La agenda de Vox en materia de inmigración ha ido elevando el tono en los últimos tiempos difundiendo el mensaje de la prioridad de los españoles por delante, como un ‘America First’ de Donald Trump a la española, hasta casi demonizar a la población extranjera que llega con escasos recursos y buscando una vida digna en nuestro país. Desde deportaciones masivas, pasando por la oposición a la regularización de migrantes del Gobierno central, hasta ensalzar el término de “prioridad nacional” son puntos que marcan el paso de la programática de la ultraderecha.
El planteamiento de las deportaciones masivas de inmigrantes se remonta al verano de 2025, cuando la diputada Rocío de Meer habló en una rueda de prensa de un macroproyecto del partido de Santiago Abascal de “reemigración” con un espectro de alcanzar a ocho millones de personas. Una cifra sobre la que se generó polémica entre las voces de Vox y la cobertura mediática que se brindó en su momento: “Si de 47 millones de habitantes, más o menos 7 o más de 7 millones, porque tenemos que tener en cuenta la segunda generación… 8 millones de personas han venido de diferentes orígenes en muy corto periodo de tiempo. (…) Tendrán que volver a sus países. Apostamos por este proceso de reemigración porque hay algo importante que preservar”, dijo expresamente la diputada el pasado 7 de julio.
Una cuestión que fue rescatada este miércoles por la portavoz nacional de Agenda de España y en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, quien anunció deportaciones masivas como modelo alternativo y eficaz a las políticas “buenistas” del Gobierno de Pedro Sánchez, en alusión a la regularización de migrantes ya vigente. En estos términos, lamentó que los centros de menores no acompañados se han terminado por convertir en “un símbolo devastador de las políticas de acogimiento indiscriminado”, culpando a Génova y Ferraz de ello, a quienes culpó de “estar acabando con la seguridad y con la convivencia”.
Tomando como ejemplo el centro de menores de Vitoria, Pérez Moñino reiteró que Vox se opone a las políticas “buenistas” en materia migratoria, advirtiendo que la vía más eficaz sería aplicar deportaciones: “Cerraremos todos los centros de ilegales y mandaremos a los jóvenes a sus países con sus padres y con su rey”, sentenció.
Cabe matizar que esta teoría contraria a la migración bebe del ideario de la extrema derecha europea, encontrándose ejemplos de similar calado en el Frente Nacional francés, que acuñó el término de ‘gran reemplazo’; asimismo, desde Alemania, en noviembre de 2023 se llegó a plantear la expulsión de millones de migrantes, aunque finalmente no se llevó a cabo.
Bulos y oposición a la regularización
Desde el momento que el Ejecutivo central anunció a principios de este año un pacto con Podemos en el que impulsaban la regularización masiva de en torno a medio millón de inmigrantes, una medida que ya se ha venido acometiendo en España en otros momentos de la historia reciente y en manos de Gobiernos de distinto color político, Vox optó desde el ‘minuto uno’ por rechazar la propuesta, la cual, finalmente, ya está en vigor.
Desde Bambú hasta Génova, la línea argumental ha venido defendiendo que otorgar la ciudadanía a extranjeros que llevan meses residiendo en España y, por ende, trabajando, alteraría el censo electoral o incluso que estos papeles podrían llegar a manos de personas con antecedentes penales. Ni uno ni otro espectro es verdad.
La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, antes de la aprobación y su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), habló de “invasión” y “efecto llamada”, de incremento de la delincuencia, de colapso en los servicios públicos y de impacto en el censo electoral.
Sin quedarse únicamente en el plano político, los de Abascal avanzaron este mes de abril que llevarán, al igual que advirtió la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la regularización de migrantes ante el Tribunal Supremo solicitando su suspensión cautelar.
La regularización, por ende, no es sinónimo de nacionalizar a estas personas, por lo que aquellos solicitantes, cuando terminen dichos trámites, no tendrán derecho a voto en elecciones generales, autonómicas o municipales. Al tiempo, tampoco hay parámetros oficiales que prueben que este proceso vaya a aumentar la criminalidad.
“Prioridad nacional”, clave en la agenda antimigratoria de Vox
Como último punto a tener en cuenta en la programación de la ultraderecha sobre cómo gestionar esta cuestión, se encuentra la polémica emanada del pacto de Gobierno con el Partido Popular de María Guardiola en Extremadura, del que surgió el término “prioridad nacional”, por el cual desde Vox buscan priorizar que los recursos y servicios sociales sean para los españoles, como bien puede ser la sanidad pública, dejando en un segundo plano a la población inmigrante siempre y cuando no se trate de un asunto de “urgencia vital”.
El germen de la “prioridad nacional” llegó a todos los recovecos del debate político nacional, llegando Vox a presionar con llevar esta propuesta al ámbito español al completo y no sólo centrándose en sus pactos pendientes en las comunidades autónomas que se han sometido al escrutinio de las urnas en los últimos meses. Por ello precisamente, Abascal confrontó en términos con Feijóo, ya que desde Génova rebajaron su apoyo a esta medida señalando que esta prioridad se centrará en el grado de “arraigo” al país que tengan las personas afectadas.
Días más tarde, la “prioridad nacional” de Vox se vio a su vez plasmada en el pacto de Gobierno de Aragón, de nuevo en manos de Jorge Azcón y, como en Extremadura, dependiente de la ultraderecha para esta nueva legislatura. Queda por ver, en este sentido, qué sucederá en Castilla y León, aún con las negociaciones de Alfonso Fernández Mañueco en plena incertidumbre y, esencialmente, en Andalucía, donde Juan Manuel Moreno Bonilla se enfrentará a las urnas el 17 de mayo con la incógnita de si obtendrá mayoría absoluta o cumplirá con la cadena de resultados de otras comunidades autónomas.
Otro de los puntos en caliente de esta “prioridad nacional” radicó en la oposición de Vox a ONGs que brindan ayuda a este sector de la población más vulnerable. Por ello, Cáritas dio un paso al frente para desmontar uno de los bulos más difundidos: que las personas regularizadas colapsarán los servicios sociales, debido a que la realidad es que estas personas cotizan, pagan impuestos y contribuyen en la Seguridad Social por llevar un tiempo residiendo en España.