Cristina Cifuentes, durante su comparecencia para valorar los resultados electorales. EFE/Archivo



Este lunes, Cristina Cifuentes se reunirá con el candidato de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, para negociar su posible acuerdo a la investidura de la dirigente popular. Ciudadanos ha marcado ya sus líneas rojas: no acepta la permanencia en la candidatura de Cifuentes de Álvaro Ballarín, investigado en el marco del caso del pequeño Nicolás por presunta prevaricación, falsedad en documento público y desobediencia, y exige despolitizar el Consejo Consultivo y la Cámara de Cuentas.

Ballarín, en cuarentena 
Álvaro Ballarín estuvo imputado hasta la semana pasada, pero, según adelantó Voz Pópuli, estos días el sindicato Manos Limpias presenta una nueva querella contra el dirigente popular por corrupción y, por otro lado, La Fiscalía podría recurrir su desimputación. Todo esto, a escasos días de la fecha prevista para la constitución de la Asamblea de Madrid, el 9 de junio.

Si Álvaro Ballarín es nuevamente imputado, las negociaciones se pararán, como ocurrió la pasada semana, lo mismo si continúan apareciendo datos sobre él que apuntan a irregularidades.

Gallardón y Leguina
En lo que respecta a la despolitización del Consejo Consultivo, la exigencia de Ciudadanos representa que los expresidentes autonómicos Alberto Ruiz-Gallardón y Joaquín Leguina deberán abandonar este órgano.

La exigencia afecta a Cifuentes, pero también a la candidatura socialista de Ángel Gabilondo. Aguado lo ha expresado así en declaraciones recogidas por El País: “El que mejor entienda nuestro programa gobernará la Comunidad”. El Partido Popular consiguió 48 diputados y necesita el apoyo de los 17 escaños de Ciudadanos. Por su parte, a Gabilondo, que logró 37 diputados, le basta con la abstención de Ciudadanos y la suma de Podemos (27 escaños).



El reparto de cargos en la Cámara de Cuentas
Ciudadanos exige, además, la despolitización de la Cámara de Cuentas, el organismo que se encarga de fiscalizar las finanzas públicas, y cuyos cargos están repartidos entre el PP (5) y el PSOE (2). Estos cargos tienen un salario mensual de 7.000 euros. El partido de Albert Rivera recupera aquí una exigencia inicial de UPyD.

O alcalde o diputado regional
Además, Ciudadanos pide que los dirigentes de los partidos no combinen su labor de alcalde, en el caso de haber sido elegidos, con la de diputados; ni alternar sus funciones en la Cámara parlamentaria con negocios privados.