Desde que el pasado 14 de abril el Gobierno aprobó la regularización de migrantes y hasta este viernes 22 de mayo, un total de 549.596 personas en situación irregular se han acogido a la medida que les permitirá el acceso a los servicios públicos, con 91.905 peticiones admitidas a trámite, mientras que desde el Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso, Vox y asociaciones ultraderechistas se mantienen en la senda del rechazo a la medida apoyándose en bulos como el supuesto colapso de los servicios sanitarios o el aumento de la inseguridad que va a generar la regularización de cerca de medio millón de migrantes.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha acogido este viernes cinco vistas en las que los recurrentes de la medida han solicitado la suspensión cautelar, algo que ha sido rechazado horas después por el Alto Tribunal que ha rechazado paralizar la medida. En la exposición de motivos, tanto el Ejecutivo de Ayuso y Vox como las asociaciones Hazte Oír, Libertad y Justicia y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica han insistido en su postura contraria a que medio millón de migrantes puedan acogerse a esta medida y acceder dignamente a la sanidad o al empleo, a la vez que han recuperado los bulos que ya han difundido en las últimas semanas desde que el Ejecutivo central dio luz verde al proceso.

Según ha dado a conocer la Abogacía del Estado, de las 549.546 solicitudes presentadas, de momento son 91.905 las que se han admitido a trámite. Unas cifras que podrían ser superiores en unas semanas ya que el plazo para solicitar la regularización se abrió el 16 de abril, pero finaliza el próximo 30 de junio, es decir, en poco más de un mes. Aunque la cifra aportada por la Abogacía del Estado y confirmada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ya supera los 500.000 previstos inicialmente, podría añadirse aún medio millón de personas más en el tiempo que queda hasta que se cierre el plazo, si bien es cierto que el ritmo de presentación de solicitudes se ha ralentizado. Con estos datos sobre la mesa, la titular de Migraciones en el Gobierno, Elma Saiz, ha garantizado que "el proceso se está desarrollando con total normalidad". "Tras su minuciosa revisión caso por caso, se están remitiendo ya autorizaciones provisionales a todos los puntos de España", ha sostenido.

Unas cifras, no obstante, que alientan la desinformación de la extrema derecha y que vuelven a poner el foco en el supuesto "colapso" que esta regularización puede provocar. Frente a ello, tanto los servicios jurídicos del Estado como la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Servicio Jesuita a Migrantes han rechazado la idea de que la medida pueda conllevar la "entrada" de miles de inmigrantes al país y han negado la "arbitrariedad" del decreto defendida por la Comunidad de Madrid y por la extrema derecha. Por su parte, el abogado de la Comunidad de Madrid ha sostenido que el Ejecutivo regional no ha tenido tiempo para "planificar todos los servicios públicos", por lo que ha solicitado a los magistrados del Alto Tribunal que "empaticen" con el personal de estos servicios. "La Comunidad de Madrid no busca ningún perjuicio para estas personas, únicamente que haya certidumbre", ha señalado, antes de apuntar que, aunque estas personas ya tienen acceso a una "prestación sanitaria", no es lo mismo una prestación "ocasional" que ser parte del sistema sanitario de manera "estable y estructural". Con ello, el letrado de la Comunidad de Madrid se ha referido a la concesión de la Tarjeta Sanitaria Individual y ha vuelto a alertar sobre el colapso. "Son personas que van a ser demandantes de prestaciones por lo que esos servicios se tienen que redimensionar de forma abrupta o se va a causar un conflicto social. [...] Se puede intuir el colapso que van a sufrir los servicios públicos", ha añadido.

Unos argumentos que el abogado del Estado ha confrontado señalando que "el acceso a todos esos servicios se produce ya". "El problema está en si vamos a tolerar más o menos la situación de vulnerabilidad que se está produciendo para estas personas por una situación de irregularidad que la Administración tampoco ha podido resolver". ha añadido. Asimismo, en aras de desmentir las falsas acusaciones vertidas por el Ejecutivo madrileño y por Vox, el abogado del Estado ha recordado que "no hablamos de entrada sino de personas que a 1 de enero de 2026 estaban en España y pueden acreditar al menos cinco meses de residencia".

Por su parte, desde la formación de extrema derecha, el eurodiputado Jorge Buxadé, que representa jurídicamente a Vox, ha optado por incidir en el bulo de las consecuencias que la regularización pueda tener en el censo electoral, tildando de "riesgo grave" que los migrantes que se acojan a la medida puedan votar en las próximas elecciones. Sin embargo, la norma aprobada por el Gobierno de España contempla la regularización en términos de residencia y empleo, no la nacionalización, requisito indispensable para poder votar en el país. De hecho, el letrado del Estado ha puesto de relieve que la concesión de la nacionalidad en España tiene un plazo de diez años, con ciertas excepciones en caso de países con especial vinculación o de matrimonio con un nacional. "En ningún caso ninguna de estas personas va a poder acceder a votar en las siguientes elecciones", ha recordado.

Por otra parte, desde la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica han vuelto a centrar su rechazo en la cuestión de los antecedentes penales. Uno de los requisitos fijados para poder acogerse a la regularización es, precisamente, la ausencia de estos antecendentes. Sin embargo, el abogado de esta asociación ha apuntado que la "no exigencia de certificado de penales, va en contra de la legislación". "Nos va a tocar a todos mantener a ese señor vulnerable sin que tenga una integración. No se está buscando la integración real de gente que está aquí", ha llegado a lanzar el letrado de la asociación. Unas palabras que también han sido desmentidas por el abogado del Estado que ha reprochado que "afirmar eso de los antecedentes es no haberse leído el real decreto".

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