La calle que Feijóo quiso agitar contra Sánchez hace ahora temblar a Génova

Durante esta legislatura, el PP ha intentado convertir la movilización social y la calle en un espacio en el que azuzar sus proclamas y desgastar al Ejecutivo. Sobre el papel, el plan de los 'populares' para canalizar el descontento hacia Pedro Sánchez, que también sienten una buena parte de votantes de izquierdas, pasaba por la calle, pero las protestas por la vivienda, la sanidad y la educación han desplazado el foco hacia problemas que incomodan también a los gobiernos autonómicos populares y que tienen una trascendencia mayor para la ciudadanía que el nombre del presidente del Gobierno o el partido al que pertenezca.

Hay una vieja tentación en política: creer que la indignación puede convocarse, dirigirse y apagarse a conveniencia. Que basta con señalar un culpable, alimentar el malestar y poner a la gente en movimiento para que la protesta termine beneficiando a quien la impulsa. El Partido Popular ha jugado esa carta durante esta legislatura con un objetivo evidente: convertir la calle en un frente más de desgaste contra Pedro Sánchez. Pero las cosas no han ido del todo como Génova esperaba.

La situación de Ceuta fue uno de los ejemplos más claros de esta estrategia. La crisis migratoria ofreció al PP una oportunidad para cuestionar la gestión del Gobierno, exigir responsabilidades y elevar la presión sobre La Moncloa. La formación de Alberto Núñez Feijóo trató de situar al Ejecutivo a la defensiva, con la gestión de la ciudad autónoma como nuevo argumento contra el presidente. Sánchez, por su parte, acusó al PP y a Vox de utilizar la crisis para desgastar al Gobierno en lugar de colaborar en su resolución. La operación tenía una lógica electoral: convertir el descontento en una impugnación general del Gobierno. Pero también encerraba otro riesgo: el hecho de que cuando se anima a la ciudadanía a salir a la calle, no siempre se puede decidir qué reclamaciones van a ocupar el centro de la conversación. Y la gente ha terminado saliendo, pero para otras cosas.

El desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que llevaba siete décadas viviendo en su casa, puso de manifiesto que las paredes de los despachos políticos son demasiado gordas y las realidades cotidianas transcurren a otro ritmo. La dificultad para conservar una vivienda en un mercado cada vez más inaccesible para amplias capas de la población, con el desahucio de la anciana como detonante, provocó una reacción social que trascendió las fronteras partidistas y desembocó en movilizaciones en Madrid y otras ciudades, cristalizadas en fenómenos como la acampada en Sol. De repente, el foco ya no estaba en la crisis migratoria de Ceuta, ni en la capacidad de Sánchez para mantenerse en La Moncloa. Estaba en el precio de los alquileres, la vulnerabilidad de los inquilinos, la incapacidad de las instituciones para ofrecer respuestas suficientes ante una emergencia habitacional y en cómo los salarios no han subido lo suficiente en comparación con cómo lo ha hecho el mercado de la vivienda.

Agendas y debates que condicionan el relato

La derecha tiene derecho a responsabilizar a Sánchez y al Gobierno de no haber resuelto la crisis habitacional y defender sus propias recetas, basadas, entre otras medidas, en aumentar la construcción y facilitar la oferta. Pero lo importante no es únicamente echarle la culpa al presidente del Gobierno, sino plantear soluciones factibles a quienes no pueden pagar un alquiler, acceder a una vivienda o evitar que su situación personal termine en un desahucio. Y ni las políticas de la derecha han remado históricamente hacia esa dirección, ni la logística para aplicar las propuestas de campaña es siempre tan sencilla.

La misma dinámica aparece en la sanidad y la educación públicas. Las listas de espera, la falta de profesionales, las dificultades para acceder a determinados servicios y los conflictos educativos son asuntos de alta indignación social también en las comunidades donde gobierna el PP, y Madrid es un ejemplo especialmente visible de esta tensión. Las movilizaciones en defensa de los servicios públicos y los conflictos en el ámbito educativo obligan al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a responder a demandas que no desaparecen por mucho que el debate nacional se centre en Sánchez, ni desaparecerán si no hay un cambio de paradigma. Además, la reacción del Ejecutivo autonómico frente a las protestas sociales y docentes, despreciando las reivindicaciones de los manifestantes, choca con el hecho de querer hacer de la movilización social una herramienta de la que valerse para uno mismo y algo criticable cuando rema en contra de los propios intereses. El dilema es evidente: si reivindica la protesta como una herramienta legítima cuando perjudica al adversario, desautorizarla cuando las exigencias apuntan a las administraciones afines raya en la contradicción.

Protestas sociales, ¿sí o no?

Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se pronunciaba este sábado ante la situación vivida esta semana en A Coruña para condenar la violencia y "la intolerancia de los sectarios" y cargar contra los que "buscan agitar unas calles que les dan la espalda". "¿Qué queremos? ¿Queremos también los disturbios de Francia?", se ha preguntado. Después de toda una recta final de legislatura en la que el gallego ha abogado por la protesta social como método legítimo de desgaste contra el Ejecutivo, Feijóo se ha escandalizado ante la existencia de protestas sociales como las vistas en Francia.

En un acto de precampaña en Vigo, en el que también ha tomado la palabra el presidente del PP gallego y de la Xunta, Alfonso Rueda, Feijóo se ha referido a los disturbios vividos esta semana en la Plaza de María Pita de A Coruña, donde confluyeron un acto de Vox y un acto de protesta, para recordar que "la violencia de los sectarios no es Galicia" y llamar a la "reconstrucción nacional". "Hay que darse la mano otra vez", ha dicho. El presidente del PP ha considerado que este hecho "no es un episodio aislado y casual en España". "Buscan agitar una calle que les da la espalda. Hay partidos que lo alientan públicamente. Aquí lo sabéis bien y eso es lamentable", ha espetado, a pesar de que la estrategia de los 'populares' de la legislatura haya consistido, precisamente, en azuzar a las movilizaciones para desgastar al Gobierno.

A todas luces, el error de fondo que se comete en Génova es el de confundir la movilización con la obediencia o la adscripción total a las premisas de un partido. Una formación política puede convocar una manifestación, amplificar una denuncia o tratar de aprovechar un episodio para debilitar a su adversario, pero no puede asegurarse de que la energía social y las formas de canalizar el descontento se adhieran a sus propios intereses. Un partido político es un ente con una serie de ideas estancas y lo que se salga de su molde será visto con ojos juiciosos, incluso aunque lo que ocurra sea consecuencia de sus propias peticiones: el PP llevaba meses pidiendo movilización contra Pedro Sánchez. La gente se ha movilizado contra los problemas a los que tiene que hacer frente, no únicamente contra Pedro Sánchez, y de repente, las movilizaciones dejan de ser legítimas para el PP.

Ahí reside la paradoja para los 'populares'. Su estrategia de confrontación buscaba ampliar el desgaste del presidente, pero ha contribuido a situar en primer plano cuestiones en las que los populares también tienen responsabilidades y sobre las que deben presentar resultados. Huelga aclarar que las movilizaciones sociales surgen de la propia indignación ciudadana y no porque el PP haya dicho X o Y contra Sánchez, pero el quid de esta cuestión reside en que es contradictorio pedir movilizaciones y luego deslegitimarlas cuando no se adscriben a las reivindicaciones partidistas. Cuanto más se extiende el debate desde la disputa entre partidos hacia las condiciones materiales de vida, más difícil resulta reducirlo todo a una competición entre Sánchez y sus adversarios políticos.

Las protestas por la vivienda ha demostrado esa autonomía. También lo han hecho las protestas por los servicios públicos y las reacciones ante situaciones que condensan un problema colectivo en una historia individual. Tanto la oposición como el Gobierno quedan expuestos ante este fenómeno en una calle que no es propiedad de nadie más que de quien la habita. El PP quiso hacer de la calle un instrumento para desgastar a Sánchez, y la calle, por sí sola,  ha terminado hablando de vivienda, de sanidad, de educación y de la vida de quienes sienten que las instituciones no están resolviendo sus problemas, incluidas aquellas en las que gobierna el PSOE.