El Gobierno de España está dispuesto a plantar la doble batalla, contra la familia Franco y contra la Xunta de Galicia, para evitar que el entorno del dictador cobre una indemnización por la devolución del Pazo de Meirás.
Tal y como explicaba en los últimos días este periódico tras hablar con voces conocedoras de la situación, la sentencia del Tribunal Supremo que permitía este acto de reparación dejaba también un fleco suelto, y es que, si bien el Alto Tribunal deja claro que el Pazo debe ser de dominio público, también abre la puerta a una compensación económica como contraprestación a los años en los que la familia del dictador mantuvo la propiedad.
Descontar los años de alquileres impagados
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, confirma que la intención de Moncloa pasa porque a los herederos de Franco se les descuente todos los años de alquileres impagados por el uso de un palacio que nunca fue de su propiedad.
Así lo ha señalado en una entrevista concedida a elDiario.es, donde ha sostenido que “no comparten la obligación de la indemnización a los Franco por abandonar el Pazo e Meirás, ni esa afirmación de que se ocupó de esa manera”, haciendo alusión al veredicto que, gracias a un informe elaborado por el equipo regional, dicta que se ocupó “de buena fe”.
Por el contrario, el ministro dictamina que el lugar “se ocupó durante una dictadura y quienes hicieron uso y disfrute de esa propiedad lo hicieron cuando tenía que ser una propiedad pública”.
En sus respuestas sobre uno de los temas que ha centrado el debate político en los últimos días, Torres desgrana que por dónde pasa el proceso a partir de ahora. El responsable del departamento de Memoria Histórica desgrana que “lo primero que se establece es una tesis de cantidad”, con la que el Gobierno “no está de acuerdo”. “Se habló de una cifra de 800.000 euros que ellos tampoco aceptan”, apostilla.
La cosa no es tan fácil como poner un número sobre la mesa; sino que “hay que acreditar” la existencia de “mejora del espacio y realización de obras”; y el equipo de Pedro Sánchez va a defender que “no hay derecho de indemnización porque también ha habido un uso y un disfrite no abonado durante décadas”.
La pugna judicial se libra aquí en tanto en cuanto “el Supremo no cuantifica el derecho a la indemnización”, por lo que el Ejecutivo central “va a pleitear para sea la menor cantidad posible”. Además, el ministerio exigirá “todos los años que se ha utilizado ese inmueble sin una contraprestación ante un bien público”.
Lugar de Memoria
En lo que respecta a la Xunta, que solicita la transferencia del Pazo para asumir la gestión, pero que no tiene en cuenta que Meirás está declarado como lugar de memoria, cuando se mantienen las dudas sobre el futuro del inmueble, Torres recuerda que “en este momento el inmueble esá en manos de Patrimonio Nacional” y que la voluntad de su gobierno es que “sea un lugar que recuerde todo lo que ocurrió durante todos los años de la dictadura”.
“Queremos que sea un inmueble público, abierto y que muestre la historia, en la que lógicamente cabe la referencia a las letras y la literatura -aquí se refiere a la intención del PP de recordar el paso de Emilia Pardo Bazán-, pero sin ninguna duda de que sea un símbolo de lo que nunca se debe repetir”, asevera.
En la conversación, Torres ha lanzado también un aviso a Feijóo por su cada vez más cercanía con Vox; una relación que queda muy clara en todo lo que tiene que ver con la Memoria Histórica. Y otro ejemplo de ello es la oposición de la derecha y la extrema derecha a la resignificación de Cuelgamuros, antiguo Valle de los Caídos: “Feijóo se equivoca y la sociedad española se lo hará ver por abrazar tesis cercanas al fascismo por un rédito electoral”.