El Pazo de Meirás es uno de esos lugares que resumen a la perfección la historia de nuestro país con la dictadura y los esfuerzos ciudadanos con la memoria histórica: la lucha social y una investigación “rigurosa” permitieron avances muy importantes, pero todavía queda alguna “mancha” que borrar. En este caso, pasa por una indemnización que la familia del dictador podría recibir.
Hay que remontarse a un informe de la Xunta de Galicia para encontrar el origen de esta “anomalía” democrática, como lo califica al Bloque Nacionalista Galego (BNG), partido que, a través de su viceportavoz segundo y diputado, Luis Bará, resume a ElPlural.com estos años de litigio.
Encargado de los temas de memoria histórica, pone de manifiesto a este periódico la relación que en los últimos años el PP ha tenido con los familiares del dictador, destacando algún episodio concreto que se dio cuando el presidente autonómico era Alberto Núñez Feijóo. “Tiene su pasado”, destaca. “El partido tiene sus propias vergüenzas en la relación con los Franco, y un comportamiento muy discutible con ellos”, apostilla.
El PP tiene sus propias vergüenzas en la relación con los Franco
De hecho, el tema principal que concierne a estas líneas parte del informe regional anteriormente mencionado, que pudo incluir un “error”, como indica Bará, pero del que la oposición “advirtió” ante el caso omiso de los ‘populares’.
Ese ‘fallo’ es que la sentencia del Tribunal Supremo, mediante la que se reconoce la titularidad pública del espacio y deja a los herederos un plazo de tiempo para sacar de allí sus enseres personales, también “reconoce la posesión de buena fe por parte de la familia”, con el consiguiente “derecho de indemnización”.
“La Xunta encargó un equipo de expertos históricos y jurídicos el informe, y los juristas introdujeron en la parte final del texto la buena fue posesoria y el derecho a una indemnización empleando el argumento de que la cantidad que hubiere que indemnizar sería inferior al coste que tendría la expropiación del Pazo, que los Franco querían vender por unos 8 millones de euros”.
"No es normal que en una democracia se tenga que indemnizar a quien robó"
Ahora, “hay que examinar los gastos”. “Al principio los Franco hablaban de 800.000 euros, después el doble… Lo que está claro es que van a reclamar una cantidad bastante elevada”, cifra el viceportavoz. “Nosotros decimos que no es normal que en una democracia se tenga que indemnizar a quien robó, tendría que ser al revés y, en todo caso, contar con la gente que sabe de esto para evitar pagar”, continúa.
El diputado recuerda las “inversiones públicas en el Pazo” y “otros beneficios como recalificaciones de terreno”. “Aquí se han dado exclusivas de revistas del corazón, por ejemplo”; ejemplifica, por lo que “se puede demostrar que los Franco se beneficiaron” de varios modos.
La Xunta, reconoce el político nacionalista, ante el “revuelo” de los últimos años, “se adhiere a las vías jurídicas para evitar una indemnización”. “El problema es que la sentencia se ampara en el informe que hizo el gobierno regional y utilizó la Abogacía del Estado”, incide, retrocediendo incluso más en el tiempo: “No es normal que en una democracia la familia de un dictador disfrute de bienes que fueron robados durante 45 años y que, cuando se recuperen, haya que indemnizarlos. Tiene que ver con la no tan modélica transición que tuvimos (…)”.
Se opone a declararlo lugar de memoria histórica
En los flecos actualmente sueltos sobre el Pazo de Meirás, aparece también la posibilidad de declararlo lugar de memoria histórica, algo a lo que el PP, siguiendo su máxima, se opone. Su idea, por el contrario, es “utilizar” la figura de Emilia Pardo Bazán, quien era propietaria hasta que en 1941 pasa a manos de los Franco de forma irregular.
“El Gobierno central está tramitando la declaración como lugar de memoria, pero la Xunta quiere la transferencia a Galicia y utilizarlo como un lugar para la creación cultural contemporánea, cuenta la fuente principal de este artículo. En concreto, el objetivo, en nombre de la cultura, la creación, la igualdad o el feminismo, en palabras del responsable del BNG, sería “evitar que el uso personal se centre en la memoria democrática, la represión franquista y la lucha por las libertades”.
43.000 euros a la familia
En los años 2011 y 2012, en “plena crisis económica” y bajo el mandato de Feijóo, la Xunta “firmó convenios con Carmen Franco y le pagó 43.000 euros”, cuenta el diputado. La intención pasaba por “poner personal de seguridad e información para visitas”, dado que era algo “obligado” al haberse declarado Bien Interés Cultural (BIC). “Cuando un sitio obtiene esta declaración, el propietario tiene que abrir las instalaciones al menos cuatro veces al mes”, concreta.
A más a más, el entorno del caudillo decidió “no hacer visitas”, asunto por el cual “se le abrió un expediente” que “se tramitó” con su respectiva multa, aunque “ridícula”. En cualquier caso, la familia la recorrió y finalmente no se cobró.
