Pedro Sánchez intenta pasar página cuanto antes al impacto político del llamado caso Cerdán. Tras el revuelo provocado por las últimas informaciones del caso Koldo —que apuntan directamente al ya exdiputado Santos Cerdán por supuestas gestiones irregulares con empresas beneficiadas por contratos públicos durante la pandemia—, el líder del PSOE ha activado una respuesta en varios frentes.
Lo ha hecho este lunes, tras una reunión de más de cuatro horas de la Ejecutiva Federal del partido en Ferraz. Un cónclave en el que, con tono solemne y sin admitir preguntas, Sánchez anunció una batería de medidas orientadas a reforzar la transparencia interna, renovar la cúpula organizativa y reafirmar su compromiso con la rendición de cuentas. La reacción llega en un momento de fuerte presión política tanto por parte de la oposición como de sus propios socios de Gobierno.
El presidente confirmó que José Luis Ábalos ha sido finalmente expulsado del PSOE, en el marco de un expediente abierto desde febrero. Además, informó de que Santos Cerdán ha entregado su acta de diputado y ha causado baja como militante. Este movimiento implica que Cerdán pierde el aforamiento como parlamentario y queda así expuesto a una posible imputación judicial en caso de que así lo determine la investigación.
Para reforzar el compromiso del partido con la transparencia, Sánchez anunció también que se encargará una auditoría externa e independiente de las cuentas del PSOE, al margen del control del Tribunal de Cuentas. A esta medida se sumará un sistema de triple control financiero que afectará tanto a las cuentas del ejercicio de 2024 como a los mecanismos de gestión de futuras campañas.
En paralelo, el presidente comunicó una renovación temporal de la estructura del partido. La Secretaría de Organización, hasta ahora dirigida por Cerdán, pasa a manos de un equipo colegiado interino formado por Cristina Narbona, Montse Mínguez y Borja Cabezón. Este grupo se encargará de gestionar el área hasta el próximo Comité Federal, convocado para el 5 de julio, donde se abordará una renovación completa de la dirección orgánica.
Pedro Sánchez también anunció que comparecerá voluntariamente en el Congreso de los Diputados para ofrecer explicaciones ante la cámara, subrayando su compromiso con la rendición de cuentas y la separación de poderes. En su intervención, defendió que el PSOE es “una organización limpia” y afirmó que los hechos conocidos no deben “ensuciar la trayectoria del partido”. “Somos distintos porque cuando se comete un error, se actúa”, sentenció, lanzando un mensaje a PP y Vox: si consideran que el Gobierno ha perdido la legitimidad, les instó a presentar una moción de censura.
Desde el socio de coalición, Sumar, las explicaciones de Sánchez no han sido bien recibidas. Yolanda Díaz ha reclamado medidas más contundentes: una reforma legal que elimine los aforamientos, mecanismos para impedir que empresas implicadas en casos de corrupción accedan a contratos públicos, y la activación urgente de una comisión de seguimiento del pacto de Gobierno para desbloquear compromisos sociales pendientes, como la ley de cuidados, la prestación universal por crianza o el impulso de políticas de vivienda.
Pese a la magnitud del escándalo y el ruido político, Sánchez descartó tajantemente cualquier posibilidad de adelanto electoral o de someterse a una cuestión de confianza. Aseguró que “entregar las riendas del país a PP y Vox sería una tremenda irresponsabilidad”, y defendió que su Gobierno sigue siendo la mejor garantía de estabilidad frente al bloque conservador.
Ahora, con las cartas sobre la mesa y las decisiones ya tomadas por el presidente del Gobierno, la pregunta es inevitable: ¿basta con estos movimientos para cerrar la crisis abierta en el PSOE? ¿Son medidas valientes y suficientes, o gestos de contención sin calado real? ¿Ha sabido Sánchez responder con contundencia, o la presión política y social exige ir más allá? A continuación, te invitamos a participar en nuestra encuesta y dejar tu opinión sobre cómo valoras las medidas adoptadas para afrontar el llamado caso Cerdán.