El presentador Jesús Cintora planteó en Malas Lenguas Noche una cuestión incómoda sobre la supuesta "doble velocidad" con la que actúa la justicia según el perfil de los implicados, abriendo el turno de palabra para analizar el bloqueo de seis meses en el caso de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Gonzalo Miró despachó cualquier intento de negar la evidencia sobre los agravios comparativos en los plazos judiciales. Para el colaborador, la asimetría en la agilidad de los juzgados es un secreto a voces: "Discutir sobre si hay dos ritmos distintos en la justicia me parece como discutir sobre el color del cielo o si el agua moja. Porque es tan obvio, es tan evidente...".

Miró ejemplificó el desconcierto que vive la ciudadanía al ver cómo macrocausas del pasado se eternizan mientras otros sumarios más recientes avanzan como un tiro. Al centrarse en la investigación penal a la pareja de la presidenta madrileña, Miró criticó la alarmante parsimonia del juzgado para validar una diligencia tan sumamente ordinaria:

"Con respecto a lo que ocurre con la pareja de Ayuso, desde luego, en este caso y como dice el profesor, hombre, ha costado echar la firma, ¿no? Era una firmita. O sea, era una firma para decir: 'Oye, investíguese, punto, ya está'. Ha costado. Yo no sé si es porque estaba muy saturado o porque no le ha dado la gana, no tengo ni idea, pero desde luego parece poco razonable el tiempo que ha tardado".

Recogiendo el guante de Miró, Jesús Cintora trasladó la mesa de análisis al plano estrictamente jurídico preguntando a Joaquín Urías, catedrático de Derecho Constitucional y exjuez, si en el reino animal de los juzgados coexisten magistrados "guepardo" con otros decididamente "perezosos".

Urías arrancó aclarando la amplísima discrecionalidad de la que gozan los encargados de las fases de instrucción en España: "Los jueces de instrucción son libérrimos. Libérrimos quiere decir que tienen plena libertad para llevar las investigaciones. Son jueces que investigan, y para hacerlo gozan de la más absoluta libertad. Entre ello, libertad en el manejo de los tiempos".

El núcleo de la denuncia de Joaquín Urías llegó al equiparar las cargas de trabajo de los juzgados madrileños ubicados en la Plaza de Castilla. Si bien admitió que "están muy saturados" y que cada instructor afronta una media de "2.000 asuntos al año", desmontó el argumento del colapso institucional utilizando un espejo directo: el juez Juan Carlos Peinado.

"La comparación perfecta es con el juez Peinado, que es otro juez de instrucción de la Plaza de Castilla, igual que el que lleva el tema del novio de Ayuso. El juez Peinado dicta resoluciones de un día para otro. No da tiempo siquiera a que el presidente del Gobierno recurra y antes de que resolvieran el recurso ya estaba declarando".

A partir de este paralelismo, Urías evidenció el contraste técnico y de voluntades que se respira en los mismos pasillos judiciales: "Parece que el juez Peinado, que tiene los mismos asuntos y la misma presión que el otro juez, va con mucha prisa, y parece que en el caso del novio de Ayuso... pues parece que va mucho más despacio". 

El catedrático concluyó su intervención aclarando que la parálisis de medio año para revisar el patrimonio de González Amador no puede justificarse bajo la alfombra de un mero descuido administrativo, dejando sobre la mesa una pregunta incómoda: 

"Evidentemente el juez es libre, el juez maneja los tiempos. La pregunta es otra. La pregunta es si en ese manejo de los tiempos que hace el juez en el caso del novio de Ayuso, ¿hay un interés para beneficiar a Ayuso? Eso no lo sabemos. Pero desde luego la decisión de tener esto parado no es un despiste, es una decisión deliberada". 

Urías zanjó con ironía el recorrido de esta anomalía temporal, asegurando que si se alegara negligencia, el instructor "tendría que responder ante el Consejo General del Poder Judicial, que tampoco lo va a condenar porque los ampara en casi todas estas cosas".

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