La semana arrancaba con una de las citas judiciales que más se esperaba desde hace unas semanas, no siendo otra que la vista preliminar del caso Begoña Gómez. El juez Peinado citaba a los acusados bajo amenaza de recurrir a los cuerpos de seguridad si no acudían, así como valorando seriamente la petición de las acusaciones populares de proceder a la retirada de los pasaportes, argumentando un riesgo de fuga, y pidiendo comparecencias quincenales ante la Justicia.
Era esta en la última ocasión, presumiblemente, en la que el magistrado iba a encontrarse con los acusados, poniendo especial empeño en que Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés estuvieran presentes. Ahora el juez, quien ha protagonizado numerosas polémicas a lo largo del proceso de Instrucción por su forma de gestionarlo, debe decidir esta semana si continúa la causa abriendo juicio oral o no. Un paso en el cual podría hallar, nuevamente, reproches por parte de instancias superiores, que, a lo largo de los dos años en los que se ha venido encargando de este caso, le han recriminado la manera en la que lo ha abordado, así como criticado la falta de pruebas y escasa argumentación con la que, en repetidas ocasiones, ha insistido en que la causa avance.
Tal y como se mencionaba, uno de los principales motivos por los que esta vista preliminar se tornaba especialmente protagonista era, más allá de llegar a su fin una controvertida fase de Instrucción, por la amenaza de retirada del riesgo de fuga. Esto era medida que se ponía sobre la mesa, despertando especial polémica ya que, ante hechos como que Begoña Gómez vive rodeada de policías o que Juan Carlos Barrabés padece un estado de salud bastante delicado, no se entendía necesaria.
Precisamente, una de las personas que más severas se ha mostrado en sus críticas al juez Peinado ha sido el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, quien aprovechó su intervención para cargar duramente contra la gestión que el magistrado ha realizado de la causa durante los últimos dos años. El letrado no solo rechazó una por una las acusaciones formuladas contra su clienta, sino que fue más allá al denunciar una supuesta instrumentalización política del procedimiento judicial.
Camacho sostuvo que la causa carece de base sólida y llegó a definirla como un "procedimiento fantasma", asegurando que se está utilizando con el objetivo de desgastar políticamente al Gobierno de Pedro Sánchez. "Se está haciendo política, pero se está haciendo política en el sitio equivocado. Quien quiera hacer política que vaya a la calle, no a un tribunal", defendió durante la vista, reprochando que los juzgados se conviertan en un espacio para la confrontación partidista. En la misma línea, denunció que nadie debería permitir la utilización de un procedimiento penal como herramienta de erosión política.
Entre los argumentos esgrimidos por la defensa también destacó la insistencia del juez en hacer referencias constantes al presidente del Gobierno a lo largo de la instrucción, pese a no formar parte de la investigación. Camacho calificó incluso de "verdaderamente absurda" la tesis según la cual cualquier actuación de Gómez tendría una influencia extraordinaria únicamente por ser la esposa del jefe del Ejecutivo.
La tensión entre abogado y magistrado quedó patente durante la propia vista. En un momento de la sesión, Peinado interrumpió al letrado para exigirle que le mirara mientras intervenía. Camacho respondió recordando que no existe ninguna norma procesal que obligue a un abogado a dirigir visualmente sus alegaciones al juez, llegando incluso a pedirle que dejara de interrumpirle. Un episodio que se suma a otras controversias protagonizadas por el magistrado durante la instrucción y que volvió a alimentar las críticas sobre su forma de conducir el procedimiento.
Además, la defensa lamentó que Peinado rechazara la práctica de varias diligencias y testimonios que consideraba fundamentales para desmontar las acusaciones, entre ellos el del codirector de la cátedra José Miguel Ruano. Camacho defendió que se trata de un testigo esencial para explicar el funcionamiento real de los proyectos investigados y cuestionó que se impidiera incorporar elementos que, a su juicio, evidencian la ausencia de indicios delictivos. "Es difícil sostener la apertura de juicio oral cuando no existe ni un solo indicio de los delitos que se imputan", remachó el abogado al término de su intervención.
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