Pagos del PP a una empresa fundada por Montoro, reformas fiscales favorables a empresas privadas, beneficios millonarios y varios ex altos cargos imputados. Las piezas del puzzle que componen el caso Montoro apuntan a algo más que una simple consultoría: revelan un patrón de colaboración entre intereses partidistas y decisiones institucionales que ahora la Justicia investiga con lupa.
Lo que comenzó siendo una firma de asesoría fiscal acabó funcionando —según las investigaciones— como un canal privilegiado entre el poder político y los intereses empresariales. La consultora Equipo Económico, creada por el exministro Cristóbal Montoro en 2006, no solo facturó más de 70 millones en menos de dos décadas, sino que, gracias a su cercanía con el Ministerio de Hacienda durante los gobiernos del PP, habría influido en normativas clave a cambio de pagos de empresas como Codere o AFGIM, vinculadas a sectores como el gas y el juego.
El escándalo ha escalado con la aparición de documentación contable del Partido Popular en la que figuran pagos directos a esta consultora: 7.080 euros en 2010 y 21.240 euros en 2011. Las cantidades, aparentemente menores, cobran otra dimensión cuando se cruzan con el contexto: en esas fechas, Montoro ya había regresado a la primera línea política y ocupaba el cargo de ministro de Hacienda. Aunque el exministro asegura haberse desvinculado del despacho en 2008, los indicios recogidos por los Mossos d’Esquadra y por la Fiscalía Anticorrupción sugieren que la red de influencias siguió operando con fuerza durante su etapa en el Gobierno.
La trama, además, no se sostiene sobre el papel de Montoro en solitario. En torno a Equipo Económico giraban antiguos altos cargos del PP como Rafael Catalá, Salvador Ruiz Gallud, Luis de Guindos o Felipe Martínez Rico. Varios de ellos pasaron sin transición de sus despachos privados a posiciones estratégicas en la Administración Pública y viceversa, en un sistema que ahora se investiga por presunto tráfico de influencias, prevaricación y cohecho.
La gravedad del caso ha forzado a la dirección nacional del Partido Popular a marcar distancias con el exministro, hoy formalmente fuera del partido. Sin embargo, no han trascendido declaraciones oficiales sobre los pagos realizados desde Génova a su antigua consultora. Tampoco se ha anunciado la apertura de ninguna investigación interna ni la intención de rendir cuentas públicamente sobre estas contrataciones.
En este contexto, resurge una pregunta clave: ¿hasta qué punto debe un partido político asumir responsabilidades por las decisiones tomadas durante su etapa de Gobierno, especialmente si esas decisiones afectan al uso del dinero público y a la ética institucional?