El juez Enrique López, vinculado estrechamente al Partido Popular, será el ponente del tribunal que juzgará a los procesados por la primera pieza del caso Gürtel, desde 1999 y 2005. Las acusaciones están valorando ya unir su estrategia para intentar que Enrique López renuncie a tomar parte en este proceso, según adelanta Infolibre. Desde el PSM, se apunta al vínculo del magistrado con uno de los imputados, el empresario Jose Luis Ulibarri. Cuesta digerir que forme parte del tribunal que juzgará al PP en este proceso un juez que le sirvió, entre 2002 y 2008, de portavoz y ariete imprescindible como portavoz del Consejo General del Poder Judicial –a donde llegó gracias, precisamente al PP- contra leyes socialistas como el aborto y el matrimonio homosexual, o contra la negociación con ETA y el Estatut.

Rajoy le impuso a dedo
El PP en el Gobierno le llevó también con su voto al Tribunal Constitucional, en 2013 a pesar del rechazo unánime de toda la oposición por su claro alineamiento al partido, y, además, porque carecía del prestigio y experiencia, ya que no acumulaba los 15 años requeridos. El Ejecutivo popular lo impuso gracias a la cuota que le correspondía en ese órgano, después de su fracasado intento años antes por la vía del Senado.

Su forzada dimisión
A pesar de tanto empeño, López se vio forzado a dimitir como integrante del Constitucional en junio de 2014 tras ser cazado de madrugada conduciendo ebrio y sin casco por el paseo de la Castellana de Madrid. El magistrado terminó reincorporándose a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Colaborador de FAES y La Razón
Ha sido un colaborador activo de la Fundación FAES, que preside José María Aznar, que fue quien le aupó al Consejo General del Poder Judicial en 2001; un tertuliano habitual de cadenas conservadoras, como Intereconomía, en su etapa como portavoz del órgano de los jueces; además, es columnista de La Razón, donde ha defendido su postura ultraconservadora y radical sobre temas como el fin del terrorismo de ETA, el matrimonio homosexual o la violencia de género.

Ariete contra Zapatero
López tildó de “irresponsable” al Gobierno de Zapatero por intentar desde la negociación el fin de ETA; defendió la “regulación de la cadena perpetua en España o poner “límites a los derechos de reunión y manifestación”.

“Es paradójico que los mismos que entienden natural la existencia de límites del derecho a la vida, como el aborto y la eutanasia, no admitan que se hable de límites a otros derechos, como el de reunión y manifestación”, defendió el magistrado.

Sus escandalosas opiniones sobre el matrimonio gay y la violencia de género
Sobre el matrimonio homosexual afirmó, en enero de 2005, que se trataba de “un cambio radical, como sería llamar matrimonio a la unión de más dos personas o la unión de un hombre y un animal”. Y respecto a la Ley de Igualdad de Violencia de Género opinó, en julio de 2004, que “atenta contra el principio de igualdad, ya que resulta discriminatorio para el hombre”.

Los recortes, como la quimio
El magistrado conservador ha apoyado también los recortes sociales de Rajoy, que ha equiparado con los tratamientos de “quimioterapia contra el cáncer: a corto plazo suponen un empeoramiento, pero a la larga suelen devolver la salud al enfermo”, ha dicho el magistrado, que, además, fue un aliado valioso para el PP contra el Estatut catalán, al que definió como “un proceso irregular que sólo busca la reforma de la Constitución".

“Si la Constitución establece que se fundamenta en la indivisible unidad de la Nación española, ¿por qué se crean y amparan nuevos conceptos de nación?”, decía el juez para criticar el concepto de nación incluida en el Estatut.

Vinculado a través de un familiar a un empresario de Gürtel
Enrique López, a quien sus colegas apodan por su flequillo canoso El flequi o Juez Clooney, y que es amigo de los exministros populares Federico Trillo y José María Michavila, aparece vinculado a la trama Gürtel a través de uno de los empresarios imputados en la trama, José Luis Ulibarri.

Miguel Manovel, casado con una hermana del magistrado, trabajó para Ulibarri como directivo y miembro de los consejos de varias de sus empresas, es decir, que firmó las cuentas de 2005 presentadas por la empresa UFC, una de las empresas investigadas en el caso Gürtel. Ese año, la compañía obtuvo una adjudicación irregular de una parcela municipal en Boadilla (Madrid).