Con las Cortes generales disueltas y la precampaña electoral en activo de cara a la cita en las urnas del 29 de noviembre, la actividad en el Congreso de los Diputados no está del todo paralizada, teniendo en cuenta que la Diputación Permanente debe decidir sobre los decretos de vivienda y otras cuestiones lanzadas por el Gobierno central que quedaron sin efecto ante el anticipo electoral.
Precisamente sobre los decretos de vivienda, que ambos fueron aprobados el 6 de octubre en Consejo de Ministros pero cayeron en la votación de la Cámara Baja por la suma en negativo del Partido Popular, Vox y Junts a que salieran adelante, se prevé que se delibere sobre su aplicación el próximo 12 de noviembre, justo un día después de la huelga general convocada por la crisis de la vivienda y a escasos días de que comience oficialmente la cuenta atrás para los comicios.
Hasta el momento, se desconocía la fecha en la que los dos decretos de vivienda -el primero que aúna las exigencias de la movilización social y bautizado como ‘decreto Maricarmen’, por el desahucio de la mujer de 87 años en Madrid; y el segundo con la prórroga automática de los alquileres- iban a volver a ser sometidos a votación, planteándose ahora en una fecha apretada en el calendario preelectoral.
Cabe matizar que el primero de ellos está en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 7 de octubre, incluyéndose en él la prohibición temporal de los desahucios a personas vulnerables, ventajas fiscales para inquilinos y pequeños propietarios, además de determinados créditos ICO para la compra de la primera vivienda.
No obstante, el segundo, con la prórroga de los alquileres, a excepción de determinadas circunstancias, no entrará en vigor hasta el 15 de noviembre y, en caso de que no resulte favorable el voto en la Diputación Permanente, no llegaría a aplicarse.
A ojos del Gobierno central de Pedro Sánchez, esperan sacar adelante el primer decreto de vivienda precisamente por la suma de escaños en la Diputación Permanente del Congreso: PSOE, Sumar y el resto de grupos parlamentarios hacen 35 escaños, mientras que la suma de PP, Vox y Junts, 34. Mientras, sobre el segundo, se prevé un empate que dificultará el procedimiento, debido a que el PNV votaría en contra, tal y como avanzaron en su momento.
La Diputación Permanente está conformada por un total de 69 de diputados, que se distribuyen así: 27 votos del PP, 25 del PSOE (incluyendo el de la presidenta del Congreso, Francina Armengol), seis de Vox y Sumar, respectivamente. ERC, PNV, Junts, Bildu y Podemos, formación esta última que representa en la diputación a todo el Grupo Mixto, tienen un voto cada uno.
Decreto anticrisis y comparecencia de Sánchez
Este órgano del Congreso también deberá reunirse en las próximas semanas para votar la petición de los populares sobre una comparecencia del presidente del Gobierno para rendir cuentas sobre la incursión de buques de la Marina de Marruecos en aguas españolas durante la crisis migratoria de Ceuta, los días 30 y 31 de julio. La previsión sobre esta cuestión es que la sesión para votar esa solicitud del PP se produzca antes de la que se convoque para debatir los decretos ley de vivienda, pero aún no se ha fijado una fecha concreta.
Desde la disolución de las Cortes, este viernes ha sido la primera reunión de la Diputación para votar el decreto anticrisis por la guerra en Irán y sus efectos económicos en Occidente y en nuestro país, además de otro paquete de medidas sobre la condonación del reintegro de los anticipos a cuenta de las ayudas concedidas a la población afectada por la DANA de Valencia de octubre de 2024.
El decreto establece que si el IPC de la gasolina o del gasóleo sube más de un 15% con respecto al dato del mismo mes del año anterior, la ayuda será de 20 céntimos por litro. Al hilo de ello, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado que el IPC ha superado ese porcentaje en el mes de septiembre, por lo que la ayuda al combustible será de esos 20 céntimos por litro. Además, se recuperan dos medidas que estuvieron vigentes durante la peor fase de la guerra en Ucrania: por un lado, limita el peso de la cotización del gas en la fórmula de cálculo de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural, y, por otro, establece un precio máximo de 19,55 euros para la bombona de butano.
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