La causa judicial que examina la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz avanzó este jueves hacia una de sus fases más decisivas con la declaración del hermano del presidente del Gobierno ante la Audiencia Provincial.
En una comparecencia breve, de apenas diez minutos, el investigado rechazó haber intervenido tanto en la incorporación de Luis María Carrero a la institución provincial como en la posterior modificación de la denominación de su propio puesto de trabajo, dos de los aspectos que centran la investigación por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.
David Sánchez respondió exclusivamente a las preguntas formuladas por su abogado, Emilio Cortés, y defendió que nunca participó en las decisiones administrativas relacionadas con la creación o adjudicación de plazas dentro de la Diputación.
En relación con la contratación de Luis Carrero, con quien mantiene una amistad desde hace años, aseguró que carecía de capacidad para influir en el procedimiento y negó haber desempeñado papel alguno en la selección del puesto que finalmente ocupó como responsable de actividades transfronterizas.
Uno de los elementos sobre los que se detuvo su defensa fue un correo electrónico enviado a Carrero antes de que la plaza fuese adjudicada. En ese mensaje, Sánchez hacía referencia a la futura incorporación de su amigo a la institución provincial. El investigado atribuyó aquella comunicación a un "malentendido" derivado de informaciones informales que había escuchado en los pasillos de la Diputación sobre la creación de un refuerzo para el área de Cultura.
Según explicó, trasladó esa información a Carrero por si podía resultarle de interés profesional, confundiendo la publicación de la plaza con su posterior adjudicación. Recordó además que fue el propio Carrero quien le respondió aclarando que no tenía constancia oficial del calendario del proceso.
Durante su intervención, Sánchez insistió en que desconocía los detalles administrativos de la convocatoria y reiteró que nunca dispuso de información privilegiada ni de capacidad de decisión sobre el procedimiento. También afirmó desconocer las funciones concretas que posteriormente desarrolló Carrero dentro de la institución, aunque señaló que le constaba que desempeñaba regularmente su trabajo.
La declaración abordó igualmente la evolución de su propio puesto dentro de la Diputación. El hermano del presidente negó haber solicitado o impulsado el cambio de denominación que transformó su cargo de coordinador de actividades de los conservatorios provinciales en jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Según relató, tuvo conocimiento de esa modificación una vez ya había sido aprobada y consideró que respondía a una evolución natural de las funciones que venía desarrollando desde años atrás.
En este contexto, defendió que la Oficina de Artes Escénicas no constituía una dependencia física específica ni una oficina abierta al público, sino una estructura administrativa destinada a coordinar distintos proyectos culturales impulsados por la Diputación. Explicó que durante los años 2023 y 2024 trabajó en despachos y espacios compartidos de la institución hasta ser reubicado posteriormente en dependencias centrales situadas en la Plaza de España de Badajoz.
Sánchez también rechazó cualquier insinuación sobre una posible utilización privada de los recursos públicos asociados a su puesto. Según expuso ante el tribunal, todas las actividades impulsadas desde la Oficina de Artes Escénicas se desarrollaban bajo el paraguas institucional de la Diputación, con expedientes administrativos, control presupuestario y relaciones oficiales con otras entidades culturales.
Entre los proyectos coordinados por el departamento citó iniciativas como talleres vocales, programas de creación teatral, exposiciones y el conocido programa Ópera Joven, que mantenía una estrecha relación funcional con los conservatorios provinciales.
Respecto a la compatibilidad de sus funciones con otras actividades profesionales, recordó que en una ocasión trasladó a sus superiores una propuesta de colaboración relacionada con una orquesta portuguesa interesada en incorporar alumnos y profesores vinculados a los conservatorios. La respuesta de la Diputación fue negativa y, según afirmó, el asunto quedó definitivamente cerrado.
La vista oral entra ahora en una fase especialmente relevante tras la conclusión de las declaraciones testificales. Durante las sesiones previas comparecieron 42 testigos entre funcionarios, técnicos, peritos, aspirantes a las plazas convocadas y responsables de los conservatorios provinciales.
Buena parte de esas declaraciones han evidenciado discrepancias respecto a algunas de las conclusiones incorporadas al sumario por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, generando uno de los principales focos de debate jurídico del procedimiento.
La causa también afecta al expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y busca determinar si la creación, transformación y adjudicación de determinados puestos de trabajo respondieron a decisiones ajustadas a la legalidad administrativa o si, por el contrario, estuvieron condicionadas por intereses particulares.
Con el inicio de los interrogatorios a los investigados, el tribunal encara ahora el tramo central de un proceso que deberá esclarecer si existieron irregularidades en la contratación de David Sánchez o si las actuaciones examinadas se desarrollaron dentro de los cauces ordinarios de la administración pública.
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