España ha dado un paso inédito en su política de seguridad nacional al aprobar y publicar en el Boletín Oficial del Estado su primera Estrategia Nacional contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, un documento que fija por primera vez objetivos, líneas de acción y prioridades frente a una amenaza considerada de baja probabilidad, pero de impacto potencial devastador. La iniciativa llega en un contexto internacional marcado por la guerra en Ucrania, el deterioro del sistema de control de armamentos y el aumento de las tensiones geopolíticas, factores que han acelerado la necesidad de una respuesta coordinada del Estado.
La estrategia, aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional el pasado 16 de diciembre, sitúa la lucha contra la proliferación en el nivel político-estratégico y busca articular una actuación conjunta de todos los organismos de la Administración, así como reforzar la preparación institucional y social ante posibles intentos de desarrollo, adquisición o uso de materiales nucleares, radiológicos, químicos o biológicos. El objetivo es doble: proyectar el compromiso de España con la seguridad global y, al mismo tiempo, blindar el territorio nacional frente a amenazas emergentes, incluidas las procedentes de actores no estatales.
La publicación del documento se produce apenas dos días después de que el presidente del Gobierno rechazara públicamente la escalada de rearme nuclear en el escenario internacional, subrayando que el incremento del gasto atómico en los últimos años “no es la senda a seguir”. Ese posicionamiento político conecta con el enfoque de la nueva estrategia, que refuerza la apuesta española por el multilateralismo, el desarme y el respeto al derecho internacional como pilares de la seguridad colectiva.
El texto reconoce que la arquitectura internacional de no proliferación atraviesa una “fase crítica”. A corto plazo, la agresión rusa contra Ucrania ha debilitado los mecanismos de confianza y cooperación, mientras que, en una perspectiva más amplia, varios actores cuestionan las bases del sistema surgido tras el final de la Guerra Fría. Entre los elementos de mayor preocupación figura la suspensión del diálogo estratégico entre Estados Unidos y Rusia en materia de control nuclear, el bloqueo de foros diplomáticos clave y la creciente retórica atómica utilizada con fines propagandísticos.
Además, el Gobierno advierte de dinámicas que, sin implicar necesariamente una proliferación directa, erosionan los objetivos del desarme. Entre ellas menciona el aumento de la producción y transferencia de material militar, la cooperación entre Rusia, Irán y Corea del Norte o el despliegue de armas nucleares en Bielorrusia. Estos movimientos, sumados a crisis no resueltas como los programas nucleares norcoreano e iraní o el uso previo de armas químicas en Siria, reflejan un escenario internacional cada vez más inestable.
La estrategia también pone el foco en Oriente Próximo, donde la persistente tensión regional continúa teniendo un impacto negativo en los esfuerzos por crear zonas libres de armas de destrucción masiva. Aunque en los últimos años se han producido algunos avances diplomáticos, el diagnóstico general sigue siendo pesimista y confirma el progresivo debilitamiento del régimen global de no proliferación.
Pese a este contexto adverso, el Ejecutivo subraya que España parte de una base de compromiso sostenido con la seguridad internacional. Desde 2011, las sucesivas estrategias de seguridad nacional ya identificaban la proliferación como una amenaza significativa, aunque hasta ahora no se había desarrollado una planificación sectorial específica. La nueva hoja de ruta pretende actualizar ese marco, adaptarlo a los desafíos contemporáneos y reforzar la capacidad de prevención, detección y respuesta.
Los análisis de riesgo manejados por el Departamento de Seguridad Nacional sitúan esta amenaza entre las menos probables, pero con consecuencias potenciales de enorme magnitud. Esa combinación —baja frecuencia y altísimo impacto— justifica, según el Gobierno, la necesidad de anticipación estratégica y cooperación internacional reforzada, tanto en el ámbito europeo como en el multilateral.
Con esta iniciativa, España busca alinearse con las políticas europeas de no proliferación y contribuir activamente a la construcción de paz y seguridad global, al tiempo que refuerza su propia resiliencia interna. En un mundo atravesado por guerras, rivalidades entre potencias y avances tecnológicos con posible uso dual, la aprobación de esta estrategia marca un punto de inflexión: el reconocimiento explícito de que las amenazas más extremas, aunque improbables, requieren preparación inmediata.