La Generalitat de la Comunitat Valenciana, a través de una inspección sanitaria, ha sancionado a la Universidad Cardenal Herrera CEU con una multa de 16.000€ por permitir que durante años que más de 650 cadáveres fueran sometidos a técnicas de embalsamamiento con fines docentes por una persona que carecía de la titulación exigida.
Así lo ha confirmado la Conselleria de Sanidad, cuyos inspectores han ratificado la denuncia presentada por un exempleado —posteriormente despedido— que aseguró haber llevado a cabo estas prácticas de forma irregular. La diligencia del departamento que encabeza Marciano Gómez contrasta con la postura del Colegio de Médicos de Valencia, que no ha considerado estos hechos como un caso de intrusismo profesional.
Desde la universidad valenciana han señalado que sus servicios jurídicos están analizando la posibilidad de presentar alegaciones ante la sanción.
Según ha detallado la Conselleria, la denuncia fue registrada el 16 de diciembre de 2025 por el extrabajador, alertando de prácticas irregulares en la conservación de cadáveres con fines docentes. Un día después, técnicos de la Sección de Ordenación e Inspección Sanitaria se desplazaron a las instalaciones del centro, donde realizaron una inspección acompañados por responsables universitarios y levantaron las correspondientes actas.
Durante esa visita, los representantes del CEU confirmaron que la persona encargada de las técnicas de conservación era el propio denunciante, quien no contaba con la titulación de médico requerida por la normativa vigente. A raíz de ello, la Administración autonómica abrió un expediente sancionador que ha derivado en la multa de 16.000 euros.
Pese a estas irregularidades, la inspección también constató que las instalaciones destinadas al uso de cadáveres con fines docentes o científicos cumplen con los requisitos establecidos desde su autorización en 2012. Asimismo, el centro dispone de un registro de las prácticas realizadas y de la documentación obligatoria asociada a cada cuerpo.
Por otro lado, fuentes de Sanidad han recordado que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó en julio de 2025 una guía de consenso en materia de sanidad mortuoria que contempla la participación de profesionales distintos a los médicos en tareas de tanatopraxia. No obstante, subrayan que estas funciones deben recaer en personal con formación específica, ya sea con titulación en Medicina o con cualificaciones profesionales reconocidas en este ámbito.
En este contexto, la Conselleria trabaja en la adaptación de la normativa autonómica a los criterios recogidos en dicha guía.
El trabajador que destapó los hechos, técnico de laboratorio, fue despedido el pasado mes de julio y ha recurrido la decisión. El exempleado vincula su cese con su declaración previa como testigo ante un juzgado de València, en el marco de una investigación relacionada con la donación del cuerpo de un usuario fallecido en una residencia.
