La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación penal por la creación de plazas a dedo contra el Ayuntamiento de Valencia y el puerto de la ciudad. En concreto, se investigan delitos de prevaricación y tráfico de influencias por parte de la alcaldesa del PP, María José Catalá, las concejalas de Igualdad, Educación y Deportes, Rocío Gil; y de Turismo, Paula Llobet; la presidenta del Puerto de Valencia, Mar Chao, y cuatro trabajadores públicos, según el documento del Ministerio Público al que ha tenido acceso ElPlural.com.
Todo proviene de una denuncia interpuesta por Compromís en febrero, que señalaba las informaciones publicadas en medios sobre la creación de puestos de trabajo para personal del Consorcio Valencia 2007. Esta entidad municipal, liquidada en 2024, era participada por el Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento de la capital valenciana para la gestión de La Marina durante la Copa América de vela de 2003.
Según la denuncia, hubo una coordinación administrativa entre el consistorio de Catalá y el Puerto para recolocar al personal público a dedo en otras instituciones, una vez que esta fue disuelta. En concreto, Compromís hablaba de una "subrogación encubierta" para crear siete plazas públicas "en el mismo momento y con el mismo patrón", según lo que figuraba en la información publicada por The Objective.
La Fiscalía investiga a cuatro trabajadores que se habrían beneficiado de estas plazas públicas otorgadas a dedo. Son la subdirectora de Infrastructuras, Instalaciones y Conservación y la jefa de Gestión Econòmico Financera de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), un administrativo de la Fundación Visit València y una funcionaria interina de la Generalitat.
Acusan a Catalá de "montarse su propio chiringuito" en el Ayuntamiento
Desde Compromís lamentan que la alcaldesa haya articulado una "agencia de colocación para los suyos", como ha dicho este martes su portavoz en el Ayuntamiento, Papi Robles. "Es lo que hace el Partido Popular", apunta. La edil ha repasado lo que ponía en su denuncia y que ha llevado a trámite la Fiscalía, la creación de siete plazas públicas para extrabajadores del Consorcio, y lamenta que el PP juegue "con el dinero y los puestos de trabajo que tendrían que ser para todos".
El partido lo resume como: "Instituciones al servicio de sus propios beneficios". Recuerdan que no es el único caso que rodea al PP en la Comunidad Valenciana, y traen a colación el escándalo de las viviendas protegidas en el Ayuntamiento de Alicante: "Piensan que las instituciones son su propio chiringuito", denuncia. Robles lamenta que "esta es la realidad que está gobernando la ciudad de Valencia", y asegura que no permitirán que la capital del Turia "vuelva a convertirse en la bandera de la corrupción".
El entramado que investiga Fiscalía
La investigación se centra en las decisiones tomadas durante la liquidación del Consorcio Valencia 2007, que presidía la propia Catalá, a mediados de 2024. En concreto, la activación casi simultánea de siete procesos de selección para plazas públicas por parte del Ayuntamiento, para trabajos en otras entidades municipales y el propio Puerto. La denuncia señalaba estos procesos por servir para recolocar a ciertas personas, mientras otros cientos perdían su trabajo por la liquidación del Consorcio.
Lo que hizo saltar las alarmas es que, mientras se desarticulaba, se lanzaron siete convocatorias, casi idénticas y en las mismas fechas, en las entidades Visit València -dependiente de Turimo-, la Fundación Deportiva Municipal -dependiente de Deportes- y el propio Puerto de València. Las personas que acabaron ocupándolas, ya habían sido señaladas en actas notariales antes de que se resolvieran, y en cinco de esas convocatorias, el proceso quedó desierto, según publica Eldiario.es.
El elemento clave ha sido una denuncia notarial que presentaron varios trabajadores en mayo de ese año, en la que dejaban constancia de su "firme convencimiento" de que dos de esas plazas en el Puerto ya estaban asignadas, antes de iniciarse el proceso, a dos empleadas del Consorcio. Ambas acabaron en los puestos de subdirectora de Infraestructuras y jefa de Gestión Econòmico Financiera de la APV, con un salario cercano a los 100.000 euros al año. A esto se suma que el Estado -concretamente la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)- ya advirtió de vulneraciones de los principios de igualdad, mérito y capacidad en los procesos de selección en el Puerto durante el año pasado.
