El 18 de julio de 1936 no comenzó un alzamiento espontáneo destinado a salvar a España de una revolución inminente. Lo que se produjo fue un golpe de Estado contra un gobierno legítimo, surgido de las elecciones celebradas en febrero de aquel año. Su fracaso en buena parte del territorio desencadenó una guerra civil y abrió el camino hacia una dictadura que se prolongaría durante casi cuatro décadas.
Noventa años después, persisten los intentos de blanquear aquella sublevación. Determinados autores reaccionarios, plumíferos subvencionados, pseudo historiadores, dirigentes políticos y medios de comunicación bien regados por el PP, siguen recuperando algunos de los argumentos utilizados por la propaganda franquista, es decir, que España vivía sumida en el caos, que la izquierda preparaba una revolución comunista, que el asesinato de José Calvo Sotelo precipitó el levantamiento o que la guerra resultaba inevitable.
No se trata únicamente de una discusión sobre el pasado. La manipulación de lo sucedido en 1936 persigue erosionar la legitimidad de la Segunda República, diluir la responsabilidad de quienes se levantaron en armas y presentar la sublevación militar como una respuesta y mecanismo de defensa. El historiador Ángel Viñas ha denunciado reiteradamente esta construcción de una «contrahistoria» destinada a legitimar el golpe de estado y criminalizar al régimen republicano.
Un golpe planificado antes del asesinato de Calvo Sotelo
Uno de los mitos más repetidos sostiene que el asesinato del dirigente monárquico José Calvo Sotelo, cometido el 13 de julio de 1936, fue el detonante de la sublevación. Sin embargo, la conspiración militar llevaba meses preparándose.
La conspiración golpista de 1936 comenzó tras conocerse el triunfo del Frente Popular en las elecciones creándose toda una trama insurreccional. El general Emilio Mola, considerado el director de esta red golpista, había redactado instrucciones para coordinar el levantamiento y dejar establecido el carácter extremadamente violento de la operación. Su propósito no era corregir una situación coyuntural, sino derribar el régimen republicano y eliminar cualquier resistencia política, sindical o social. Como publicamos en este medio, Mola, desde Marruecos, tendió puentes con Sanjurjo, Franco y otros mandos descontentos.
Este general nacido en Cuba, a mediados de 1936 era ya el cerebro operativo del golpe, al que él mismo definió en sus instrucciones secretas como una acción que debía imponerse mediante una “violencia extrema”. El 18 de julio de 1936, Mola activó la sublevación que estalló la Guerra Civil. Para ampliar información sobre el papel de Mola como arquitecto ideológico y coordinador del levantamiento fascista, recomiendo leer “El Hombre de la Leica” de Fermín Goñi, novela sobre este general franquista
Volviendo al asesinato de Calvo Sotelo, este hecho lamentable, sin duda, fue utilizado como argumento propagandístico para justificar una rebelión que ya estaba organizada. También es cierto que un día antes había sido asesinado por pistoleros de extrema derecha el teniente de la Guardia de Asalto José del Castillo, muy conocido por su compromiso con los socialistas. Pero la conspiración tampoco nació a raíz de esos dos crímenes. Sus preparativos, sus contactos y sus objetivos eran anteriores.
Tampoco fue una operación exclusivamente interna. Los conspiradores buscaron apoyos internacionales y terminaron contando con la decisiva intervención de la Alemania nazi y la Italia fascista, que facilitaron aviones, armamento, combatientes y asistencia militar.
La República no se encontraba ante una revolución comunista
Otra falsedad recurrente presenta la España de 1936 como un país a punto de caer en manos de la Unión Soviética. Según esta versión, el Ejército se habría visto obligado a intervenir para evitar una revolución marxista.
Las investigaciones de historiadores como Ángel Viñas, Preston, Julián Casanova o Santos Juliá, entre otros, han cuestionado esa interpretación. No existía una insurrección comunista en marcha ni una operación soviética destinada a tomar el poder en España. Las organizaciones obreras y republicanas no habían desplazado al Gobierno ni abolido el orden constitucional.
El Frente Popular había ganado las elecciones de febrero y recibido el poder de acuerdo con los procedimientos establecidos. El nuevo Ejecutivo retomó varias de las reformas iniciadas durante el primer bienio republicano, especialmente en los ámbitos agrario, laboral, educativo y militar. Esas transformaciones generaron una fuerte oposición entre los sectores que temían perder poder, influencia y privilegios.
España atravesaba una grave polarización política (como otros países en Europa, ni más ni menos) pero el Estado no había desaparecido ni el Gobierno había dejado de ejercer sus funciones. Fue precisamente el golpe el que quebró la Administración, dividió al Ejército, destruyó la convivencia institucional y convirtió una crisis política en una guerra.
La guerra civil tampoco era inevitable
La idea de que los españoles estaban condenados a enfrentarse constituye otro de los grandes mitos del franquismo. Presentar la guerra como inevitable permite convertirla en una tragedia sin responsables, como si hubiese surgido de manera natural por el carácter violento de la sociedad española.
La guerra, sin embargo, fue consecuencia del fracaso parcial del golpe de Estado. La sublevación triunfó en Galicia, Castilla y León, Navarra, parte de Andalucía, Canarias, Mallorca y otros territorios, pero fracasó en Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha y buena parte de la cornisa cantábrica y de Andalucía.
La movilización de las organizaciones obreras, la resistencia popular y la actuación de unidades militares y fuerzas de seguridad que permanecieron leales a la República impidieron que los conspiradores controlaran inmediatamente el país.
Si el golpe hubiera triunfado en todo el territorio, no se habría producido una guerra civil prolongada, sino la implantación inmediata de una dictadura. El conflicto comenzó porque una parte de España resistió la rebelión militar. Por tanto, no fue la República la que condujo inevitablemente a la guerra, sino que fue el intento de destruirla por la fuerza. Paradójicamente, fue el fracaso del golpe de estado, lo que provocó el inicio de la Guerra de España, como califican algunos historiadores este conflicto bélico, asumiendo que fue el comienzo de otras guerras y de la llegada del fascismo a Europa con Hitler y Mussolini, como principales protagonistas.
La falsa equidistancia de los “dos bandos”
Otro argumento revisionista sostiene que en ambos lados se cometieron los mismos crímenes y que, por tanto, todas las responsabilidades pueden considerarse equivalentes. Aunque hubo asesinatos y graves episodios de violencia en las dos zonas, su origen, finalidad y continuidad fueron diferentes.
En el territorio republicano se desató, especialmente durante los primeros meses, una violencia revolucionaria que provocó asesinatos, persecuciones religiosas y ajustes de cuentas. El Gobierno republicano, debilitado por la sublevación y por el derrumbe inicial de parte de sus estructuras, trató de recuperar el control, reconstruir los mecanismos judiciales y frenar aquella violencia.
En la zona dominada por los sublevados, la represión formaba parte del propio diseño del golpe. No fue un fenómeno meramente espontáneo, sino un instrumento para paralizar a la población, destruir las organizaciones políticas y sindicales y eliminar cualquier oposición. Las instrucciones de Mola reclamaban una actuación extremadamente violenta y defendían la necesidad de sembrar el terror. «Es necesario propagar una atmósfera de terror. Tenemos que crear una impresión de dominación. Cualquiera que sea, abierta o secretamente, defensor del Frente popular, debe ser fusilado.», afirmaba Mola ante un grupo de alcalde en Pamplona, al dia siguiente del golpe, el 19 de julio de 1936.
La represión tampoco terminó con la guerra
Tras la victoria franquista continuaron las ejecuciones, los consejos de guerra sin garantías, las cárceles, las depuraciones profesionales, los trabajos forzados, el expolio económico y las humillaciones públicas. Miles de mujeres fueron encarceladas, rapadas, obligadas a ingerir aceite de ricino, separadas de sus hijos o castigadas por su militancia y por el simple parentesco con republicanos.
Un falso mito ¿Qué intereses confluyeron en la rebelión?
Otro mito a desmontar es que la conspiración y el golpe fue cosa de los militares insurrectos. No, fue así. El Alzamiento Nacional (así denominado por los fascistas) reunió a militares desleales, falangistas, monárquicos y sectores de la derecha más reaccionaria. También recibió el respaldo de importantes grupos económicos, terratenientes y de buena parte de la jerarquía de la Iglesia católica.
Cada uno defendía sus propios intereses. Los grandes propietarios pretendían impedir o revertir la reforma agraria; determinados empresarios rechazaban los avances laborales y la intervención sindical; la jerarquía eclesiástica aspiraba a recuperar el poder perdido por las reformas laicas; la aristocracia quería conservar sus privilegios, y numerosos militares reclamaban el restablecimiento de un orden jerárquico y autoritario.
Por ello, el golpe no puede separarse de la voluntad de frenar el programa modernizador de la República. Bajo las apelaciones al orden, la patria y la religión se encontraba también la defensa de unas estructuras sociales y económicas profundamente desiguales.
Por tanto, y en conclusión, el 18 de julio no fue un acto preventivo frente a una revolución ni una respuesta inevitable al desorden. Fue una sublevación militar en toda regla contra la legalidad constitucional y contra un Gobierno nacido de las urnas. Su fracaso parcial provocó una guerra devastadora y su victoria culminó en una dictadura asentada sobre la represión, el miedo y la eliminación de las libertades.
Una verdad histórica se impone: la República tenía el derecho y el deber de proteger la legalidad democrática, mientras que los sublevados carecían de legitimidad para destruirla mediante las armas.
La extrema derecha, los herederos de los golpistas, acechan
Noventa años después, combatir las falsedades del 18 de julio continúa siendo una obligación democrática. Porque cuando se blanquea un golpe de Estado no solo se manipula la historia, sino que también se debilita la condena presente y actual de quienes pretenden sustituir las urnas, la Constitución y los derechos ciudadanos por la violencia y el autoritarismo. Y no olvidemos que los herederos del franquismo, la extrema derecha ya no solo es que acecha, sino que ya gobierna en comunidades autónomas y ayuntamientos. Si llega a la Moncloa, ojalá no, me temo lo peor porque aprendo de la historia que no se repite, pero rima.
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