Pagos encubiertos, leyes a medida y una supuesta red de favores desde el corazón del Ministerio de Hacienda. La imputación de Cristóbal Montoro, pieza clave en los gobiernos de Mariano Rajoy, ha destapado un caso que afecta no solo a una persona, sino al prestigio institucional del Estado. La investigación judicial no habla de un error puntual, sino de una estructura con apariencia de "organización criminal", donde altos cargos del ministerio, antiguos socios de Montoro y empresas energéticas habrían colaborado para convertir la legislación fiscal en una herramienta al servicio de intereses privados. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del Partido Popular?
El juez Rubén Rus, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, sostiene que durante al menos dos etapas —2013 y 2018— se impulsaron reformas normativas que favorecieron directamente a compañías del sector gasista. Según el auto, estas empresas no solo se beneficiaron de cambios fiscales, sino que participaron activamente en la redacción de las leyes que luego fueron aprobadas por el Ejecutivo del PP. A cambio, pagaron cerca de 780.000 euros al despacho Equipo Económico (EE), fundado por Montoro y gestionado por su círculo más cercano.
Aunque Cristóbal Montoro sostiene que se desvinculó de su despacho en 2008, la investigación judicial concluye que su influencia se prolongó durante años gracias a sus relaciones personales y al poder político que mantuvo en el Ministerio de Hacienda. Según el juez, Montoro habría utilizado sus competencias para facilitar reformas legislativas que beneficiaron directamente a empresas gasistas, en detrimento del interés público, ofreciendo al despacho Equipo Económico la posibilidad de intervenir en el diseño de las leyes.
La causa involucra a una amplia red de altos cargos del ministerio durante su etapa al frente de Hacienda, como Miguel Ferré, Pilar Platero, Diego Martín-Abril o Santiago Menéndez, así como a responsables de Equipo Económico, entre ellos Ricardo Martínez Rico y Salvador Ruiz Gallud. Todos ellos habrían tenido vínculos con un esquema que permitía canalizar las peticiones de empresas privadas hacia reformas favorables en el ámbito fiscal.
Entre 2011 y 2019, el despacho recibió al menos 779.705 euros de compañías como Air Liquide, Abelló, Praxair o la asociación de gasistas AFGIM. El juez describe una operativa sencilla: las empresas contrataban los servicios de EE, que activaba su red de contactos dentro del ministerio para modificar leyes según los intereses de esas firmas. Montoro, en la cúspide del sistema, habría dirigido esta estructura, garantizando desde su cargo que las reformas tramitadas por Hacienda respondieran a los encargos gestionados desde su antiguo entorno.
Desde el PP, las primeras reacciones han sido de cautela. Ningún dirigente ha asumido responsabilidades políticas y, por ahora, se limitan a recordar que Montoro ya no forma parte activa del partido. Sin embargo, la magnitud del caso y el número de implicados —28 personas, entre ellas funcionarios en activo y ex altos cargos— hace difícil sostener que se trató de una actuación individual. La duda crece entre la ciudadanía: ¿realmente nadie en la cúpula del PP conocía lo que estaba ocurriendo?