El marginal barrio de Salamanca de Madrid se ha levantado en cacerolas contra el Gobierno de coalición. Gobierno socialcomunista le llaman. Llevan cuatro días manifestándose y saltándose a la torera la normativa del estado de alarma, exhibiendo sus banderas, sus palos de golf y sus bolsos de marca.

Una estrategia tan antigua como la humanidad es desviar ligeramente la atención para que la gente vea el dedo y no la luna. Así que, para defender esas caceroladas, exigen que se respete la libertad de expresión cuando desde ninguna instancia del Gobierno ha habido la más mínima queja al respecto. Lo escandaloso es el incumplimiento de las normas, cuando vivimos todavía una crisis gravísima de salud pública. Si hay franjas horarias, con reglas claras, como la de la prohibición de manifestaciones -todas- o la de mantener la distancia de seguridad, no es de recibo que unos pocos crean tener patente de corso. Todavía son demasiados los que piensan que esto no va con ellos. La prueba es la enorme cantidad de sanciones que se han aplicado en estos dos meses de confinamiento. Por cierto, ninguna ha recaído, que se sepa, sobre los que hacen sonar sus cacerolas.

La medio amortizada Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y defensora de pobres y ausentes, justificó a los vecinos de la calle Núñez de Balboa por manifestarse, porque muchos de ellos “se van a arruinar” a costa de las políticas del Gobierno de Sánchez. Algo que todavía está por demostrar.

A José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, que se esfuerza en marcar solo sutiles distancias de Ayuso, se le ha ocurrido lo siguiente. “Lo que es incompatible es promover una cacerolada contra el Rey y ahora prohibir a otros protestar contra el Gobierno de la nación”. Olvida el detalle de que las cacerolas contra la monarquía sonaron desde los balcones, respetando escrupulosamente la norma de la distancia.

El Gobierno, si peca de algo es de exceso de prudencia ante estos desafíos. Solo después de cuatro días de ese tipo de despropósito, que puede retrasar aún más el paso a la fase 1 de la Comunidad Autónoma, ha decidido desplegar un dispositivo para hacer cumplir la ley en el barrio de Salamanca.

Habrá que ver qué cara se les queda a estos marginados sociales que claman por libertad en el nuevo barrio antisistema, cuando descubran que Bruselas ha autorizado a los Estados miembros a participar en el capital de las empresas que se consideren estratégicas o esenciales, sin descartar del todo su nacionalización si fuera necesario. Es curioso que un gobierno tan socialcomunista no descarte esas propuestas tan radicales. Quizá Pablo Casado, con tal de ir contra el Gobierno, coja la hoz y el martillo y lamente que no se aplique lo que es consecuencia de recomendaciones de la Unión Europea.

El daño ya puede estar hecho, por la irresponsabilidad de unos cientos de ciudadanos bien situados que contribuirían a agravar la situación de los contagios en Madrid. Pero el sonido de sus cacerolas se irá apagando porque acaso no tengan capacidad de resistir. Quizá intenten contratar gente para que golpeen los cacharros por ellos, porque manifestarse un día sí y otro también resulta muy cansado.