Crisis en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso ha decidido que la Consejería de Sanidad, dirigida por Enrique Ruiz-Escudero, del Partido Popular, asuma el control de las residencias de mayores, foco del coronavirus en la región.
De este modo, el PP pasará a supervisar el estado de salud de los mayores internos apartando de la competencia a Políticas Sociales, liderada por Alberto Reyero, de Ciudadanos.
La decisión se toma horas después de que en un ejercicio de transparencia, el Área que dirige Reyero informase que un total de 1.065 ancianos han muerto en lo que va de mes de marzo en las residencias madrileñas, después de que se desatara el brote de coronavirus. Esto supone que han fallecido alrededor de un 2% de las 52.031 personas mayores que viven en las 475 residencias de la región.
Pidió ayuda al Ejército
El pasado 19 de marzo, Ciudadanos pidió que el Ejército interviniese en las residencias. A Ayuso no le gustó la propuesta: "No se va a hacer".
En contra del criterio de Ayuso, el pasado viernes las Fuerzas Armadas entraron a las residencias de la Comunidad de Madrid.
Horas después, las Fuerzas Armadas se encontraban con “ancianos y mayores absolutamente abandonados cuando no muertos en sus camas”, según certificó el Ministerio Público.
La Fiscalía General del Estado ha abierto diligencias de investigación sobre el hallazgo por parte del Ejército de cadáveres en residencias de ancianos, en la que se encontraban otras personas en "situaciones extremas y malas condiciones de salubridad" para determinar la gravedad de los hechos y su posible relevancia penal.
Una gestión que ya se sabía caótica
LA mala gestión de las residencias en la Comunidad de Madrid (de competencia exclusivamente autonómica) viene de lejos.
De 2014 a 2019, más un centenar de residencias de ancianos en la región fueren sancionadas por incumplir la ley. Así, se evidenció que en los 130 centros sociales sancionados (96 residencias y centros de día, 22 centros de personas con discapacidad y 12 residencias clandestinas) faltaba higiene, había escasez de personal y se descuidaba la asistencia a los mayores.
En julio de 2019, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, se vio obligado a abrir una actuación de oficio ante la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid para que informase sobre los expedientes sancionadores abiertos a residencias en la región. Mediante esta actuación la institución exigía conocer, además, los recursos y personal puestos a disposición de los usuarios y sus familiares para el desalojo de determinados centros.
Pero mucho antes, el 16 de septiembre de 2016, los propios trabajadores de residencias de ancianos se presentaron en la Asamblea de Madrid para denunciar la falta de higiene, descuido en la asistencia, escasez de personal o hacinamiento en los centros. Lejos de escucharles, el entonces consejero de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo, se sirvió de la frase "Ladran, luego cabalgamos" -que atribuyó erróneamente a El Quijote de Cervantes-, para despreciar su denuncia.
Investigación judicial
Tal y como ha desvelado ElPlural.com, la Justicia investiga en Madrid la adjudicación y construcción de las residencias de ancianos, foco del coronavirus en la región. Todo ello dentro de la trama Púnica, nombre dado al operativo policial efectuado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a instancias de la Audiencia Nacional de España.
Este periódico ha tenido acceso al informe judicial, elaborado por la Unidad de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), de Apoyo a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, en el que se presta especial atención sobre determinados "contratos para la gestión de centros de atención a personas mayores".
En dicho informe se reflejan cifras, referidas a ingresos, nada desdeñables: 482.359 euros (2007); 6.569.771 euros (2008); 14.615.774 (2009); 14.305.749 euros (2010); 14.647.701 (2011); 6.250.872 euros (2012). Es la empresa Atención Social y Estancias Residenciales (Grupo Aser) la firma que facturó estas cantidades.