La reforma del artículo 49 de la Constitución, que busca eliminar el término "disminuidos" y sustituirlo por "personas con discapacidad", se debatirá este martes en el Congreso. Se espera que se apruebe su toma en consideración y su tramitación por el procedimiento de lectura única, sin pasar por ponencia ni comisión.
El jueves 18 se discutirán las enmiendas presentadas, tanto de totalidad con texto alternativo como parciales para modificar el articulado, y se votará la iniciativa para enviarla al Senado.
Esta reforma constitucional fue promovida por el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en 2018 y contó con el respaldo de la entonces vicepresidenta del Gobierno, la socialista Carmen Calvo. Llegó al Congreso con un consenso unánime para cambiar el artículo por un nuevo texto "más acorde a los nuevos tiempos".
El artículo 49 de la Constitución dice actualmente: "Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos".
La reforma propone modificarlo a "las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas". "Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio", se añade.
También se incluye un segundo punto que dice: "Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad".
En 2018 se intentó una primera reforma que tuvo el apoyo en Comisión de todos los grupos parlamentarios que entonces integraban el Congreso, pero la convocatoria de elecciones para 2019 frenó su tramitación. En la siguiente legislatura se retomó y el PP y PSOE acordaron una redacción con discreción, pero no hubo clima ni tiempo para llevarla a cabo.
Vox, en su línea, no apoyará la reforma
El PP y PSOE quieren que la reforma se apruebe por unanimidad. No obstante, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha anunciado este lunes en rueda de prensa que su partido no la respaldará. Ha argumentado que no es conveniente "abrir el melón" de una reforma de la Carta Magna "en un momento en el que los enemigos de España", en alusión a las formaciones separatistas, "son socios de Pedro Sánchez".
Garriga no ha especificado si sus compañeros del Congreso votarán 'no' o abstención este martes y jueves cuando la reforma se someta a debate en el Pleno. En este sentido, ha explicado que la postura de Vox se puede resumir en un "sí, pero no así", ya que aunque ha defendido que su partido tiene un "compromiso total y absoluto con las personas con discapacidad y dependientes", no ve pertinente hacer ahora ese cambio constitucional.
El sector de la discapacidad pide "máximo consenso"
En este sentido, el sector de la discapacidad también pidió recientemente que se adopte la reforma con el "máximo consenso" y "sin ningún tipo de fisuras". "Tras una larga espera, es el momento de las personas con discapacidad", indicaba el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que destacaba que esta reforma debe centrarse "única y exclusivamente" en esta cuestión, "de enorme importancia".
"Es un avance para el país, una mejora colectiva que profundiza y ensancha el carácter de democracia avanzada que la Constitución quiere para España", exponía.
Al CERMI se unió la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) que pedía "celeridad", así como la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), que recalcaba que "los grupos parlamentarios tienen la responsabilidad y el deber de sacar adelante la reforma del artículo 49".
Por su parte, el presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), Anxi Queiruga, subrayaba que "es el momento de llegar al máximo consenso posible para todo lo que afecta a las personas con discapacidad".
Igualmente, la Plataforma del Tercer Sector solicitaba a los grupos políticos que la reforma se centre "exclusivamente" en esta cuestión, que entiende como "un avance de país, una mejora colectiva que profundiza y ensancha el carácter de democracia avanzada que la Constitución quiere para España".
