Desmontando la 'nueva cara' de Vox en vivienda: al servicio del PP y de los fondos de especulación

Vox ha encontrado un nuevo filón en el que reposicionarse para ganar rédito electoral: la vivienda. La formación de extrema derecha ha dado un giro de 180 grados en esta cuestión con el nombramiento de Carlos Hernández Quero como portavoz adjunto en el Congreso, cambiando repentinamente su discurso en esta cuestión, situando al obrero (el español, eso sí, manteniendo los tintes xenófobos de su discurso) en el centro y acusando a Isabel Díaz Ayuso de convertir Madrid en una versión "cosmopaleta" de Miami. Sin embargo, lejos de dejarse engañar por el último viraje falangista de la extrema derecha, conviene recordar que, al igual que el Partido Popular, Vox siempre ha estado del lado de la especulación inmobiliaria y de los grandes tenedores y en contra de la vivienda protegida y de cualquier medida que beneficie a la clase trabajadora.

El último volantazo discursivo de Vox pone en el centro a las familias trabajadoras españolas y señala sus dificultades para acceder a la vivienda, pero pasa por alto que ellos mismos son responsables parciales de esa situación. Se pueden poner innumerables ejemplos de ocasiones en los que la formación de extrema derecha ha votado en defensa de los intereses de los especuladores y se ha olvidado de las clases trabajadoras que aseguran defender ahora.

En contra de la reforma de transmisiones patrimoniales

La pasada semana, sin ir más lejos, los de Abascal votaron junto al PP en la Asamblea de Madrid para tumbar la reforma del impuesto de transmisiones patrimoniales de la Comunidad de Madrid para evitar la especulación en el mercado de la vivienda. Se trataba de una Proposición No de Ley presentada por Más Madrid para modificar el tipo fijo básico del 6% en el impuesto de transmisiones patrimoniales a una tarifa variable en función del valor del inmueble o para los casos en que una persona física o jurídica adquiera una segunda vivienda teniendo ya constituida la primera, además de establecer otro tipo fijo del 20% para los casos en que una persona física adquiera una tercera o sucesivas viviendas, con el objetivo de gravar la adquisición de viviendas por parte de grandes tenedores.

Según denunciaba en X el diputado de Más Madrid Jorge Moruno, PP y Vox votaban así en contra de "bajar" este impuesto a los madrileños y de "subírselo a los fondos que compran para especular". "Escuderos de los ricos", lamentaba.

En contra de que las comunidades de vecinos limiten las VUT

En la misma línea, y no tan recientemente, sino en el mes de febrero, la Asamblea de Madrid tumbó con los votos de PP y Vox la proposición de ley de Más Madrid para que las comunidades de propietarios pudieran vetar por mayoría de 3/5 las viviendas de uso turístico (VUT) en sus bloques.

El diputado Pablo Perpinyà puso el foco en la "proliferación descontrolada" de pisos turísticos en barrios de Madrid, que se han transformado en "parques temáticos", y cifró en un 23% el aumento de las VUT en la capital el último año, vinculándolo con la "política de desrregulación" del PP en la ciudad y en la región, insistiendo en la subida del precio del mercado inmobiliario y en el perjuicio sobre el "bienestar de los vecinos". Perpinyà acusó al PP de amparar "actividades mercantiles y piratería turística e inmobiliaria" y tachó al partido de "irreformable e incorregible". A favor de la medida también se posicionó la parlamentaria del PSOE Isabel Cardóniga, quien sostuvo que el PP ha hecho el mercado de la vivienda un "zoco de especulación" porque "muy poca gente tiene un millón de euros" para comprar y poca gente puede pagar "1.500 o 1.700 euros" de alquiler.

Cardóniga valoró que esta situación se profundiza porque "carece de voluntad política para atajar el caos" de las viviendas turísticas, "poniendo en peligro" la seguridad de los vecinos al no saber "quiénes se alojan en esas viviendas ilegales", al tiempo que se está "fomentando el fraude fiscal y laboral". "Los vecinos y vecinas ya están hartos de que no se tome ninguna medida, de que se estén forrando unos pocos, los de siempre, sus amigos", remachó. Vox, en aquella ocasión, también se plegó al PP.

Contra la protección de la vivienda pública y el decreto de tanteo y retracto

Volviendo al presente, la pasada semana la Asamblea de Madrid tumbó una Proposición de Ley presentada por el PSOE para que las viviendas de protección pública no dejen de serlo tras pasar 15 años, el plazo actual que se contempla en la normativa y tras el cual los pisos salen al libre mercado. Los votos de PP y Vox fueron los responsables de esta negativa a un texto que planteaba la modificación de la ley de protección de vivienda pública de la Comunidad de Madrid para hacer que esa calificación sea permanente con el objetivo de proteger las viviendas de esta índole de la especulación.

En cuanto al decreto de tanteo y retracto, que permite a las administraciones públicas comprar edificios que salgan a la venta a precio muy reducido para convertirlos en vivienda pública, se han dado situaciones parecidas en Madrid y en Valencia. Esta misma semana, el PP valenciano, tras anunciar la compra de un edificio de 164 viviendas en una de las zonas más afectadas por la DANA, ha eliminado la herramienta que permitía esa misma adquisición. El Parlamento valenciano votó la derogación del decreto que regula los derechos de tanteo y retracto, que prioriza la compra pública de viviendas sociales y trata de hacer frente a la especulación.

Entre las decenas de artículos que componen la llamada ley de acompañamiento a los presupuestos, sometida a debate y votación la pasada semana en la capital del Turia, se esconde un epígrafe que plantea volver a la legislación de 2004, que limitaba este derecho a las viviendas construidas por la propia Administración pública, muy escasas. El artículo fue introducido por PP y Vox durante el debate de enmiendas porque consideran que es una medida "intervencionista del mercado e ideológica" y rechazan que tenga utilidad, pese a que sirviera, por ejemplo, para adquirir viviendas por un euro y ponerlas a disposición de población vulnerable; o para comprar el edificio en el que se realojó a un centenar de familias tras el fatídico incendio de Campanar. El PP valenciano defendió la derogación y la nueva redacción del decreto de tanteo como una forma de "cumplir con nuestro compromiso electoral de modificar el ideológico decreto ley de tanteo y retracto que imponía el derecho de expropiación de la administración".

En la capital, Más Madrid llevó a proposición al pleno de distrito para que la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo negociase la compra de edificios en Vallecas para este mismo propósito y Vox se abstuvo, además de votar en contra cuando la formación progresista optó por llevar a debate la herramienta del tanteo y retracto.

Vecinos en la calle: del lado de los especuladores

Por otro lado, hace unos días se conoció que casi 200 vecinos del barrio madrileño de Ensanche de Vallecas podrían quedarse en la calle en los primeros meses de 2026 después de que sus viviendas de alquiler asequible hayan sido vendidas al fondo de inversión Mosaic Propco SL, que ya les ha comunicado que no va a renovar los contratos cuando vayan venciendo.

Se trata de pisos de 40 metros cuadrados de una sola habitación, por los que sus inquilinos pagan entre 400 y 600 euros al mes. Muchos accedieron a ellos por cumplir ciertos requisitos: mayores de 65 años, menores de 35 y con unos ingresos máximos. "Me va a tocar irme a la calle con 45 años o, en el mejor de los casos, a volver a compartir casa con mi madre", testifica una de las afectadas.

Durante el pasado mes de octubre, los vecinos se enteraron de que el plazo como VPO (viviendas de protección oficial) había expirado y, por tanto, habían pasado al mercado libre, vendidas al fondo de inversión con quien no han podido negociar. "Te llegan unas cartas de que te van a echar a la calle. Cuando estás pagando bien, estás haciendo las cosas correctamente no me parece ni lo correcto, ni lo normal. Y bueno, pues ahora tienes una angustia y un sinvivir", contaba Javier a la Cadena SER, vecino que se mudó al Ensanche en 2012 tras perder su casa por la crisis de la burbuja inmobiliaria. Esta situación podría evitarse, precisamente, con la aplicación de la protección a las viviendas públicas de manera indefinida a la que se opusieron el PP y Vox.

"Esta es una situación que refleja la crisis de vivienda que provoca el Partido Popular y sus políticas. El alcalde trabaja por una ciudad para los ricos, para los turistas, pero la emergencia habitacional que sufre la gente trabajadora le da exactamente igual", urdió el portavoz adjunto de Más Madrid, Eduardo Rubiño.

En contra de subir el IBI a los grandes tenedores

En el Ayuntamiento de Madrid, el pasado mes de octubre, el Grupo Socialista presentó en el pleno municipal una proposición para aplicar, desde este mismo final de año, un recargo en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a los grandes tenedores, entendiendo como tal a los propietarios de más de cuatro inmuebles de uso residencial que hayan permanecido vacíos durante más de dos años. El PSOE pedía que toda la recaudación adicional se destinara a construir o rehabilitar pisos para la EMVS. La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, enmarcaba esta propuesta en un plan de vivienda "serio, ambicioso y alternativo a la política del alcalde, José Luis Martínez-Almeida". Según el INE, en 2021 había 97.100 viviendas vacías en la ciudad de Madrid. La proposición, no obstante, cayó en saco roto porque el PP y Vox votaron, nuevamente, en contra.

El PSOE valoraba que esta medida "generaría un incentivo" para que los propietarios pongan sus propiedades en alquiler o venta, "aumentando así la oferta y, por ende, bajando el precio de la vivienda". El montante a cobrar sería progresivo, desde el 50% hasta el 100% que contempla la ley, en función de los años que lleve la vivienda vacía. Quedarían exentos de abonar esta tasa las viviendas que tengan un uso distinto al residencial y los casos que estén recogidos en la ley como herencias en disputa, viviendas en reforma o segundas residencias. El portavoz del grupo municipal de Vox, Javier Ortega-Smith, argumentaba que ese impuesto no consistía en una solución porque "el problema reside en que la demanda es superior a la oferta y por eso el precio sube", argumentación exactamente igual a la que daba el propio PSOE para hacer esta propuesta.

Sobre la actitud de Vox, que ahora se pone la capa de superhéroe defensor de la clase trabajadora y de tener una política de vivienda diferente a la del PP, Jorge Moruno sentencia: "No han votado nunca a favor de nada que beneficie a los trabajadores. Siempre del lado de los fondos, los multipropietarios y de AirBnb. Viven de enfrentar a pobres contra pobres, a trabajadores contra trabajadores, a hombres contra mujeres, a los penúltimos contra los últimos para que no se mire a los de arriba". "Siempre se ponen del lado de los especuladores y de los poderosos".