Este sábado se publicaba en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Plan Estatal 2018-2021, con el que el Gobierno anunciaba nuevas ayudas directas a colectivos vulnerables y afectados por la epidemia del coronavirus que no puedan pagar el alquiler. Una orden que tanto Partido Popular y Vox han manipulado, señalando que permitirá expropiaciones de viviendas privadas e incluso amparara ‘okupaciones’ u otras prácticas ilegales.

Unas acusaciones que han negado desde el Gobierno. “No se faculta la expropiación, se permite que la ayuda del plan se pueda destinar a pagar una vivienda dentro de cualquier régimen admitido en Derecho”, ha explicado el secretario general de Vivienda, David Lucas, a Europa Press.

Asimismo, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha querido también aclarar a través de las redes sociales que “el programa de ayudas a las víctimas de violencia de género y personas desahuciadas no permite la expropiación de viviendas vacías ni segundas residencias”.

De esta manera, según ha defendido el Ministerio tutelado por José Luis Ábalos, dicha orden “habilita a las administraciones a buscar una solución habitacional, incluso en el mercado privado, si las administraciones no pueden ofrecer alguna”. De hecho, el Plan Estatal de Vivienda se llevó a cabo en 2018, cuando entonces gobernaba el PP, y ya entonces el real decreto facultaba "a las administraciones”, es decir a las CCAA, “a recurrir al mercado para buscar esa solución habitacional”.

“Por supuesto no es una medida inconstitucional ni ilegal, sino una solución más para garantizar el derecho constitucional a la vivienda (art. 47 C.E.) a mujeres maltratadas, personas o familias desahuciadas, personas sin hogar y personas especialmente vulnerables. Fácil para las CCAA: cuando no se disponga de una vivienda pública, podrá darse la ayuda ‘sobre una vivienda adecuada, de titular privada, o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada por las personas beneficiarias, en los mismos regímenes. Esos regímenes son los que aparecer en el mismo párrafo, pocas líneas antes: al alquiler, cesión de uso, o uso cualquier régimen de ocupación temporal admitido en derecho”, han apuntado desde el Ministerio.

A modo de resumen, es que con esta orden se permite a las administraciones a que en “circunstancias urgentes de extrema vulnerabilidad” puedan recurrir, por ejemplo “al alquiler de una vivienda u ofrecer una habitación en un hotel y poder pagarlo con las ayudas del Plan Estatal”.

No obstante, pese a esta aclaración, tanto PP como Vox han insistido en sus críticas. En este sentido, el europarlamentario de Vox Hermann Tertsch acusaba al Gobierno de “colar en plena Semana Santa” una “solución habitacional por la que queda abolida la propiedad privada de la vivienda”. “Similar a las medidas de Chávez que desataron una oleada de ocupaciones protegidas y sancionadas para la violadura del derecho de propiedad”, añadía este. Un pensamiento que también compartía Ignacio Garriga, líder de la formación ultra por Cataluña: “Comunismo que utiliza el estado de alarma para desarrollar media BOE tras BOE, su cambio de régimen. Son peligros, son una amenaza para la democracia y la libertad. Ahora toca abolir la propiedad privada de la vivienda”.

Por su parte, el portavoz adjunto del PP en el Congreso, José Ignacio Echániz, escribía que "el exprópiese ha llegado a España", y emplazaba a actuar al Tribunal Constitucional".