Un informe encargado por el propio CGPJ...
El informe del que se han desmarcado se había dado a conocer este mañana con cierto revuelo, ya que en él los jueces se posicionaban en torno a un problema de triste actualidad como el de los desahucios y en el que las medidas gubernamentales brillan por su ausencia, mientras que sí se ha activado un plan de rescate de la banca con dinero público que dará salida al 'banco malo' y a los activos inmobiliarios sobrevalorados en su día y en buena medida procedentes de embargos. Además, se trataba de un encargo de marzo de 2012 del propio CGPJ a un grupo de seis magistrados, dirigido por el vocal Manuel Almenar, para que estudiaran cómo resolver el colapso en el procedimiento civil, el más saturado de todos los órdenes jurisdiccionales.
... que incluyó un oportuno anexo sobre el drama de los deshaucios
El problema para el CGPJ es que el informe incluyó un anexo que abordaba de forma específica como afrontar judicialmente el incremento de desahucios, que se han multiplicado por cinco desde el inicio de la crisis. Así, en ese apartado específico, el informe alerta de que estamos ante "una situación excepcional que requiere soluciones excepcionales" e insta a iniciar "un debate jurídico (el debate social ya existe) y que se plantee una revisión del régimen legal y procesal de ejecución de los préstamos hipotecarios, ya que el número de lanzamientos o desahucios derivados de la ejecución de hipotecas puede considerarse como un auténtico drama social".
"Ligereza" de una banca ahora beneficiada por la ley y las ayudas públicas
El anexo apunta que el crack financiero ha restringido el crédito "y sacado a la luz las miserias de determinados productos" como las "preferentes" o "el sobreendeudamiento de los ciudadanos, que han visto mermada su capacidad de hacer frente a las cuotas". Sus autores critican de las entidades que hayan actuado "con cierta ligereza" en la concesión de créditos y que cuenten con un procedimiento privilegiado para su cobro, que data de 1909 y que deriva en un proceso judicial "extremadamente agresivo" para el deudor. Para corregir este desequilibrio, proponen la extensión al ciente sobreendeudado "de buena fe" de parte de las ayudas que la banca recibe del Estado con el fin de que se "repartan las cargas sociales derivadas de la crisis económica" y califican de "meramente testimoniales" las reformas emprendidas hasta el momento, puesto que únicamente se aplican a deudores en el umbral de la exclusión. Frente a ello, sugieren que las medidas se centren en los supuestos en que la ejecución hipotecaria se refiera a la vivienda habitual o a los locales de negocio, al entender que han de ser objeto de especial protección.
Medidas propuestas
Así, plantean que las ejecuciones hipotecarias se tramiten como cualquier otro crédito, para que el perjudicado pueda disponer de un "catálogo de motivos de oposición", la atribución de facultades al juez para acordar moratorias dejando transitoriamente en suspenso el pago de las cuotas en circunstancias excepcionales, la modificación del régimen de tasación de viviendas y el establecimiento de periodos de carencia en la amortización del capital. Otras medidas necesarias, según estos jueces, pasarían por la regularización imperativa de la dación en pago, la potenciación de las subastas electrónicas por internet, la regularización de un procedimiento concursal específico para las personas físicas y la ampliación de supuestos en que el deudor puede continuar utilizando la vivienda satisfaciendo un canon.
El informe sobre agilización lo firman los magistrados Ángel Galgo Peco, Pilar López Asensio, Enrique García García, María del Mar Hernández Rodríguez, Pablo Quecedo Aracil y Pedro Luis Viguer Soler. Según el CGPJ, no han consensuado el contenido del anexo sobre desahucios.
Jueces provinciales admiten que no están de acuerdo con la actual ley
El debate está en el seno de la magistratura. De hecho, los presidentes de las Audiencias provinciales de España, en las jornadas anuales que se han desarrollado hoy en Toledo, han apuntado la necesidad de desarrollar normativamente la figura de la dación en pago, como posible solución al problema social que en la actualidad plantean las ejecuciones de desahucio. En una rueda de prensa al término de la reunión, el presidente de la Audiencia provincial de Toledo, Manuel Gutiérrez, ha leído una de las conclusiones que han acordado relacionada con los desahucios.
El presidente de la Audiencia toledana ha indicado que el de los desahucios es un tema que les preocupa, que lo están viviendo y sobre el que tienen un conocimiento directo de lo que está ocurriendo. En ese sentido, la presidenta de la Audiencia Provincial de Álava, María Mercedes Guerrero, ha subrayado sobre la ejecución de los desahucios que es algo con lo que no están de acuerdo, pero ha precisado que cuando hay un desahucio judicial, ellos lo que hacen es "aplicar la ley". "Otra cosa es que personalmente consideremos que eso está bien o mal", ha opinado, y ha indicado también que debe ser el Gobierno el que habilite los medios para que eso no ocurra.
