La vivienda se ha convertido en el gran examen de la política española. No es una consigna de partido ni una bandera electoral, sino una realidad que atraviesa generaciones, territorios y rentas. El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) deja un mensaje difícil de ignorar: el 76,3% de los españoles considera que el Estado debe intervenir el mercado de la vivienda tanto como sea necesario para garantizar el acceso a ella. Ocho de cada diez manifiestan preocupación por la situación habitacional y el 41,6% asegura sentirse directamente afectado por la crisis. Frente a esa realidad, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, eligió hablar de "sacrificio" en el primer mítin de precampaña para definir el Gobierno que pretende formar. "Os prometo un Gobierno que os pida sacrificio. Pero no os va a pedir que le aplaudáis", aseguró, sin especificar exactamente a qué se refería. El PP ha defendido la frase reivindicando el esfuerzo de quienes trabajan, pagan impuestos y sacan adelante a sus familias, y han cargado contra otras formaciones que les han reprochado haber utilizado esa palabra, que algunos han señalado como un recuerdo traumático a los tiempos de cuando Mariano Rajoy avisaba que habría que apretarse el cinturón con las subidas de impuestos y los recortes de los presupuestos públicos.
Sin embargo, la pregunta pertinente no debería ser si los españoles saben o deben sacrificarse, sino cuántos sacrificios más pueden asumir para acceder a un derecho tan básico como tener una vivienda. Ya son muchos años haciendo sacrificios cuando destinan una parte desproporcionada de su sueldo al alquiler, cuando renuncian a independizarse, cuando comparten piso más allá de la edad en la que esperaban tener su propio hogar o cuando aplazan formar una familia porque no pueden permitirse el coste de la vida. También cuando trabajan largas jorndas y descubren que sus ingresos no bastan para pagar una hipoteca o un alquiler. Presentar esa situación como una cuestión de esfuerzo individual o como una falta de sacrificio supone trasladar a las personas de carne y hueso el coste de una crisis de la que no son responsables, sino víctimas.
Un 76,3% de los encuestados en el CIS respalda la intervención pública del mercado para garantizar el acceso a una vivienda. No se trata de una reivindicación exclusiva de la izquierda, sino de una demanda que desborda las fronteras partidistas y obliga a cualquier aspirante a gobernar a explicar qué piensa hacer al respecto: incluso los votantes del PP (58%) y de Vox (55%) están mayoritariamente a favor de intervenir en el mercado de la vivienda y aplicar medidas más contundentes para atajar la crisis. La ciudadanía está señalando que dejar el acceso a la vivienda exclusivamente en manos de la oferta y la demanda no está dando resultados suficientes, y reivindicando que cuando los alquileres crecen más deprisa que los salarios, comprar una casa se convierte en una posibilidad remota.
Feijóo habla de esfuerzo; el CIS habla de derechos
La contradicción es de bulto. El discurso del PP choca directamente con la demanda expresada por los ciudadanos, que consiste en un problema estructural y fruto de la inacción de las instituciones. Lejos de partir desde ese marco, los 'populares' han preferido darle la espalda a la calle y a las personas y centrar su discurso en el sacrificio personal mientras una mayoría abrumadora reclama que los poderes públicos intervengan para garantizar el acceso a la vivienda. En esencia, es un discurso que rema hacia el mantra neoliberal clásico de la cultura del esfuerzo, en la que todo depende de cómo se comporte uno y la estructura socioeconómica en la que viva es irrelevante en la consecución de las metas. Los Reyes Magos.
El líder del PP tiene derecho a defender un modelo económico basado en la iniciativa privada, la construcción de más inmuebles y los incentivos fiscales. Es una postura clásica de su partido que no va a cambiar ahora, y algunos puntos, como la evidente necesidad de ampliar el parque residencial español, son razonables. Pero no puede ignorar que los datos del CIS cuestionan la idea de que la desregulación, por sí sola, sea suficiente. Si casi ocho de cada diez españoles respaldan la intervención pública, la respuesta no puede limitarse a pedirles paciencia, trabajo y capacidad de sacrificio, y tampoco pueden plantearse medidas como el aumento de la construcción de viviendas sin que vayan acompañadas de un precio asequible y sin mecanismos que eviten la acumulación masiva de los nuevos pisos y la especulación con los mismos. Al tiempo que aumenta la oferta tienen que aumentar las garantías de que la situación se solvente y los derechos van a estar garantizados.
El sacrificio no puede ser siempre de los mismos
La palabra elegida por Feijóo tiene una carga política evidente. El sacrificio puede ser una virtud para ciertas cosas, especialmente si éste responde a un objetivo colectivo y conduce a una mejora de las condiciones de vida o a un éxito personal que no esté directamente relacionado con las condiciones materiales, sino a otras actividdes. Pero se convierte en una coartada cuando sirve para normalizar que quienes menos capacidad económica tienen soporten las consecuencias de un sistema que no les garantiza algo tan elemental como un techo. Quien tiene una vivienda pagada (o dos, o cinco, o tres mil quinientas) no afronta la misma incertidumbre que quien destina la mitad de sus ingresos al alquiler. Quien hereda un inmueble no parte de la misma posición que quien intenta emanciparse con un salario precario. Y quien acumula propiedades no experimenta la crisis como quien debe elegir entre vivir lejos de su trabajo o compartir habitación. Hablar de esfuerzo sin reconocer estas diferencias oculta que el punto de partida importa y pone de manifiesto la desconexión de la clase política con la realidad material de la gente.
Cabe, además, hacer algunos matices a ciertos discursos que se escuchan por ciertos lares. La España que reflejan las encuestas no reclama que el Estado resuelva todos sus problemas, ni que desaparezca la iniciativa privada, ni está existiendo suerte alguna de revolución comunista para ponerle fin a la existencia de la propiedad privada. La reivindicación es tan sencilla como que el acceso a una vivienda deje de depender de una capacidad de pago cada vez más alejada de los ingresos de una parte importante de la población, y que la intervención pública debería estar al servicio de esta garantía. Feijóo puede pedir sacrificios, pero aspirando a gobernar un país, hay ciertos términos que no deben emplearse tan a la ligera y de forma tan desconextualizada. ¿Quién va a tener que sacrificarse? ¿A qué coste? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Está pidiendo el proyecto del PP que los ciudadanos se adapten a un mercado que les excluye? ¿Van a trabajar las instituciones, en un hipotético mandato de Feijóo, para corregir esa exclusión?
Solo era un mítin. El tiempo en esa clase de actos apremia y hay que abreviar. Pero de una sola palabra surgen tantas incógnitas, y tan importantes, que es ineludible. Los españoles ya están haciendo esfuerzos extraordinarios para pagar sus casas. Lo que reclaman no es una nueva lección de austeridad personal, sino políticas que hagan posible vivir. A secas.
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