Urnas cerradas, escrutinio casi completado y distribución de escaños planteada. Andalucía ha votado y los ciudadanos no han otorgado, finalmente, la mayoría absoluta a Moreno Bonilla. El popular, que durante buena parte de su mandato había visto como las encuestas vaticinaban que volvería a gobernar sin tener que conformar pactos, se ve obligado ahora a negociar con Vox para volver a la presidencia de la Junta.
"¿Dónde está la mayoría? ¿La mayoría dónde está?", se coreaba en la sede de Vox en Sevilla en el momento en el que Manuel Gavira ha salido a hablar ante sus militantes y los medios de comunicación. A ello se añadía las repetidas ocasiones en las que han exclamado "¡prioridad nacional!" tras afirmar el candidato de esta formación que los andaluces han hablado y que piden implementar esta iniciativa en la región.
Los 15 parlamentarios que Vox ha recabado en estos comicios electorales les permiten ahora presionar para hacerse con consejerías e, incluso, vicepresidencias en esta nueva legislatura que arrancará proximamente en la región andaluza. Los de Abascal, comandados por Manuel Gavira en esta comunidad autónoma, crecen en un escaño y consolidan, así, los buenos resultados que vienen obteniendo desde el pasado mes de diciembre, cuando Extremadura abrió el ciclo electoral autonómico, y seguirán disponiendo de una posición por la cual podrán seguir extendiendo a más territorios las políticas que promueven en su programa electoral.
La cuestión ahora es cómo abordará Moreno Bonilla las conversaciones que tendrá que iniciar con Vox. En este sentido, durante las próximas semanas se observará si Andalucía atiende a un proceso de negociación bronco y lleno de fricciones, como el que se dio en Extremadura, o si el popular mantiene una relación con los de Abascal más sosegada. No solo eso, sino que una de las cuestiones a las que más atención se prestará es si será capaz convencer a Manuel Gavira de desplegar unas políticas menos agresivas o si, al igual que Guardiola, Azcón y, según aparenta, Mañueco, también cederá a algunos de los puntos más polémicos que se han incluido en los pactos.
En este tiempo, una de las claves que ha impulsado a la figura política de Moreno Bonilla ha sido su estar moderado y haber evitado, mayormente, la confrontación y los mensajes de crispación. Ha sido, precisamente, este uno de los motivos por los que la caída del popular no ha sido mayor en estas elecciones, ya que le ha permitido mantenerse estable a pesar del deterioro que Andalucía ha sufrido en los servicios públicos, donde la Sanidad está siendo especialmente protagonisa y hallando multitud de polémicas. Es por ello que, ahora, su perfil alejado del enfrentamiento directo plantea también la duda de si se mantendrá firme en este sentido o cederá ante algunas de las peticiones más escabrosas de Vox, como las referidas a ámbitos relacionados con la violencia de género, el medio ambiente, la inmigración o los impuestos.
Tendrá que haber negociaciones, al menos aparentemente, ya que en los momentos previos a cerrarse las urnas en Vox ya subrayaban que en, caso de que Moreno Bonilla no consiguiera la mayoría absoluta, no habrá abstención. "En ningún caso. Vamos a negociar. Ojalá no sea por uno o dos, sino por cinco o diez diputados", aseguraba el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, preguntado por el escenario postelectoral. "El tiempo de la abstención no existe", explicaba.
Ante estas declaraciones de Fúster, se entiende que Moreno Bonilla deberá afrontar un proceso de negocaciación en el cual, salvo sorpresa, se pondrá sobre la mesa la famosa "prioridad nacional" que Vox está poniendo como condición de apoyo al PP en todas las comunidades autónomas donde han pactado recientemente, siendo este un tema que está despertando grandes asperezas en España.
La denominada “prioridad nacional” se ha convertido en una de las principales exigencias de Vox en los acuerdos que viene cerrando con el PP en distintas comunidades autónomas. Bajo este concepto, la formación de Santiago Abascal defiende que las ayudas públicas, el acceso a determinados servicios y algunas políticas sociales otorguen preferencia a los ciudadanos españoles frente a los inmigrantes en situación irregular e, incluso, frente a extranjeros con residencia legal en algunos supuestos concretos. Se trata de una propuesta que Vox presenta como una medida destinada a “proteger” a los nacionales en un contexto marcado por la inflación, la dificultad de acceso a la vivienda y la presión sobre los servicios públicos.
Sin embargo, esta cuestión ha generado fuertes controversias tanto dentro como fuera del Partido Popular. Mientras Vox insiste en que esta medida debe formar parte de cualquier pacto de gobierno, numerosos sectores sociales y políticos consideran que podría chocar con principios básicos de igualdad recogidos en la legislación española y europea. De hecho, la inclusión de esta reivindicación en anteriores negociaciones autonómicas ya provocó tensiones públicas entre dirigentes populares y Vox.
Ahora, Andalucía aparenta convertirse en un nuevo escenario donde esta exigencia cobre protagonismo y donde Moreno Bonilla deba decidir hasta qué punto está dispuesto a asumir parte del marco político planteado por la formación de Abascal.
No sería la primera vez que Moreno Bonilla pacta con Vox para garantizar su continuidad al frente de la Junta de Andalucía. Aunque durante buena parte de sus mandatos el dirigente popular ha tratado de proyectar una imagen de autonomía política y moderación, lo cierto es que la formación de Santiago Abascal ya resultó determinante tras las elecciones andaluzas de 2018. Entonces, el PP y Ciudadanos alcanzaron un acuerdo de gobierno que necesitó del apoyo parlamentario de Vox para salir adelante y poner fin a casi cuatro décadas de gobiernos socialistas en la comunidad autónoma.
Aquel entendimiento permitió la investidura de Moreno Bonilla y abrió la puerta a una nueva etapa política en Andalucía, marcada por la entrada de Vox como actor decisivo en la gobernabilidad de la región. Sin embargo, a diferencia de otros ejecutivos autonómicos surgidos posteriormente, Vox no llegó entonces a entrar directamente en el Gobierno andaluz con consejerías propias, limitándose a respaldar desde fuera determinadas iniciativas y presupuestos.
Pese a ello, durante aquella legislatura el Ejecutivo andaluz sí incorporó algunas medidas incluidas en los acuerdos parlamentarios con Vox para garantizar la aprobación de presupuestos y la estabilidad del Gobierno. Entre ellas, figuraron iniciativas vinculadas a memoria histórica, inmigración o violencia intrafamiliar, asuntos que generaron un intenso debate político y críticas por parte de la oposición. De hecho, una de las principales exigencias de Vox fue la sustitución del término “violencia de género” por el de “violencia intrafamiliar” en determinados documentos y discursos institucionales, además de reclamar cambios en las políticas de memoria democrática impulsadas durante los gobiernos socialistas. Aunque Vox no entró entonces en el Ejecutivo andaluz, sus votos resultaron decisivos durante buena parte de la legislatura.
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