La vicepresidenta primera del Congreso, Celia Villalobos, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados. EFE
Varapalo de la Fiscalía del Tribunal Supremo a la vicepresidenta del Congreso de los Diputados, Celia Villalobos, por usar la Cámara para enviar un mailing masivo con fines partidistas, una actitud que el fiscal considera “improcedente”, aunque descarta que haya habido malversación de fondos públicos.
El mailing de Villalobos
En 2012, Celia Villalobos envió desde el Congreso un mailing masivo a agentes electorales del Partido Popular para agradecerles el apoyo a Mariano Rajoy y pedirles el respaldo para Javier Arenas de cara a las elecciones andaluzas. El diputado por Málaga Miguel Ángel Heredia pidió explicaciones al presidente de la Cámara por la acción de la vicepresidenta, “tan alejada de su función institucional, ya que se trataría de una acción éticamente reprobable, al tratarse del uso de fondos públicos para fines partidistas”.
Pedía el voto para Arenas en Andalucía
La carta enviada por Celia Villalobos, que encabezaba con un "querido compañero/a", decía: “Gracias a tu apoyo y con tu desinteresada ayuda , conseguimos que Mariano Rajoy sea a día de hoy, Presidente del Gobierno (…) Ahora, nos enfrentamos a unas elecciones aún más difíciles, en las que quiero pedirte una vez más, tu activa participación. El 25 de marzo es un momento muy importante para todos los andaluces y tenemos que conseguir que Javier Arenas sea el próximo presidente de la Junta de Andalucía”.
Los argumentos de Villalobos
En su argumentación autoexculpatoria, en un escrito remitido el pasado día 15, Villalobos consideraba “obvio” que sus envíos postales estaban dentro de la función de un parlamentario que tiene que estar en contacto con los electores, y echaba mano del Reglamento del Congreso para alegar que los diputados tienen “derecho a las ayudas, franquicias e indemnizaciones por gastos que sean indispensables para cumplir su función”. Asimismo, comparaba su carta a los apoderados del PP con las felicitaciones de Navidad o correspondencia similar.
La Fiscalía lo desmonta: usó el Congreso con fines partidistas
La Fiscalía desmonta las razones de la dirigente popular y le recuerda que “a pesar de la innegable dimensión institucional de los partidos, no puede predicarse que toda actividad de un partido político suponga ejercicio de funciones públicas”, y subraya en su dictamen que “las comunicaciones postales en el estricto ámbito de los militantes de un partido político y su coste económico es evidente que se producen no como ejercicio de una función pública sino como desarrollo privado de la actividad propia de ese partido”, informa El Mundo.
“Invocar el ejercicio de la función pública cuando se restringen las comunicaciones exclusivamente con militantes de su partido no parece aceptable conceptualmente”, insiste en su escrito el fiscal que aclara que no comparte “la interpretación que la vicepresidenta del Congreso hace del concepto de función pública en sus relaciones exclusivas con los militantes de su partido político, que debería viabilizarse a través del propio partido político al que pertenecen”.
La función pública está vinculada a los intereses generales
La Fiscalía subraya que el concepto de función pública está vinculado al “servicio con objetividad a los intereses generales”, por lo que “difícilmente puede entenderse incardinable en el ejercicio de la función pública una actuación partidista o de crítica a anteriores gobiernos, por muy legítima que ésta sea”.
