El Pleno del Congreso de los Diputados acoge este miércoles el debate y posterior votación del decreto ley aprobado en el Consejo de Ministros el pasado 1 de septiembre de medidas de ayuda económica a Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes el 30 y 31 de julio. No obstante, el paquete, que contempla 309 millones de euros en medidas urgentes, llega a la Cámara Baja con el rechazo ya anunciado de Vox, que considera que esta ayuda supone “financiar nuestra propia invasión”.
Tal y como detalló en su aprobación en el Consejo de Ministros el titular de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en este decreto ley se reserva una partida de 90 millones de euros para reforzar la seguridad y se destinarán 80 millones de euros a ayudas directas y otros apoyos a empresas y trabajadores. Por su parte, los autónomos recibirán 5.000 euros y las empresas podrán recibir entre 1.000 y 150.000 euros de ayuda directa en función de su facturación.
En esta línea, la acogida de menores y atención humanitaria es la partida que recibe mayor cuantía, dotada con 118 millones de euros. Además, al fondo de 36,6 millones destinado al tejido empresarial, se sumarán otros 14 millones de euros para el pequeño comercio y el sector del turismo, canalizados a través de la Cámara de Comercio. Al hilo de ello, entre las medidas previstas se contemplan bonos al consumo y descuentos para reducir el coste del transporte a los no residentes y para fomentar la llegada de viajeros a la ciudad.
Asimismo, con este decreto ley el Gobierno pretende habilitar también una línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de hasta 50 millones de euros para garantizar que "siga fluyendo y en buenas condiciones" el crédito y la financiación al tejido empresarial. En esta línea, la norma reserva un espacio importante para la promoción internacional del turismo en Ceuta. Para conseguirlo, se pondrá en marcha a través del Instituto de Turismo de España (Turespaña) un plan extraordinario de promoción y recuperación de imagen de la ciudad de Ceuta, orientado a mercados internacionales seleccionados.
Exenciones en las cuotas a la Seguridad Social y prestaciones extraordinarias
Por otra parte, en lo que respecta al ámbito laboral, el decreto ley contempla una exención del 100% en las cuotas a la Seguridad Social para aquellas empresas cuya actividad se haya visto interrumpida y tengan que recurrir a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). Además, se incluyen también prestaciones extraordinarias por cese de actividad para los autónomos, así como la posibilidad de aplazar los pagos a la Seguridad Social a un interés del 0,5%.
Respecto a estas prestaciones, se regulan por cese de actividad para los autónomos con domicilio de residencia o actividad en Ceuta, cuya actividad hubiese cesado total o parcialmente, ya sea de manera temporal o definitiva, a raíz de la reducción de la demanda y de la alteración de la actividad provocadas por la entrada masiva de inmigrantes, aunque vinculada a la reducción de los ingresos mensuales. La duración máxima de esta prestación será de cuatro meses.
Por otro lado, el decreto aprobado por el Consejo de Ministros incluye un régimen específico de ERTE vigente desde el 31 de diciembre de este año, ampliando su aplicación para las suspensiones totales o parciales de la actividad laboral y las reducciones de jornada que puedan guardar una relación directa o indirecta con la situación de Ceuta.
Así, las empresas afectadas por estos ERTE se podrán beneficiar de una exención del 100% de la aportación empresarial a la Seguridad Social, por contingencias comunes, profesionales y conceptos de recaudación conjunta, respecto de las cuotas de septiembre a diciembre de 2026 correspondientes a los trabajadores y períodos afectados por la suspensión o reducción de jornada.
En otro orden de cosas, el decreto eleva del 50% al 75% la bonificación de las aportaciones empresariales correspondientes a trabajadores con contratos indefinidos o de sustitución por incapacidad temporal que presten servicios en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Aumento de bonificaciones fiscales
Al margen de las bonificaciones a la contratación, el decreto contempla también otras medidas de carácter permanente. Entre estas, el aumento del 50% al 60% de las bonificaciones en el Impuesto sobre Sociedades para las entidades residentes y la mejora de las posibilidades de deducción de determinados gastos para los autónomos, como los de "difícil justificación".
Estas dos medidas estructurales se extenderán también a Melilla, lo que supondrá un apoyo presupuestario adicional de unos 100 millones de euros anuales para los empresarios de ambas ciudades autónomas. Por otra parte, el decreto contempla medidas de apoyo al puerto de Ceuta por valor de 4,25 millones de euros anuales durante cinco años, entre 2027 y 2031.
En lo que respecta a los servicios esenciales, el plan contempla el refuerzo de los recursos sanitarios con 100 nuevos profesionales del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para la atención primaria y hospitalaria, con una inversión de 3,5 millones de euros.
Asimismo, se destinarán 3,2 millones a la seguridad de los centros docentes y actuaciones de acompañamiento psicosocial para toda la comunidad educativa, mientras que otros 4,5 millones servirán para reforzar jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios y financiar la asistencia jurídica gratuita en Ceuta.
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