Nunca es tarde para que quienes socializaron sus pérdidas, hagan lo propio con sus beneficios  De todos los objetivos de un Gobierno el de la igualdad debería ser prioritario. Sin ella, los demás fines quedan amputados. Combatir la desigualdad es ir a contracorriente: la tendencia es que el pez grande se come al chico y para evitarlo hay que construir figuras y mecanismos adecuados para impedirlo.

La crisis económica y las recetas para abordarla conllevaron la destrucción de las barreras que evitaban el “sálvese quien pueda” neoliberal. Es obvio que el “crack” financiero fue causado por irresponsables actuaciones de los mercados – privados -  permitidas por deficientes controles públicos. Las supuestas medidas anticrisis partieron de la socialización de las pérdidas, lo que condujo de inmediato a tajantes recortes de servicios públicos; pero apenas rozaron a los causantes privados. Fue, sin duda, una jugada maestra de los ideólogos que predican la reducción del Estado – sus controles e intervenciones- y la privatización de gran parte de sus servicios.

En España el gran asalto a la igualdad se realizó con la devaluación derivada de la  reforma laboral, que ha respaldado a unos actores y hundido a otros – la mayoría - mediante un feroz ataque a la negociación colectiva. Ha aumentado la temporalidad, la precariedad y bajan alarmantemente los salarios. El empleo no crece sino que se trocea: según la EPA hay más contratos, pero las horas semanales trabajadas son hoy inferiores a las de 2011. La reforma laboral ha provocado una fuente de inseguridad y deterioro. Un relevante porcentaje de trabajadores se incluyen en las vergonzantes cifras de pobreza de nuestro país. Es un arma de destrucción masiva para todos y, en especial, para jóvenes cuyas expectativas laborales son peores que las de sus padres, para mujeres porque constatan el aumento de su discriminación con los hombres, y para actuales y futuros pensionistas porque se pone en peligro el sistema. De momento el Gobierno Rajoy ya ha vaciado la hucha de las pensiones y recorta el poder adquisitivo de los pensionistas, cada vez más pobres. De hecho, las próximas generaciones las verán recortadas de entre el 30 y el 40%.
La grave situación creada es un ataque en toda regla a la cohesión y a la igualdad que socava la fraternidad -nadie quiere pertenecer a un club  que le excluye- y  fomenta la ineficacia. Ante ello la socialdemocracia debe actuar y por eso es esperanzador que el PSOE defienda la derogación de la Reforma laboral, el reequilibrio del sistema de pensiones, reforzar la negociación colectiva, impulsar un pacto de rentas, así como medidas para eliminar las discriminaciones salariales entre hombres y mujeres.
En cuanto al sistema de pensiones, es muy acertado que se garantice el poder adquisitivo de los pensionistas y que se intensifique la acción de la Inspección de Trabajo contra el empleo irregular y el fraude. Es imprescindible conseguir nuevos ingresos para completar los de las cotizaciones hasta que se vuelvan a equilibrar dentro del sistema. Y aquí aparecen dos nuevos impuestos: uno de extraordinario sobre la banca y otro sobre transacciones financieras.

Nunca es tarde para que quienes socializaron sus pérdidas, hagan lo propio con sus beneficios. Tampoco lo es para  controlar la desatada actuación de los mercados. Con ello garantizaremos la Seguridad Social de todos y España descenderá peldaños en los vergonzantes primeros puestos en materia de desigualdad y pobreza.