El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, acusado por el delito de rebelión durante el proceso independentista en Cataluña, ha pedido que todos los magistrados que le juzgarán próximamente sean apartados de este tribunal basándose en la reciente doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en la que se afirmó que Arnaldo Otegi no había tenido un juicio justo por el caso Bateragune.
Cuixart, al igual que el resto de líderes del 'procés', señala que el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, no puede continuar como presidente de este tribunal, ni redactar la sentencia, tras el mensaje del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que se jactaba de que si este magistrado ostentaba la presidencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo, tal y como acordaron los 'populares' y el Gobierno, podrían controlar "desde detrás" la Sala Segunda del alto tribunal y la conocida como Sala del 61.
El escrito del equipo de abogados que defienden a Cuixart, coordinado por Marina Roig, presentado el pasado 20 de noviembre reproduce el 'whatsapp' de Cosidó para resaltar la vinculación de Marchena con el PP y asegura que es una muestra más del "alto nivel de la politización de la Justicia española, al menos en la cúpula judicial".
El whatsapp de Cosidó
De hecho, hace hincapié en que este mensaje no es una "simple conversación de bar entre copa y copa, ni se trata de un 'whatsapp entre dos colegas. Se trata de un mensaje distribuido a través de un grupo de WhatsApp de senadores del Partido Popular dirigido pues a más de un centenar de senadores que, se supone, deben ejercer de representantes de la ciudadanía elegidos mediante sufragio".
Pero este incidente de recusación va más allá y también solicita que el resto de magistrados que componen el tribunal también sean apartados, tal y como ha avanzado El Confidencial. El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, destaca que las "dudas de imparcialidad" sobre Marchena se "extiende" a los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Luciano Varela, Ana María Ferrer y Andrés Palomo dejen el tribunal que juzgará el 'procés'.
Para ello, se acoge a la sentencia que dictó el pasado 6 de noviembre el TEDH, con sede en Estrasburgo, en el que se dio la razón a la defensa de Otegi que alegó que la presidenta del tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó al exportavoz de Batasuna, Ángela Murillo, estaba "contaminada" por un prejuicio mostrado en un juicio anterior contra él y que esto afectó a la imparcialidad del resto de jueces.
El tribunal europeo afirmó en su resolución que "debido al secreto de las deliberaciones, no es posible saber cuál fue la influencia real de la presidenta del tribunal en esa ocasión" y, por tanto, "en consecuencia, la imparcialidad de esa formación de la Sección podía ser susceptible de una duda razonable".
Asimismo, la defensa de Cuixart recuerda que la falta de imparcialidad en el proceso se ha dado también incluso en la Fiscalía General del Estado, ya que el fiscal que firmó la querella por los hechos relacionados con el referéndum ilegal del 1 de octubre, el fallecido José Manuel Maza, también fue magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo.
Nuevo informe
La Sala dio el pasado viernes traslado de este escrito a las partes, entre ellas a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado y la acusación popular ejercida por Vox, para que informen en el plazo de tres días sobre este incidente de recusación.
Hasta el momento, el Ministerio Público se ha pronunciado sobre las peticiones formuladas por los encausados en el 'procés' Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull y ha mostrado su oposición a que Marchena sea apartado del tribunal. Los fiscales que firmaron este informe, Fidel Cadena y Consuelo Madrigal, solicitaron que el incidente de recusación fuese rechazado de plano porque "es extremadamente parco en argumentos" y no hay ni un solo "dato objetivo sobre la conducta o disposición del Magistrado que permita fundar alguna sospecha".
Por otro lado, la propia Sala del 61 del Tribunal Supremo, rechazó el pasado mes de septiembre apartar de la causa a los cinco magistrados designados para juzgar a los líderes del 'procés', tal y como recuerda la abogada Marina Roig en su escrito. En ese momento, los magistrados del alto tribunal apostillaron que no hay tal falta de imparcialidad en los magistrados por el sistema por el que han sido designados y pusieron de ejemplo al propio TEDH, cuyos integrantes son "propuestos y elegidos por políticos en activo", sin que nadie sospeche de su forma de actuar.
