucía.

"Estabilidad o lío"... Moreno Bonilla finalmente tendrá jaleo y se espera que la "prioridad nacional" llegue también a Andalucía

A lo largo de la campaña electoral hubo una palabra que Moreno Bonilla pronunció en repetidas ocasiones: lío. Así, subrayaba que, si no lograba la mayoría absoluta, habría una inestabilidad que poco favorecería a Andalucía. Parece que habrá jaleo en esta región del sur de España que, contrariamente a lo que se esperaba, se espera ahora que halle un gobierno de coalición en su Ejecutivo autonómico.

Vox ha sido un socio poco agradable para el PP en los últimos años. Siendo, prácticamente, la única formación política con la que los populares han podido pactar, sus condicionantes han llevado a la formación de Feijóo a protagonizar sendas polémicas, por ceder ante asuntos especialmente controvertidos planteados por los de Abascal.

Desde las elecciones autonómicas y municipales de 2023, Vox ha transformado de forma progresiva su estrategia de negociación con el PP hasta situar la llamada “prioridad nacional” en el centro de cualquier acuerdo político. La evolución muestra cómo el partido ha pasado de reclamar presencia institucional y medidas concretas de gobierno a exigir una alineación ideológica mucho más amplia y vinculada a su proyecto político estatal.

En una primera etapa, tras el fuerte crecimiento electoral de 2023, Vox centró sus exigencias en entrar en los ejecutivos autonómicos y lograr cuotas visibles de poder. Allí donde sus votos eran decisivos, reclamó vicepresidencias, consejerías y presidencias parlamentarias, además de impulsar políticas relacionadas con la memoria democrática, la fiscalidad, la inmigración o las leyes de igualdad. El mensaje entonces era relativamente pragmático, dejando claro que si el PP necesitaba sus votos, Vox quería gobernar y aplicar parte de su programa.

Sin embargo, durante 2024 comenzó un cambio importante. La dirección encabezada por Santiago Abascal empezó a considerar insuficiente la simple presencia institucional y apostó por reforzar un perfil político propio, más duro y más diferenciado del PP. Las tensiones sobre inmigración y, especialmente, el reparto de menores migrantes entre comunidades autónomas marcaron un punto de inflexión. Vox endureció su discurso y empezó a advertir de que no sostendría gobiernos que asumieran políticas “impuestas” por el Gobierno central o compatibles, a su juicio, con las posiciones del PSOE.

En ese contexto ha adquirido un protagonismo creciente el polémico concepto de “prioridad nacional”, convertido ahora en uno de los principales ejes de presión en las negociaciones. Con esa expresión, Vox defiende que determinadas ayudas públicas, políticas sociales o medidas de acceso a vivienda y empleo deben beneficiar “primero” a los españoles frente a los extranjeros. El partido sostiene que los recursos públicos son limitados y que el Estado debe priorizar a los nacionales en ámbitos considerados esenciales.

La controversia política y jurídica surge precisamente porque sus críticos consideran que ese planteamiento rompe el principio de igualdad entre ciudadanos y residentes legales, además de introducir criterios de nacionalidad en el acceso a derechos o prestaciones públicas. Tanto el PSOE como otros partidos de izquierda y también algunos sectores moderados del PP han acusado a Vox de promover medidas discriminatorias y contrarias al marco constitucional y europeo.

Aun así, Vox ha convertido esa “prioridad nacional” en una condición cada vez más visible en sus pactos y negociaciones presupuestarias. Ya no se trata solo de reclamar cargos o competencias concretas, sino de obligar al PP a asumir públicamente parte de ese marco ideológico.

Las cesiones que el PP ha hecho a Vox en los últimos meses plantean ahora un panorama complejo a Moreno Bonilla, que tendrá que sentarse a hablar con un negociador duro y que viene disfrutando de una posición dominante. La prioridad nacional de Abascal parece seguir extendiéndose por España, quedando la duda de hasta dónde llegará.