El Partido Popular y Vox alcanzaron esta semana, cuatro meses después de la celebración de las elecciones, un acuerdo en Extremadura para investir nuevamente a María Guardiola como presidenta de la Junta, tras un largo periodo de conversaciones entre ambas formaciones que ha culminado en este acuerdo con mucha letra pequeña y que servirá de primer terreno de pruebas y como termómetro al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para extrapolar este binomio al plano nacional de cara a las próximas elecciones generales de 2027.
"Estamos contentos porque hemos llegado a un acuerdo que estaba esperando la sociedad extremeña. Venimos de semanas intensas de negociaciones y teníamos un único objetivo: conseguir este acuerdo entre quienes representanos una inmensa mayoría. Es un acerdo que contempla 61 puntos con 74 medidas y que va a conseguir que pueda seguir avanzando", comparecía este jueves Guardiola a Óscar Fernández, responsable autonómico de Vox. La derecha y la extrema derecha extremeñas han rubricado un pacto que se certificará en negro sobre blanco durante el martes y miércoles que viene, cuando se celebre el debate de investidura, y el viernes, cuando se haga lo propio con el pleno de investidura. Se ha hecho público también que Vox asumirá la vicepresidencia y las consejerías de Familia, Desregulación y Servicios Sociales, y Agricultura, Ganadería y Medio Natural, en lo que otorga, a pequeña escala, una idea de cuáles podrían ser las exigencias que los de Abascal podrían ponerle a Feijóo en un hipotético escenario en el que el Gobierno de España esté en juego. Inmigración, familia y campo como los tres pilares por los que la extrema derecha alzará la voz. A cambio, los de Óscar Fernández se han comprometido a que la legislatura dure cuatro años y a apoyar el proyecto de presupuestos todos los años.
El primer termómetro y campo de pruebas... asumiendo derrotas
La aprobación de este pacto y acuerdo de gobierno genera sensaciones encontradas en Génova. Por un lado, el desgaste que ha ejercido Vox con los 'populares', negociando durante cuatro meses, ha servido para sacar varias responsabilidades y consejerías además de la vicepresidencia, por lo que la extrema derecha estará en las instituciones extremeñas con significativo peso. Por otro lado, el acuerdo no se ve con tan malos ojos porque servirá como primer campo de pruebas para el PP ante un posible acuerdo similar en clave nacional. Es cierto que este no es, ni mucho menos, el primer pacto entre el PP y la ultraderecha (ni siquiera es el primero en Extremadura), pero sí lo es con unas elecciones tan próximas como ahora. El primer año de mandato de Guardiola será un examen clave para las relaciones entre Génova y Bambú en clave nacional en caso de necesitarse mutuamente en 2027.
Por otra parte, cabe destacar que uno de los principios que rigen todo el acuerdo es el de "prioridad nacional", con el que el PP se adscribe a las pretensiones xenófobas de Vox y aceptan su rechazo categórico a la inmigración. Uno de los apartados en el que lo emplean es en el de la vivienda, en el que ambos partidos acuerdan un sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social basado en este mantra, dando prioridad a quienes mantengan un arraigo "real, duradero y verificable", una españolidad a su libre albedrío. También se comprometen a construir al menos 3.500 viviendas protegidas antes de que acabe la legislatura, y a reformar la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de Extremadura (LOTUS). Del mismo modo, en el texto también hay un apartado expreso llamado "Seguridad, Libertad y Proridad Nacional", que aborda también varios de los campos de batalla de la ultraderecha a los que el PP se rinde. Por ejemplo, el de las subvenciones, que proponen basar en este principio con un periodo mínimo de arraigo para acceder a ayudas y prestaciones públicas. Además, PP y Vox acuerdan facilitar los desalojos exprés para combatir la "ocupación ilegal" y mayor defensa jurídica a las "víctimas".
A su vez, otro de los campos en los que Vox derrota al PP es en el de la Memoria. Si bien no han incluido como tal la derogación de las leyes estatales, como en el pasado, el acuerdo para Extremadura contiene un punto para la "promoción de la concordia", en el que hablan de "leyes ideológicas de la izquierda". Además, para promover la concordia, Vox ha conseguido arrastrar al PP a su batalla para ensalzar la dictadura. El acuerdo contempla declarar Bien de Interés Cultural la cruz de los Caídos de Cáceres, un monumento franquista situado en la Plaza de América y que el bando nacional levantó durante la Guerra Civil. Algo a lo que se comprometen desde el primer día, y con lo que entierran la lucha de las asociaciones de Memoria, que llevan décadas luchando porque se traslade el monumento a otro lugar.
Impuestos, sindicatos e inmigración
Otro de los temas estrella de la ultraderecha es la lucha contra lo que llaman el "infierno fiscal". En ese sentido, el acuerdo incluye una serie de rebajas de impuestos, como el 0,25% anual del IRPF en los dos primeros tramos autonómicos y el 1% total en los dos siguientes, más bonificaciones en Sucesiones y Donaciones, la reducción del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados y otras tasas autonómicas. Además, incluye un apartado expreso de "gasto improductivo" en el que dan rienda suelta a la idea neoliberal de reducir al máximo las instituciones, incluyendo recortes del 50% a las subvenciones a sindicatos, patronal y entidades privadas que no demuestren "utilidad pública efectiva". Acuerdan también un mayor control de las ayudas con auditorías periódicas y una reducción al mínimo legal de la cooperación internacional.
Pero donde se aprecia una de las mayores muestras del cómo el PP ha cedido ante la ultraderecha es en el apartado del acuerdo que habla de inmigración. Guardiola se compromete a adoptar desde el primer día una posición de rechazo frontal a la política migratoria del Gobierno central, y aparecen bajo su firma expresiones como "menas" para referirse a los menores extranjeros no acompañados, comprando todo el relato y el marco discursivo de la extrema derecha. Sobre ellos, Vox obliga al PP a rechazar el reparto de inmigrantes "ilegales", tanto adultos como menores, al que Extremadura está obligada.
Además, la Junta retirará las subvenciones a ONGs que "favorezcan la inmigración ilegal" o promuevan el "efecto llamada", algo que los de Abascal exigen que se incluya en el primer presupuesto. Tras esto, aparecen dos medidas enmarcadas en la ofensiva de Vox contra el Islam: en primer lugar, la prohibición del uso del burka y el niqab en espacios públicos antes de acabar 2026, un debate que la ultraderecha sostiene a nivel nacional; y la supresión del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí, que el Ministerio de Educación promueve para integrar a los alumnos marroquíes, antes de septiembre.