No hace ni dos semanas que Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP a la Comunidad de Madrid, presentó en el municipio de Las Rozas a los aspirantes a los ayuntamientos de la zona noroeste.

Entre ellos, se encuentra Arturo Martínez Amorós, candidato a la alcaldía de Torrelodones y presidente del PP local. Los populares de este pueblo ya tienen un largo y negro historial, marcado sobre todo por el intento de chantaje, a la aún alcaldesa Elena Biurrum por parte del concejal Ángel Viñas, para que no se presentara a las próximas elecciones municipales de mayo.

Ahora, según ha informado esta mañana Cadena Ser, el candidato del pueblo madrileño habría contraído varias deudas durante los últimos meses. Desde el Ayuntamiento se ordenó el embargo de su sueldo, el pasado mes de diciembre, por el impago del IBI, una deuda que llega a los 594,29 euros, tal y como ha podido saber el medio citado. La tesorería de Torrelodones también supo que Amorós recibía un sueldo desde el consistorio con el que tiene contraída una deuda.

Además de la incautación del sueldo, el concejal también tiene deudas anteriores con la Seguridad Social, y es el vecino más moroso de la comunidad donde reside, una urbanización de Torrelodones. Tal como se puede ver en los documentos a los que ha tenido acceso el medio, el candidato tenía una deuda de 1.185,52 euros en marzo del año pasado, que a finales de 2018 subió hasta los 1.262,96 euros.

Amorós, también portavoz del PP, ya se desentendió del chantaje por parte de Viñas, que utilizó una denuncia contra el grupo municipal que gobierna en el Ayuntamiento por la construcción ante el Tribunal de Cuentas. Esta misma investigación fue archivada el pasado mes de enero por no haber irregularidades ni sobrecostes.

Arturo Martínez Amorós le ha confirmado a Cadena Ser la existencia de los impagos, pero también les ha dicho que se deben a una “situación económica familiar complicada”. El IBI lo está pagando de manera fraccionada, tal y como acordó con el Ayuntamiento de Torrelodones, y asegura que hará frente a la deuda que tiene con la comunidad de vecinos de su urbanización.