La derecha mediática anuncia otro informe de la UCO contra Cerdán, pero calla ante el retraso con el del novio de Ayuso

La derecha mediática prepara el terreno para un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil contra el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en el que quedaría presunta constancia de que fue una persona clave para el amaño de obra pública desde el Ministerio de Transportes. Al mismo tiempo, completo silencio al respecto de la ausencia del informe sobre Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que fue requerido por la Fiscalía Anticorrupción hace casi medio año. 

Según publica El Mundo, el análisis de la documentación incautada el pasado mes de junio a la empresa Servinabar 2000 SL, a nombre de Santos Cerdán y constituida en instrumento mercantil para canalizar las presuntas comisiones ilegales cobradas por el ex diputado socialista, ha provocado que la Guardia Civil relance el caso con nuevas pesquisas de investigación. Por ello, el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ordenó registrar las sedes de la multinacional Acciona en Madrid y Bilbao en busca de documentación sobre los amaños de obras llevados a cabo en la época en la que José Luis Ábalos era ministro de Transportes.

Desde que el pasado mes de junio la UCO presentase un informe en el que se conocía el cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obra pública, Acciona ha estado en el punto de mira de los investigadores. Actualmente, Cerdán se encuentra en prisión preventiva por delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias por los amaños y ante el riesgo de destrucción de pruebas.

La 'pereza' de la UCO para investigar a González Amador

El apremio de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil con el 'caso Koldo' y Santos Cerdán contrasta especialmente con la pereza con la que han operado con la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. 140 días, 20 semanas, han pasado ya desde que la justicia, más concretamente la Fiscalía Anticorrupción, solicitara a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que elaborase un informe sobre él, en relación a las causas de la segunda investigación que se le atañe, por corrupción de negocios y administración desleal. Un informe del que, cinco meses después, todavía no se conoce ningún detalle ni se sabe cuándo podrá estar disponible. 

140 días sin deslizar un solo dato sobre el informe que requirió en su día el Ministerio Público. "Que se encomiende a la investigación de los hechos atendiendo a la complejidad y al carácter interprovincial de la trama aparentemente delictiva", solicitó la Fiscalía el pasado 27 de junio, en pleno verano. A la Guardia Civil se le solicitaba que se concentrase en recabar información de la segunda pieza de investigación a la pareja sentimental de la dirigente madrileña, es decir, la que compete a la corrupción en negocios y administración desleal.

Tal y como tuvo acceso ElPlural.com, en el informe se recuerda el incremento patrimonial que registró la empresa del investigado, Maxwell Cremona, entre 2020 y 2021, años en los que se le acusa de haber cometido fraude fiscal por valor de más de 350.000 euros a la Agencia Tributaria, y en relación así con la compraventa de material sanitario durante la pandemia de coronavirus. A fecha de hoy, la UCO aún no ha respondido a esta solicitud formal. Un escenario judicial en el que se personaron como acusación las secciones madrileñas del PSOE y Más Madrid.

Esta diferencia de apremio entre causas queda escenificada si se atiende a causas como la de Santos Cerdán, la mujer de Pedro Sánchez o la del 'caso Koldo'. Pese a llevar ciento cuarenta días sin dar un solo dato acerca del informe de Alberto González Amador, el retraso con el que llega el documento solicitado choca frontalmente con la celeridad con la que el mismo organismo dio al juez Juan Carlos Peinado un documento similar que, en su caso, contenía un centenar de correos electrónicos distribuidos en 34 páginas de extensión en el marco de la investigación judicial contra Begoña Gómez.

El controvertido juez que investiga a la esposa del líder del Ejecutivo dio dos días a la UCO para entregar el informe que analizara los mensajes de Cristina Álvarez, su asesora en La Moncloa y quien hiciera las veces de intercesora ante los más de quince patrocinadores de la cátedra que Gómez dirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). El objetivo del juez pasaba por encontrar algo punible tras la defensa de ambas, en la que mantenían que Álvarez en ningún caso se había extralimitado de sus funciones y que el intercambio de correos con la UCM obedecía a un "favor" puntual. La diferencia de tiempos de operación en uno y otro supuesto, no obstante, es notoria: de un lado, meses; del otro, apenas fueron necesarios unos días.