El camino por el cual podría darse un posible indulto a Álvaro García Ortiz sigue su curso; sin embargo, la posibilidad de que obtenga un perdón total no termina de parecer del todo factible. La legislación vigente establece que esa medida de gracia solo puede concederse íntegramente si cuenta con un informe favorable del tribunal sentenciador, en este caso la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que condenó al ex fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación. Una condena que se dictaminó por hallarlo culpable de la filtración de un email del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y quien se encuentra procesado por delitos fiscales.
Por ello, distintas fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es apuntan a que, si finalmente prospera algún tipo de medida de gracia, esta se limitaría previsiblemente a un indulto parcial, ya que son los mismos jueces los encargados de analizar la posibilidad de otorgar esta medida de gracia.
El procedimiento continúa avanzando después de que el Tribunal Supremo haya solicitado a la Fiscalía su informe sobre las peticiones de indulto presentadas a favor de García Ortiz. El alto tribunal ha dado este paso tras recibir el pasado 21 de abril el denominado informe de conducta elaborado por la Subdelegación del Gobierno en Madrid, un trámite obligatorio recogido en la ley del indulto de 1870.
La normativa establece que, antes de pronunciarse, el tribunal debe recabar información sobre la conducta del condenado. En casos como este, en los que no existe pena privativa de libertad, el informe corresponde a la autoridad gubernativa de la provincia de residencia del penado. Una vez incorporado ese documento de la Subdelegación al expediente, el Supremo solicita también el criterio de la Fiscalía y de la parte perjudicada, que en este procedimiento es González Amador.
Con toda la documentación reunida, el Tribunal Supremo fijará una posición sobre la conveniencia o no del indulto. Sin embargo, su criterio no es vinculante, ya que la decisión final corresponde al Consejo de Ministros a propuesta del titular de Justicia, Félix Bolaños. Aun así, el informe del alto tribunal resulta determinante para calibrar el alcance de una eventual medida de gracia.
Precisamente ahí radica la principal diferencia entre el indulto total y el parcial. Mientras el primero exige el respaldo favorable del órgano sentenciador, el segundo podría concederse incluso con un informe contrario del Supremo. La legislación contempla como indulto parcial tanto la reducción de las penas impuestas como su sustitución por otras menos graves.
En el caso de García Ortiz, según apunta elDiario.es, se entiende posible que la inhabilitación quede reducida a seis o doce meses, frente a los dos años fijados inicialmente en la sentencia. No obstante, se da prácticamente por descartado que el ex fiscal general regrese a dirigir el Ministerio Público, cargo que actualmente ocupa Teresa Peramato. El alcance práctico del indulto quedaría así limitado, especialmente al no existir una condena de prisión.
Además, la ley del indulto excluye expresamente la responsabilidad civil, por lo que García Ortiz no recuperaría los 10.000 euros de indemnización ya abonados a González Amador. Respecto a la multa de 7.200 euros, únicamente podría ser reintegrada si así lo estableciera de forma explícita el decreto aprobado por el Gobierno.
Paralelamente, el ex fiscal general mantiene abierto su recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de revertir la condena. un procedimiento que seguiría teniendo sentido incluso aunque se concediera un indulto total, dado que la indemnización civil no quedaría anulada.
El escenario podría complicarse aún más si González Amador decide recurrir un eventual indulto. Diversas fuentes del Supremo señalan que, como acusación particular en el proceso, el empresario tendría legitimación para impugnar la medida de gracia al considerar que posee un interés legítimo en el cumplimiento íntegro de la pena. No obstante, las mismas fuentes precisan que ese hipotético recurso no paralizaría la aplicación inmediata del indulto acordado por el Ejecutivo.
