Como cada 6 de diciembre desde hace 39 años, España reduce considerablemente su actividad. Una jornada festiva, pero plagada de actos públicos a lo largo de todo el territorio nacional, pero con un considerable seguimiento en Madrid, para conmemorar el -en este caso- 44º aniversario de la Constitución Española, una fecha que hasta pasados cinco años de la entrada en vigor de la Carta Magna no se declaró inhábil. ¿Por qué hubo que esperar un lustro?
La respuesta a la pregunta es de lo más sencilla. Es un hecho que puede llamar la atención y, de hecho, es sorprendente, habida cuenta de lo crucial que supuso para España la elaboración de una Constitución tras el oscurantismo del franquismo y el proceso de cicatrización de una sociedad -la española- invertebrada.
En 1983, cinco años después de la entrada en vigor de la Constitución, el Gobierno, capitaneado por el socialista Felipe González, decidió declarar el 6 de diciembre festivo para homenajear a la Carta Magna y enfatizar la importancia de aquella jornada para un país inmerso en un proceso de aperturismo que propinó sustanciales cambios al conjunto de la ciudadanía en todos los ámbitos posibles.
Por ello, del Palacio de la Moncloa emanó el Real Decreto 2964/1983 (pinche sobre la imagen para leerlo), con fecha del 30 de noviembre, mediante el cual se estableció el ‘Día de la Constitución’ y declaró esta jornada con el fin de “solemnizar adecuadamente el aniversario de la fecha en la que el pueblo español ratificó mediante referéndum” la Carta Magna. Una jornada histórica a reivindicar por las Instituciones del Estado cada 6 de diciembre desde hace 39 años.
La Transición
El 20 de noviembre de 1975, el por aquel entonces presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, no era consciente del alud de esperanza, aderezado con la incertidumbre propia de un acontecimiento de tal calibre, se cernía sobre España cuando anunció, en un mensaje televisado, la muerte del dictador Francisco Franco.
En aquel preciso momento, España se adentraba en un periodo de intensas permutas, conocido como la Transición, que condujo hasta las elecciones generales del 15 de junio de1977, las primeras tras consumarse el golpe militar que condujo a la caída de la Segunda República. O lo que es lo mismo, los primeros comicios de la restauración democrática.
Las elecciones catapultaron al que fuera procurador en las Cortes Franquistas y, al mismo tiempo, uno de los máximos responsables de restituir la democracia tras 40 años de dictadura. Adolfo Suárez, candidato de la Unión de Centro Democrático, retendría la Presidencia del Gobierno, pero esta vez lo hacía en las urnas, culminando el camino iniciado después de que el rey Juan Carlos I le designara como presidente un año antes.
El proceso constituyente
El sendero hacia la modernización y homologación democrática con el resto de países del entorno continuaría un año después de la celebración de las elecciones del 77, con una nueva llamada a los españoles para votar. Las formaciones políticas que completaban que sostenían aquellas Cortes constituyentes, no sin arduos debates y dificultades, consideraron imprescindible dar un paso más.
Los representantes públicos estimaron oportuno el diseño de una reorganización del ordenamiento jurídico, una serie de mandamientos sobre los que edificar aquel nuevo país que se lamía las profundas heridas provocadas por la dictadura. Por ello, emanada de un consenso utópico a ojos del presente, elaboraron una Constitución.
No obstante, optaron por tomar la temperatura a la sociedad del momento, conocer sus sensibilidades con respecto a la futura -o no- Carta Magna, estableciendo el 6 de diciembre de 1978 un referéndum para aprobarla o, por el contrario, seguir trabajando sobre ella.
La Constitución recabó un importante apoyo, próximo al 88%. Es decir, unos 18 millones de españoles dieron su visto bueno a la Carta Magna y, por lo tanto, se convalidó la misma. Sin embargo, no sería hasta el 29 de diciembre de ese mismo año cuando entrara en vigor.
¿Cuántos artículos componen la Constitución Española?
La Constitución Española es catalogada como la Carta Magna del consenso y es la segunda más extensa de la Historia de España, precedida por la de 1812. Está conformada por un total de 169 artículos, amén del preámbulo, que se dividen en once títulos, siendo el primero de ellos el preliminar.
El texto comienza con un preámbulo, al que le sucede un Título Preliminar, donde residen los primeros artículos y al que, a su vez, le siguen el resto de títulos. Cada uno de estos títulos está compuesto por varios capítulos, hasta completar el total de 169 artículos que la conforman en su totalidad y a los que hay que añadir diversas disposiciones adicionales y transitorias.
La Constitución regula los derechos fundamentales y libertades públicas de toda la ciudadanía, además de establecer la disposición del Estado. En el Artículo I se delimita que España se constituye como un Estado social y democrático de derecho, en el que prevalecen valores como la libertad, la justicia, la igualdad y, por supuesto, el pluralismo político.
En este artículo inicial se establece, a su vez, que la soberanía nacional reside en el pueblo, del que irradian los poderes del Estado -delimitando la separación de los mismos en Legislativo, Ejecutivo y Judicial-, así como la constatación de una forma de gobierno asentada sobre el modelo de Monarquía parlamentaria.