El crimen de Daniel Sancho ha conmocionado a España. El hijo del actor Rodolfo Sancho fue detenido este pasado sábado en Tailandia, tras confesar el asesinato y posterior descuartizamiento de Edwin Arrieta Arteaga, un cirujano colombiano que, según su versión, intentó tener relaciones sexuales con él. Un crimen mantiene en vilo a la familia Sancho, que emitió un comunicado en la tarde del domingo exigiendo a los medios de comunicación “máximo respeto” y prudencia en las informaciones que se publicasen en torno al suceso. Sin embargo, hay un precedente que alimenta algo de esperanza en el entorno de Daniel. Tuvo lugar en 2016 en Bangkok, cuando el estafador Artur Segarra secuestró, torturó, asfixió y desmembró a un consultor ilerdense que respondía al nombre de David Bernat. El empresario fue detenido, pero un golpe de fortuna hizo que las autoridades conmutaran la pena capital por cadena perpetua.

Sancho, de 29 años, ha ingresado en prisión provisional este lunes en la isla turística de Koh Phangan, al sureste de Tailandia, según ha confirmado RTVE y después de que fuese escoltado esta mañana al puerto de la isla Koh Samui, desde donde fue trasladado a los juzgados. 

En ese punto, el hijo del intérprete español y nieto a su vez de Sancho Gracia donde asesinó y desmembró al cirujano colombiano Edwin Arrieta Arteaga. En una acalorada discusión, según la versión ofrecida por Daniel a las autoridades del país, acabó empujando a su interlocutor, quien le insistía en que tuvieran relaciones sexuales, que se golpeó en la cabeza contra la bañera. Al comprobar que éste había fallecido, cortó el cuerpo hasta en 14 partes y las repartió en diferentes bolsas de basura. “La víctima y el sospechoso se conocían antes de venir a Tailandia, y sus dudosas actividades indican que podía asesinar a la víctima. La investigación está en curso”, explicó el jefe de la Policía de Koh Pha Ngan.

Cabe remarcar que, en caso de que la justicia tailandesa no condene a Sancho a pena de muerte, solo podría ser entregado de vuelta a España para la ejecución de una hipotética pena de prisión, una pena reservada a homicidios agravados, como es el caso, y por la que se conmuta la cadena perpetua.

El caso Segarra

Un crimen, sin embargo, que no es inédito para un ciudadano español en tierras tailandesas. De hecho, Daniel Sancho no es el único de su nacionalidad detenido en Tailandia ni, por supuesto, que comparta las acusaciones de asesinato y desmembramiento a otro extranjero. Corría el año 2016 cuando el empresario y estafador Artur Segarra obró de una manera similar, con la diferencia de que éste premeditó el crimen. Segarra secuestró, torturó, asfixió y descuartizó el cuerpo de un consultor de Lleida que respondía al nombre de David Bernat. Al igual que el hijo de Rodolfo Sancho, éste distribuyó los restos del ilerdense en varias bolsas de plástico, arrojándolos al río Chao Phraya, que cruza la capital del país.

No obstante, la detención de Segarra (41) fue mucho más compleja y complicada. El español huyó a Camboya tras cometer el crimen, mientras su cara aparecía en todas las televisiones de España; hasta que una pareja española que se encontraba de vacaciones en el este del país del sudeste asiático, lo reconoció y alertó a las autoridades tailandesas. La policía lo apresó y, un año más tarde, Segarra fue sentenciado a muerte por los tribunales. Su equipo legal recurrió ante el Tribunal de Apelaciones, aunque sin suerte. Falló en su contra. Hubo un nuevo intento ante el Tribunal Supremo, que no quitó mano a la sentencia original. Un laberinto cuyo final siempre es el mismo.

No había salida para un Segarra que se daba de bruces ante un crimen que él mismo reconocería posteriormente. De hecho, fue ese acto el que le libró de una sentencia de muerte de la que parecía no era posible escapar. Pero así fue. La suerte cambió para el español en 2021. Es costumbre en Tailandia que cada 28 de julio, el rey Maha Vajiralongkorn, que cumple años en esas fechas, protagonice un acto masivo de clemencia y ordene en público el indulto para innumerables presos. Entre este magnánimo acto, a la par que excéntrico y propio de otra época, también se contempla la posibilidad de librarse de una muerte segura. He aquí la luz al final del túnel para el descuartizador español. Ese mismo año, Segarra pidió que le conmutaran la pena de muerte por cadena perpetua, eludiendo así una inyección que le mantuviera con vida aunque fuera en una prisión tailandesa. Y es que en Tailandia existen en torno a 60 delitos que pueden conllevar pena capital, incluyendo el homicidio e incluso el tráfico de drogas, aunque la mayoría de ellos, especialmente los más graves, están penados con la perpetua. La última ejecución, de hecho, sucedió en 2018, después de una larga década sin registrar ninguna.

Un precedente

El estafador español defendió durante años su inocencia, subrayando que la verdadera asesina no era sino la ex pareja de Bernat, una tailandesa que respondía al nombre de Pritsana Saen-ubon. Insistía en que todo era fruto de un complot entre la mujer y la policía para presentar pruebas en su contra. Sin embargo, esta apelación decayó cuando en 2020, desde su encierro en la prisión de máxima seguridad de Klong Perm, reconoció su crimen en una carta que envió al rey pidiendo una clemencia que éste le concedería en el ritual de indultos de su cumpleaños. Con motivo de su 68 aniversario, el monarca Vajiralongkorn abrió la mano después de que Segarra admitiera que mató al ilerdense en la noche del 19 de enero de 2016 tras una acalorada discusión. De hecho, confesó lo que sostenía la tesis de las autoridades, que no era otra que el secuestro durante siete días en el apartamento que tenía alquilado en Bangkok, donde lo descuartizó. Así consiguió el empresario conmutar la pena capital por una cadena perpetua.

Las autoridades no encontraron los restos de Bernat hasta el 30 de enero en el río. De hecho, los agentes que investigaban el crimen sostenían que Segarra, durante el tiempo que lo tuvo secuestrado, lo extorsionó para que éste le hiciera una transferencia con dinero. Aportaron como prueba, demás de las muestras de ADN y las preceptivas grabaciones de las cámaras de seguridad, algunos extractos bancarios que los investigadores hallaron en materia de transferencias por valor de 930.000 euros desde la cuenta de la víctima.