Una denuncia presentada el pasado 12 de marzo ante la Inspección Provincial de Trabajo de Madrid describe la existencia de un “clima laboral intimidatorio, degradante y hostil” en la Junta Municipal de Chamartín. El escrito señala por acoso laboral institucional, riesgos psicosociales y deterioro del servicio público a la concejala presidenta del distrito, Yolanda Estrada, así como a otros dos responsables del Ayuntamiento encabezado por el popular José Luis Martínez-Almeida.
Once días después, el 23 de marzo, el caso dio un paso más con la presentación de una demanda ante los juzgados de lo Social de Madrid, según la documentación consultada.
Este segundo escrito, que incluye el sello oficial de la Junta de Chamartín, sitúa el foco en la coordinadora general del distrito, Alicia Gregorio Arroyo, y reclama la adopción de medidas cautelares urgentes para frenar lo que considera una vulneración de derechos fundamentales como la dignidad en el trabajo, la integridad moral o la salud laboral.
La denuncia describe un deterioro progresivo del ambiente laboral desde la llegada de Estrada a la Junta en junio de 2023, con consecuencias graves para la plantilla, como episodios de ansiedad, crisis nerviosas o llantos en el puesto de trabajo. También apunta a un elevado número de ceses —al menos nueve, según el escrito—, así como bajas médicas prolongadas y numerosas solicitudes de traslado a otros destinos.
El denunciante, que mantiene el anonimato por temor a represalias, atribuye buena parte del agravamiento de la situación al nombramiento de Gregorio en septiembre de 2024.
Según el relato, se habrían producido humillaciones, descalificaciones públicas, gritos y presiones sobre los empleados, además de amenazas relacionadas con la continuidad en el puesto, restricciones de permisos o vigilancia fuera del horario laboral.
Asimismo, se indica que el relevo en la coordinación se produjo tras el cese del anterior responsable mientras se encontraba enfermo, y que a partir de ese momento el clima interno habría derivado en un entorno marcado por el miedo y la presión constante.
Por ello, la demanda solicita, entre otras medidas, el cese inmediato de las conductas denunciadas, la limitación de funciones de la coordinadora y una evaluación urgente de los riesgos psicosociales en el distrito.
El paso a la vía judicial se produce, según el escrito, ante la falta de actuación de la Inspección de Trabajo, que no habría iniciado investigaciones tras la primera denuncia. También se señala la posible responsabilidad de altos cargos municipales, como el director general de Función Pública, por no haber adoptado medidas pese a conocer la situación.
Desde el área municipal correspondiente aseguran que no han recibido requerimientos de la Inspección de Trabajo sobre este caso y que tampoco constan actuaciones en los órganos internos de prevención de riesgos o resolución de conflictos. Subrayan que no se ha activado el protocolo habitual para casos de acoso laboral.
Diversos testimonios recabados respaldan la existencia de un ambiente laboral deteriorado, con denuncias de trato vejatorio, ceses considerados arbitrarios y pérdida de condiciones laborales.
Algunas fuentes aseguran que la situación está afectando incluso al funcionamiento de los servicios públicos, con dificultades para cubrir plazas y una creciente rotación de personal.
El contexto ha generado preocupación interna y se suma a otras denuncias recientes sobre el clima laboral en juntas de distrito del Ayuntamiento de Madrid. Mientras tanto, el caso queda pendiente de la actuación judicial y de una eventual investigación que determine el alcance de los hechos denunciados.
