El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. EFE



Unos 500 millones de euros costará el desembolso del 50% de la paga extra pendiente de pago a los funcionarios del Estado, suprimida en 2012, y que el Gobierno se apresura a anunciar ahora a escasos tres meses de las elecciones generales. El objetivo electoralista es tan notorio que ni La Razón, tan fiel a Rajoy, ha podido ocultar las verdades intenciones del Gobierno.

La Razón no oculta el objetivo de "recalar votos"
“El Gobierno de Mariano Rajoy es consciente de la importancia del colectivo de empleados públicos para ganar las elecciones generales, y las últimas decisiones a favor de los funcionarios así lo atestiguan. Con el objetivo de recalar votos entre estos casi tres millones de trabajadores, el Ministerio de Hacienda se comprometió ayer con los principales sindicatos de la función pública”, adelanta hoy La Razón.

El Gobierno fue en 2012 contra los funcionarios
El Ejecutivo se lanza a la caza de votos entre los funcionarios sin complejos y ya ha anunciado ofertas de empleo público al final de la legislatura, olvidada ya la cruzada del PP contra el Gobierno de Zapatero por poner en marcha inversión pública con su Plan E para dinamizar el empleo. En 2012, cuando le tocó anunciar los recortes en la Administración pública, Cristóbal Montoro decía que las instituciones no podían actuar como “oficinas de colocación”.

Aquel año, el Gobierno fue a por los funcionarios en su amplio plan de recortes y les suprimió los días libres denominados moscosos, la paga extra de Navidad y anunció que repondría las plazas descubiertas por jubilaciones. Ahora, a escasos tres meses de las elecciones generales, el Ejecutivo les devuelve todo aquello que les quitó, acompañado con una subida salarial del 1%, después de la congelación de sus sueldos durante cinco años.

En el primer trimestre de 2016
Montoro ya anunció que los funcionarios recuperarían el 25 % de la paga extra retenida en septiembre y el 50 % restante a principios del año próximo, aunque no especificó en qué mes. Según La Razón, será en el primer trimestre del año, probablemente en enero, con un Gobierno en funciones, si el PP gana los comicios de diciembre.

La medida supondrá un abono adicional medio de unos 750 euros a cada uno de los trabajadores de la Administración General del Estado, y será extensible a otras administraciones públicas, entre ellas, comunidades autónomas y ayuntamientos que puedan aplicarse, de acuerdo a su situación presupuestaria.