El Senado ha cobrado una particular importancia en la campaña electoral del 29 de noviembre, y en la derecha lo saben. El Partido Popular y Vox ultiman un pacto para tratar de contrarrestar el movimiento de la izquierda, que busca recuperar el control de la Cámara Alta concurriendo a ella unida, como no han logrado hacer en el Congreso de los Diputados. En los dos lados saben que una mayoría amplia allí tiene muchas ventajas, pero, en el caso de Alberto Núñez Feijóo, la aritmética electoral también confirma, si es que hacía falta, que ya no entiende su futuro sin la ultraderecha.
En el PP, las negociaciones con Vox para diseñar una lista única al Senado para el 29N eran un secreto a voces, hasta que su líder ha tomado la decisión de no ocultarlas. Lo que sí esconden, aunque es evidente, es que una posible integración de los candidatos a senador de la ultraderecha en sus listas sería una respuesta al ‘Senado de Progreso’, la candidatura conjunta del Partido Socialista y varias fuerzas del Frente Amplio a la Cámara.
Las matemáticas del Senado
El objetivo, en ambos casos, sería concentrar el voto en una sola fuerza, de cara a maximizar resultados y obtener una mayoría de tres quintos en el Senado. El 29N se eligen 208 escaños de la Cámara: cuatro en cada provincia de la península, tres en cada isla mayor -Mallorca, Gran Canaria y Tenerife-, y uno en cada ciudad autónoma -Ceuta y Melilla- e isla menor -Menorca, El Hierro, La Gomera, La Palma y Fuerteventura por separado; y en conjunto Ibiza y Formentera y Lanzarote y La Graciosa-.
Los otros 58 senadores los elige cada comunidad autónoma, que es donde está el juego en la derecha. Feijóo propone a Vox retirar su candidatura en varias comunidades autónomas en las elecciones para concentrar el voto en el PP, para después otorgar, a cambio, los senadores de designación autonómica allí donde lo hagan.
Esto podría funcionar para mantener, o incluso ampliar, la mayoría absoluta que tienen los populares allí, ya que el sistema electoral del Senado funciona diferente al del Congreso. Los votantes eligen candidatos individuales, y no listas cerradas, y en las regiones que reparten cuatro escaños, la mayoría, esto beneficia a los más votados, que suelen obtener tres de los cuatro representantes. Esto significa que concentrar el voto en una provincia puede marcar la diferencia entre sumar tres asientos o ninguno. De hecho, para esta legislatura que termina, Vox no ha tenido ningún senador elegido directamente, siendo los cuatro por designación autonómica.
¿Qué está en juego?
Pese a que, normalmente, se presta poca atención a lo que ocurre en el Senado, la decisión de las izquierdas de ir juntas en la mayoría de provincias ha abierto la pugna por controlarlo mayoritariamente. No es casualidad, pues además de revisar y enmendar las leyes que salen del Congreso, quien controla la Cámara Alta tiene en su mano influir de forma directa en el poder judicial, eligiendo a sus representantes.
Si PP y Vox lograran allí mayoría absoluta -esto es, la mitad más uno de los asientos-, podrían vetar las leyes que salieran del Congreso a su antojo. Pero el objetivo real de Feijóo y Abascal es alcanzar la mayoría cualificada, es decir, de tres quintos de la Cámara, o 160 de los 266 senadores.
Esto les permitiría designar unilateralmente, sin llegar a un acuerdo con el resto de fuerzas, a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional y diez vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ambos ahora con mayoría progresista. Lograr el control del 60% del Senado les abriría la puerta, además, a reformar la Constitución, pero para ello necesitarían también la mayoría de tres quintos del Congreso.
PP y Vox sacan la calculadora
Esta importancia es la que apresura las negociaciones entre Génova y Bambú, donde el Senado se convierte en la última prueba de que el objetivo, tras el 29N, es ponerse de acuerdo allí donde haga falta. También si los números dan para llevar a La Moncloa a Feijóo y Abascal, que se relamen pensando en controlar a su antojo el Ejecutivo, el legislativo con las mayorías en el Congreso y el Senado; y parte del Judicial, gracias a la Cámara Alta.
Pero para ello tienen que sentarse y mirar bien la calculadora. En 2023, la suma de las izquierdas les habría dado la mayoría absoluta -134 senadores sumando los autonómicos- si, como harán en esta ocasión, hubieran ido juntas.
El objetivo del PP y Vox es claro: obtener 25 escaños más de los que tienen ahora, para lo que el partido de Abascal debería renunciar a presentarse en 17 provincias. Estas son Huesca, Cuenca, Córdoba, Jaén, Huelva, Cáceres, Badajoz, Valencia, Madrid, Pontevedra, Burgos, León, Asturias, Álava, Barcelona y Tarragona; además de las islas de Menorca e Ibiza-Formentera.
Sin embargo, la operación también tiene riesgos para Feijóo. Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el votante promedio se autopercibe en el centro ideológico, siendo este espectro el que menos se movilizaría en las elecciones. Esto implica que, de acercarse definitivamente a la ultraderecha, algo que ya parece inevitable, el PP podría perder votos en ese espacio. Esos electores, según los expertos consultados por Público, podrían salir hacia formaciones nacionalistas, soberanistas o regionalistas. Estos señalan, no obstante, que el riesgo para Feijóo es pequeño, en comparación con la ganancia que le puede otorgar el ticket estratégico con Vox.
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