“Apremio a España a aprobar las nuevas reglas contra el blanqueo de capitales lo antes posible. Una transparencia más estricta ayudará a cortar la financiación terrorista y a mejorar la lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal”, es el mensaje que la Comisión Europea trasladó a España el pasado 23 de noviembre por no haber incorporado la directiva comunitaria sobre blanqueo a nuestra legislación. La UE ha abierto por ello un expediente contra el Gobierno español.
El plazo para adaptar la ley finalizó el pasado 26 de junio, dos años después de su aprobación. Las autoridades europeas también han apremiado a Portugal. Esta notificación es el primer paso para un procedimiento de infracción que puede finalizar con una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE (TUE) si no se toman medidas.
El eurodiputado de Los Verdes Ernest Urtasun denunció este miércoles en un comunicado la tardanza de España en poner sus leyes al día con las exigencias comunitarias. “Es inaceptable que un país con un problema grave de economía sumergida y que ha sido azotado brutalmente por el terrorismo no haya traspuesto la directiva, dos años después de que esta fuera aprobada”, dijo. Según indicó, a España todavía le que da por incorporar "el refuerzo de las sanciones, la definición de grupo empresarial, el registro de profesionales de prestación de servicios financieros, la definición de tercer país equivalente, las medidas de diligencia debida o los umbrales de los sujetos obligados a cumplir las normas europeas".
La noticia llega después de saber que Bruselas planea multar a España con 100.000 euros diarios por el retraso en la incoporación de la directiva comunitaria sobre hipotecas.
